30/04/2026
Daniel Noboa oficializa toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones
El Gobierno ecuatoriano oficializó la aplicación de un nuevo toque de queda mediante el Decreto Ejecutivo 370, que restringe la circulación nocturna en varias zonas del país. La medida estará vigente entre el 3 y el 18 de mayo, en el horario de 23:00 a 05:00, y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
La disposición suspende la libertad de tránsito durante la franja nocturna y también contempla la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, como parte de las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo.
De acuerdo con el decreto, únicamente dos segmentos estarán autorizados a circular: los servicios de salud —tanto de la red pública como privada— y la fuerza pública, junto con entidades vinculadas a seguridad, gestión de riesgos y atención de emergencias.
El documento establece que los controles serán ejecutados por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes de tránsito, bajo criterios de proporcionalidad, considerando casos excepcionales en los que se justifique la movilización por razones de necesidad o emergencia.
La decisión se sustenta en el comportamiento de la violencia en el país. Según cifras oficiales, entre el 1 y el 20 de abril de 2026 se registraron 76 homicidios intencionales en las provincias incluidas en la medida. Guayas concentró la mayor cantidad de casos, seguido de Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.
El decreto también señala que estas nueve provincias concentran el 90 % de la violencia a nivel nacional y cerca del 86,7 % de la actividad delictiva. En ese contexto, la región Costa agrupa la mayoría de los hechos violentos, con una alta incidencia en territorios asociados a economías ilícitas.
Según el Ejecutivo, la franja horaria nocturna presenta condiciones que facilitan la acción de estructuras criminales, debido a la menor presencia institucional y la reducción del control social. En ese periodo, se registran con mayor frecuencia delitos como sicariatos, atentados y movilización de armamento.
El Gobierno sostiene que la restricción de movilidad busca reducir riesgos para la población civil, limitar la capacidad operativa de grupos delictivos y fortalecer las acciones de control por parte de las autoridades.
Durante la vigencia del toque de queda, las instituciones deberán coordinar para garantizar la continuidad de servicios públicos, la administración de justicia y el funcionamiento de sectores estratégicos
