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20/06/2025

Tripe accid3nte en la vía a El Carmen deja dos personas h3ridas y daños materiales

SANTODOMINGODELOSTSÁCHILAS

Un accid3nte múltiple registrado en horas de la mañana de este viernes 20 de junio de 2025 dejó al menos dos personas h3ridas y provocó daños severos en tres vehículos, entre ellos una volqueta. El sini3stro ocurrió en la vía a El Carmen, cerca del rondel de la Orangine, una zona de alto tránsito vehicular que conecta a la Sierra con la Costa.

Según los primeros reportes, el percance involucró a dos automóviles particulares y una volqueta, causando una fuerte congestión vehicular en el sector. La magnitud del impacto fue considerable: los vehículos livianos resultaron con las partes frontales completamente destruidas, mientras que la volqueta sufrió daños mecánicos que la dejaron fuera de operación.

Hasta el sitio acudieron rápidamente agentes de tránsito, policías preventivos y personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), quienes acordonaron el área para levantar indicios y facilitar las labores de emergencia.

Paramédicos brindaron atención en el lugar a las personas afectadas. De acuerdo con información preliminar, los heridos presentaban laceraciones y fueron trasladados a centros asistenciales para una evaluación médica más detallada. Afortunadamente, no se reportaron fall3cidos.

Las autoridades aún no han determinado las causas exactas del accidente. Los informes periciales en curso serán clave para establecer responsabilidades y comprender la dinámica del choque.

La vía a El Carmen es una de las más transitadas de la provincia. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), por ella circulan más de 15 mil vehículos al día. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones, especialmente en horas de alto flujo.

20/06/2025

Dos estudiantes detenidos tras presuntamente dispar4r arm4 artesanal en colegio de Quito

Dos estudiantes de un colegio ubicado al norte de Quito, provincia de Pichincha, fueron apreh3ndidos el jueves 19 de junio de 2025 tras presuntamente disp4rar un revólv3r de fabricación artesanal dentro de un aula de clases. El incidente, ocurrido en el curso 10mo J, tuvo aparentemente como objetivo a un docente del plantel.

Según informó la Policía Nacional, uno de los adolescentes fue quien accionó el arma, luego el revólv3r cayó al suelo sin causar h3ridos, gracias a la intervención oportuna de los profesores. El otro implicado sería quien habría llevado el arm4 al colegio, la situación es investigada.

Durante la inspección, los agentes hallaron el arm4 artesanal con una vaina percutida en el tambor, una caja con 15 cartuchos calibre .22 sin usar, y botellas de licor en el lugar. Ambos adolescentes quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales competentes, mientras continúan las investigaciones.

El Ministerio de Educación confirmó que se abrió una investigación sobre el hecho, aunque no se han proporcionado mayores detalles. Por su parte, la Subsecretaría de Educación de Quito destacó la acción rápida del personal docente, que impidió una trag3dia mayor.

Como medida preventiva, el plantel suspendió las clases presenciales y este viernes 20 de junio las actividades se desarrollan de forma virtual en todas las secciones —matutina, vespertina y nocturna—. El objetivo es facilitar las indagaciones y brindar acompañamiento institucional a la comunidad educativa.

Este incidente ha generado alarma entre padres de familia, docentes y estudiantes, al evidenciar la creciente problemática de viol3ncia escolar en la capital. No se trata de un caso aislado: en mayo pasado, la Policía decomisó un revólv3r cargado a un joven de 18 años durante una riña estudiantil en el sector de La Vicentina.

Las autoridades atribuyen el aumento de estos hechos a un contexto de inseguridad generalizada en el país. Frente a esta situación, el Ministerio de Educación ha reforzado los protocolos de seguridad mediante controles aleatorios de mochilas, campañas preventivas y trabajo coordinado con la Policía Nacional, que ha incrementado los patrullajes en zonas escolares.

El caso del este plantel pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar la viol3ncia escolar de forma integral, involucrando a las instituciones educativas, las familias y las fuerzas del orden.

20/06/2025

Importantes resultados dejó el operativo Apolo 16 en la provincia de Manabí

Un contundente golpe a la delincuencia organizada fue el resultado del operativo denominado Apolo 16, ejecutado de manera conjunta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La operación se desarrolló en varios sectores de la provincia de Manabí, y permitió la ejecución de 24 allanamientos, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.

Entre los principales resultados se destaca la detención de 31 personas. De ellas, cinco tenían boletas de captura vigentes y tres eran menores de edad, quienes fueron aislados conforme al protocolo y puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes.

Durante el operativo también se incautaron once motocicletas y cinco vehículos. Además, se recuperaron una motocicleta y seis automóviles que estaban reportados como rob4dos en distintas provincias del país.

En el ámbito del arm4mento, se decomisaron 20 arm4s de fuego, 39 cartuchos, tres alimentadoras y un total de 1.861 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, afectando significativamente a estructuras narcod3lictivas con un perjuicio estimado en 35 mil dólares.

Los detenidos enfrentan procesos judiciales por presuntas infracciones al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre ellos, once fueron apreh3ndidos por presunto tráf1co de sustancias sujetas a fiscalización; dos por as4lto y rob0 de motocicletas; tres por tenencia y porte de arm4s de fuego; tres menores fueron aislados por el mismo deli1to; dos más por presunto secu3stro; y otros dos por extors1ón.

Adicionalmente, se incautaron diez cámaras de videovigilancia, 24 teléfonos móviles y material explos1vo de alto poder destructivo.

Las autoridades informaron en rueda de prensa que las arm4s de fuego decomisadas serán sometidas a pericias técnicas para su cotejamiento y correlación con otros hechos viol3ntos registrados en la región.

Un caso relevante se registró en el sector Los Bajos del cantón Montecristi, donde se decomisaron seis escopetas marca Mossberg. Estas arm4s habrían sido utilizadas para intimidar a comuneros y forzarlos a abandonar sus terrenos, que posteriormente eran puestos en venta con el fin de financiar actividades delict1vas.

Este operativo refleja el compromiso firme de las fuerzas del orden por garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, enfrentando con decisión a las organizaciones crimin4les que amen4zan la paz en la provincia de Manabí.

20/06/2025

La Asamblea no logra aprobar reformas al Código de la Democracia y entra en receso

La Asamblea Nacional no logró aprobar, en un primer intento, las reformas al Código de la Democracia. Ante la falta de votos, la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosa Torres (ADN), solicitó un receso para realizar ajustes al texto antes de cerrar la sesión.

La instalación de la sesión sufrió demoras debido a la falta de consensos dentro de la mayoría oficialista. El bloque de Pachakutik expresó reparos al cambio del método de adjudicación de escaños, pasando del sistema Webster al de D’Hondt, uno de los puntos centrales de la reforma impulsada desde la Comisión de Justicia, controlada por el oficialismo.

A pesar de estas diferencias, ADN y la bancada opositora de la Revolución Ciudadana (RC) coinciden en respaldar el cambio al método D’Hondt. No obstante, los seis legisladores de Pachakutik advirtieron al Gobierno que podrían retirar su apoyo a la mayoría parlamentaria si se aprueba esta modificación con los votos del correísmo.

La sesión se instaló oficialmente a las 08:55. Rosa Torres, al intervenir, fundamentó los objetivos de la reforma y presentó dos mociones al pleno:

Aprobar el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia, exceptuando los artículos 13 y 35.

Aprobar los artículos 13 y 35 por separado.

Ambas mociones fueron sometidas a votación por orden del presidente de la Asamblea, Niels Olsen. La Secretaría certificó que la primera moción recibió 139 abstenciones, y la segunda, 138 abstenciones, por lo que ninguna fue aprobada.

Tras estos resultados, Torres solicitó suspender la sesión a las 09:24 para revisar el articulado y preparar una nueva propuesta.

Durante su intervención, la legisladora defendió que las reformas buscan fortalecer la institucionalidad democrática, proponiendo, entre otras medidas, la cancelación de partidos políticos que no alcancen al menos el 5% de votos válidos en elecciones pluripersonales. "Esto no es exclusión, sino fortalecimiento institucional", afirmó.

Respecto al método de adjudicación de escaños, explicó que la reforma busca “garantizar una representación real y apostar por la gobernabilidad”. Argumentó que el sistema D’Hondt reduce la fragmentación política: “No podemos seguir con papeletas que tengan 16 candidatos, de los cuales el 80% no supera el 1% de votos. Esa es la realidad que vivimos en el Ecuador”, declaró.

Torres concluyó que el nuevo sistema fomentará el fortalecimiento de los partidos y una representación más efectiva de los ciudadanos.

20/06/2025

Erik Prince regresará a Ecuador para capacitar a fuerzas de seguridad en lucha contra el crimen organizado

El empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la polémica empresa de seguridad privada Blackwater, regresará a Ecuador en las próximas semanas para colaborar en la capacitación de la Policía Nacional y las Fuerzas Arm4das, confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

La decisión se tomó tras aceptar una propuesta presentada por Prince, quien busca fortalecer las capacidades operativas del país en el combate contra el narcoterror1smo en el contexto del conflicto arm4do interno declarado por el Gobierno en 2024.

El anuncio se produce luego de una reunión entre el presidente Daniel Noboa, recientemente reelegido en abril de 2025, y Prince, ocurrida en marzo pasado. En dicha reunión se estableció lo que el Gobierno ha calificado como una “alianza estratégica”. Según Reimberg, Prince ya ha acompañado operativos en territorio ecuatoriano y presentó una propuesta que, tras ser evaluada por las autoridades, fue aprobada. “Espero que en las próximas semanas o un mes lo tengamos acá para la preparación que ofertó”, indicó el ministro.

Prince visitó Ecuador en abril, pocos días antes de la segunda vuelta electoral. Durante su estancia, participó en un operativo de seguridad en un suburbio de Guayaquil, ciudad considerada epicentro de la viol3ncia crimin4l en el país, y recorrió el principal puerto, utilizado por maf1as para el tráf1co de drog4s hacia Norteamérica y Europa. Según el Gobierno, esa visita tuvo como objetivo evaluar las capacidades de las fuerzas de seguridad ecuatorianas para brindar futuras asesorías tácticas.

Aunque el Gobierno ha defendido la participación de Prince como parte de un esfuerzo integral para combatir el crim3n organizado, los términos del contrato con el exmilitar y empresario no han sido revelados, lo que ha generado cuestionamientos por parte de sectores políticos y de la sociedad civil respecto al costo y las implicaciones de su intervención.

Prince es una figura controversial por su historial al frente de Blackwater —hoy Academi—, empresa implicada en denuncias por viol4ciones a los derechos humanos durante la guerra de Irak. Uno de los episodios más recordados es la mas4cre de Nisour Square, en 2007, donde contratistas de la compañía mataron a 17 civiles en Bagdad, hecho que desató una ola de críticas internacionales.

La contratación de Prince forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno de Noboa para enfrentar la crisis de seguridad. Reimberg indicó que Ecuador mantiene cooperación con países como Estados Unidos en operaciones de lucha contra el narcotráf1co y el terror1smo. Entre estas acciones destaca la extradición de varios delincu3ntes con notificación roja, localizados fuera del país.

Guayaquil, en particular, ha sido escenario de un notable repunte de la viol3ncia vinculada al narcotráfico, lo que ha motivado al Gobierno a adoptar medidas extraordinarias. La participación de Prince se suma a estas acciones, aunque todavía se desconoce cuál será su rol exacto en los operativos y entrenamientos que se desplegarán en los próximos meses.

La posible llegada de Erik Prince marca un nuevo capítulo en los esfuerzos del Estado ecuatoriano por recuperar el control territorial frente al crim3n organizado. No obstante, la ciudadanía y diversos sectores políticos exigen mayor transparencia respecto a los alcances del acuerdo, su financiación y el impacto que podría tener en materia de derechos humanos y soberanía.

20/06/2025

Revelan nombres de jueces y fiscales que otorgaron medidas sustitutivas a presuntos extors1onadores

El ministro del Interior, John Reimberg, cumplió su promesa de transparentar la actuación de funcionarios judiciales en casos de delincu3ncia organizada. La noche del jueves 19 de junio de 2025, a través de su cuenta en la red social X, Reimberg publicó los nombres del fiscal Nicolás Pulencio Montalvo y del juez Gustavo Román García, a quienes responsabilizó de otorgar medidas sustitutivas a tres individuos acusados de extors1ón.

Según Reimberg, los sospechosos están vinculados a un caso que implicó amen4zas de mu3rte y secu3stro, con una extorsión por $28,000. Aunque los detenidos deben cumplir medidas como presentaciones periódicas y tienen prohibida la salida del país, el ministro cuestionó que no se haya dictado pris1ón preventiva. Añadió que el presunto cabecilla del grupo crim1nal continúa detenido, aunque estaría tramitando beneficios similares por motivos de salud.

El funcionario denunció lo que calificó como una “puerta giratoria” judicial, que permite la liberación de presuntos delincu3ntes a pesar de evidencias contundentes. “No podemos seguir liberando a personas que representan un claro peligro para la sociedad”, expresó con indignación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Reimberg reveló que entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2025, la Policía Nacional apreh3ndió a 33.069 personas, de las cuales 9.932 quedaron en libertad con medidas alternativas.

Ante esta situación, el ministro pidió a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investigar el patrimonio de jueces y fiscales que adoptan decisiones controvertidas. También denunció que los procesos disciplinarios contra estos funcionarios pueden demorar hasta un año y medio, lo cual contribuye a la impunidad.

La Comisión, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez, anunció que citará a autoridades judiciales y propondrá reformas a la Ley de la Función Judicial, para cerrar vacíos legales y fortalecer la lucha contra el crim3n organizado.

La estrategia de Reimberg ha generado división en la opinión pública. Mientras sectores aplauden su llamado a la transparencia, otros advierten sobre posibles afectaciones a la independencia judicial. No obstante, el ministro sostiene que su objetivo es claro: garantizar que los delincu3ntes no salgan en libertad y que el sistema judicial respalde a la Policía Nacional.

La ofensiva de Reimberg ocurre en un contexto de creciente crisis de seguridad en Ecuador, especialmente en ciudades como Guayaquil, donde el crim3n organizado ha provocado un alarmante incremento de extors1ones, secu3stros y homic1dios. El Gobierno ha respondido con la construcción de nuevas cárc3les de máxima seguridad y una firme retórica contra los operadores judiciales que, a su juicio, obstaculizan la lucha contra la delincu3ncia.

20/06/2025

TRIBUNA LIBRE🔴, VIERNES, 20 DE JUNIO DEL 2025

20/06/2025

SIGUE NUESTRA TRANSMISIÓN EN VIVO 🔴 DE TVNOTICIAS PRIMERA EMISIÓN, HOY VIERNES, 20 DE JUNIO DEL 2025

20/06/2025

SIGUE NUESTRA TRANSMISIÓN EN VIVO 🔴 DE TVNOTICIAS EMISIÓN ESTELAR, HOY JUEVES, 19 DE JUNIO DEL 2025

19/06/2025

Contraloría detecta indicios penales en declaraciones patrimoniales de jueces y fiscales

Bajo la administración de Mauricio Torres, la Contraloría General del Estado ha intensificado el control sobre el sistema judicial. Desde noviembre de 2023, se han ejecutado 108 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales juramentadas de jueces, fiscales y otros servidores judiciales, revelando indicios de responsabilidad penal en 59 de ellos.

Según cifras oficiales, el 54 % de los informes presenta inconsistencias entre activos y pasivos, lo que motivó su remisión a la Fiscalía para investigación. De los exámenes realizados, 106 se dirigieron a jueces y servidores judiciales, mientras que apenas dos se enfocaron en fiscales.

A la par, se desarrollan 52 auditorías adicionales: 33 a jueces y servidores judiciales, y 19 a fiscales. Estos procesos surgen a partir de denuncias ciudadanas, reportes de prensa y solicitudes de la Asamblea Nacional.

La Constitución ecuatoriana establece la obligatoriedad de que todo funcionario público declare su patrimonio al inicio, a mitad y al finalizar su gestión, así como cuando la Contraloría lo solicite.

El gobierno del presidente Daniel Noboa ha intensificado la fiscalización del sistema judicial, especialmente tras decisiones judiciales que han favorecido a procesados por del1tos graves. El pasado 13 de junio de 2025, el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunciaron que realizarán análisis patrimoniales y revisarán el origen de los fondos de jueces, fiscales y sus familiares directos.

El foco de estas investigaciones se encuentra en aquellos operadores judiciales que han otorgado medidas sustitutivas a pris1ón preventiva a imputados por del1tos como as3sinato, narcotráf1co, secu3stro y extors1ón.

John Reimberg, ministro del Interior, advirtió que se harán públicos los nombres de los funcionarios judiciales involucrados. Esta postura ha generado amplio debate en el ámbito político y jurídico, y ha motivado el seguimiento por parte de la Asamblea Nacional.

Desde el 17 de junio, la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinand Álvarez, realiza sesiones para abordar la posible cooptación del sistema judicial por parte del crim3n organizado. Han sido citados altos funcionarios del Ejecutivo, entre ellos los ministros del Interior y Defensa, además del comandante de la Policía.

Reimberg, durante su comparecencia, reiteró el compromiso de investigar el patrimonio de jueces y fiscales. Se prevé que la UAFE, la Contraloría y el SNAI sean convocados para entregar un informe integral antes del 27 de junio.

Esta ofensiva institucional ocurre en un contexto marcado por los casos Metástasis, Purga y Plaga, que evidencian la infiltración del crimen organizado en la justicia. Como resultado, más de un centenar de funcionarios han sido destituidos este año.

El Consejo de la Judicatura reporta que, en lo que va de 2024, se han registrado 102 destituciones de servidores judiciales, producto de 614 expedientes disciplinarios. La presión social y política ha sido clave para impulsar estas acciones de depuración.

Con estas medidas, el Gobierno y los entes de control buscan recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la transparencia en el sistema judicial ecuatoriano.

19/06/2025

Policía rescata a ma3stra secu3strada y detiene a dos sosp3chosos

Un operativo de la Policía Nacional permitió rescatar a una maestra que había sido secu3strada por presuntos integrantes de un Grupo de Delincu3ncia Organizada (GDO) en San Isidro, del cantón Sucre, provincia de Manabí y tras una intensa persecución en medio de un cruce de balas, las acciones dejaron como resultado la detención de dos hombres de los cuales uno resultó herido al ser alcanzado por los disp4ros de arm4s de fuego.

El hecho se registró alrededor de las 08h:30 de este jueves 19 de junio de 2025, luego de una alerta del ECU-911 sobre el secuestro de una mujer. Los sospechosos se movilizaban en un vehículo Chevrolet Aveo color negro sin placas por la vía al sitio El Mosquito, cuando fueron interceptados por uniformados. Al recibir la orden de detenerse, los presuntos delincuentes habrían respondido apuntando con armas de fuego, lo que desencadenó un intercambio de disparos, según informó la Policía.

La persecución culminó con la aprehensión de Jesús Alberto S.Z., de 26 años de edad, y Cristian Rigoberto C.Z., de 30. Uno de ellos presentaba una herida de bala en los glúteos, producto de un enfrentamiento previo ocurrido en la parroquia San Isidro, cantón Sucre. Aparentemente un tercer sospechoso habría logrado darse a la fuga.

La víctima, una maestra secuestrada, fue rescatada ilesa y recibió atención médica inmediata. Durante la operación, se incautaron dos pistolas, cuatro cartuchos y el vehículo usado en el delito. Las armas fueron trasladadas a las bodegas de la Policía Judicial para investigar si estuvieron involucradas en otros hechos violentos. El automóvil será periciado para determinar su procedencia y posibles vínculos con actividades criminales.

La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y la Policía Judicial iniciaron las investigaciones para establecer si los detenidos pertenecen a un GDO específico. La Fiscalía se encargó de supervisar las diligencias y preparar las audiencias judiciales correspondientes.

Los sospechosos fueron trasladados a un centro de detención en Chone y puestos a disposición de las autoridades competentes. Paralelamente, la Policía revisa imágenes de cámaras de seguridad en San Andrés y San Isidro para identificar a otros posibles involucrados, mientras que la docente rescatada colabora con las indagaciones de este del1to.

19/06/2025

Ecuador aprueba polémicas leyes de seguridad, Human Rights Watch advierte sobre garantías constitucionales

Entre el 7 y el 10 de junio de 2025, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó dos leyes en materia de seguridad propuestas por el presidente Daniel Noboa: la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. Ambas normativas han generado fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), por considerar que podrían facilitar abusos de poder y vulneraciones a derechos fundamentales.

La Ley de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio, otorga al Ejecutivo la facultad de declarar un “conflicto arm4do interno”, lo que habilita a las fuerzas del orden a usar fuerza let4l, ejecutar allanamientos sin orden judicial y suspender derechos constitucionales sin cumplir los estándares del derecho internacional. Según el texto, cualquier grupo de al menos tres personas que ejerza “viol3ncia prolongada” podría ser considerado como un grupo arm4do organizado, y su calificación quedaría en manos de las propias fuerzas de seguridad sin control judicial previo.

Además, la ley permite al presidente indultar a miembros de las fuerzas de seguridad investigados por posibles viol4ciones cometidas durante estos operativos. También impide la aplicación de medidas cautelares como la pris1ón preventiva, lo que permite que los acusados continúen en funciones mientras se investigan los hechos.

Estas disposiciones han sido cuestionadas por la Corte Constitucional, que en varias ocasiones ha advertido sobre el uso inadecuado del concepto de “conflicto arm4do interno” como base para decretar estados de excepción, señalando que el Ejecutivo no ha demostrado el cumplimiento de los requisitos internacionales necesarios.

La Ley de Inteligencia, aprobada el 10 de junio, establece el Sistema Nacional de Inteligencia, una red integrada por entidades militares, policiales, tributarias, penit3nciarias y aduaneras, coordinada por una autoridad designada directamente por el presidente. Esta normativa obliga a todas las entidades públicas y privadas, incluidas empresas y ciudadanos, a entregar información sin necesidad de orden judicial. Operadoras de telecomunicaciones deberán facilitar datos tanto históricos como en tiempo real.

Uno de los aspectos más controversiales es la autorización para interceptar comunicaciones privadas sin orden judicial, bajo el argumento de proteger la “seguridad integral del Estado”. HRW ha alertado que esta disposición vulnera derechos constitucionales como la intimidad personal, la protección de datos y la inviolabilidad de las comunicaciones.

La organización también ha advertido sobre el impacto negativo que estas leyes podrían tener en la libertad de expresión y el ejercicio de profesiones como el periodismo, la abogacía o la medicina, al exponer información confidencial y comprometer el secreto profesional y la protección de fuentes.

En respuesta, el gobierno ha defendido las leyes como medidas urgentes frente al aumento de la viol3ncia vinculada al crim3n organizado. Según datos del Observatorio Ecuatoriano de Crim3n Organizado, Ecuador registró en 2023 una tasa de hom1cidios superior a 47 por cada 100.000 habitantes. Aunque en 2024 se reportó una reducción del 15 %, las cifras preliminares de 2025 muestran un nuevo repunte.

Pese a este contexto, expertos y organismos internacionales insisten en que la seguridad duradera solo puede lograrse fortaleciendo la institucionalidad democrática y respetando los derechos humanos. “Una seguridad duradera no se logra otorgando poderes ilimitados al Ejecutivo, sino fortaleciendo el sistema judicial y defendiendo el Estado de derecho”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Organizaciones civiles han solicitado a la Corte Constitucional una revisión urgente de ambas leyes para garantizar su adecuación a la Constitución y a las obligaciones internacionales del Ecuador en materia de derechos humanos.

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