ClsnoticiasEcuador

11/09/2026

Buenas noches, compartimos el link de la Sesión Solemne de la Asamblea Nacional en conmemoración del Día de la Fundación del Ecuador, que se realiza en la ciudad de Riobamba. Retransmitiendo señal de la Asamblea Nacional del Ecuador

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09/09/2026

Transformación empresarial e inclusión real: Alianza estratégica entre CONADIS y Club de Vida impulsará el talento neurodivergente en Ecuador - Revolución laboral: De la responsabilidad social a la productividad y la innovación
El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) y el Club de Vida con Neurodivergencias, representado por Maggie Chiriboga, formalizarán una alianza de cooperación estratégica para promover entornos laborales inclusivos y transformadores en Ecuador. La firma oficial del acuerdo se llevará a cabo el próximo jueves 10 de septiembre a las 11:00, en el Centro de Convenciones Quorum del Paseo San Francisco, en Quito, durante el desarrollo del Primer Congreso Internacional Sinergia Diversa.
Esta alianza busca modificar radicalmente la visión empresarial tradicional, demostrando que la diversidad cognitiva no es un acto de filantropía, sino un motor directo de eficiencia, innovación y rentabilidad para las organizaciones.
Objetivos principales de la alianza
Capacitación a tomadores de decisión: Brindar herramientas y programas de formación dirigidos a presidentes, ejecutivos y CEOs sobre contratación inclusiva y adaptación razonable de espacios de trabajo.
Promoción de la autonomía mediante formación especializada: Anunciar la estructuración del primer Diplomado de Construcción de Autonomía para Personas con Neurodivergencia y Discapacidad, desarrollado conjuntamente por Club de Vida con Neurodivergencias y la organización Neuroinserta.
Otorgamiento de becas integrales: Entregar más de 50 becas completas para facilitar el acceso a la educación especializada y potenciar la participación social y laboral de los beneficiarios.
Fomento del cambio cultural: Transicionar del enfoque asistencialista o de cuotas laborales hacia el reconocimiento genuino del valor, las capacidades y la competitividad del talento neurodivergente.
Impacto y beneficios respaldados por evidencia científica
La integración de personas con diversidad cognitiva genera beneficios sustanciales y medibles en el ámbito organizacional:
Mayor productividad: Casos de estudio en empresas multinacionales como JP Morgan destacan que los empleados neurodivergentes pueden alcanzar hasta un 140% más de productividad en tareas clave como el análisis de datos.
Innovación e ingresos: Equipos con diversidad cognitiva generan un 19% más de ingresos derivados de procesos de innovación empresarial (según Boston Consulting Group).

09/09/2026

Unidades anticorrupción en Ecuador: Reorganización judicial genera debate sobre la seguridad jurídica
Por Carmen Luisa Samaniego
Quito.- Menos de cuatro años después de haber sido implementadas durante la administración del doctor para combatir la delincuencia organizada y la corrupción de alto impacto con juzgadores especializados, las dependencias judiciales anticorrupción en Ecuador han llegado a su fin. Mediante la Resolución 187-2026, emitida el 7 de septiembre de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suprimir la Unidad Judicial, el Tribunal de Garantías Penales y la Sala Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, redistribuyendo sus competencias hacia las judicaturas ordinarias penales de Pichincha.
Los fundamentos técnicos del Consejo de la Judicatura
La resolución del organismo se sustenta en informes de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la Dirección de Planificación y Asesoría Jurídica, los cuales justificaron la decisión bajo los siguientes argumentos:
Capacidad procesal y descongestión: Los informes técnicos (como el CJ-DNGP-2026-0543-MC) señalaron que las unidades anticorrupción presentaban una carga procesal baja en comparación con el colapso operativo de las judicaturas penales ordinarias de Pichincha, las cuales superaban el 100 % de su capacidad.
Ampliación del cuerpo juzgador: Con este rediseño institucional, el Consejo de la Judicatura señala que la cobertura nacional para juzgar estos delitos se incrementa de 19 a más de 50 jueces ordinarios habilitados en garantías penales y tribunales ordinarios.
Emergencia judicial: La medida se ampara en la declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente de la Función Judicial (Resolución 129-2026), buscando "optimizar recursos" e integrar las acciones patrimoniales y de extinción de dominio en judicaturas ordinarias para agilizar trámites.
La postura oficial: Declaraciones de
Frente a las críticas e incertidumbres que suscita la desarticulación de una estructura que contó en su momento con capacitación y apoyo internacional, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, aseguró que el cambio no constituye un paso atrás.
"Esto no debilita la lucha contra la corrupción, no retrocedemos, fortalecemos", afirmó la titular del organismo, argumentando que la redistribución hacia más de medio centenar de jueces permitirá absorber la demanda procesal con mayor celeridad y corregir falencias de un sistema que había quedado operando a media marcha por cuestionamientos éticos y legales contra varios de sus juzgadores especializados.
Seguridad jurídica y el escepticismo de la defensa técnica
A pesar de los argumentos oficiales, la reasignación de los expedientes en trámite a las unidades penales ordinarias con sede en Iñaquito y La Mariscal abre interrogantes clave sobre la seguridad jurídica y el debido proceso:
Sustanciación y especialización: Abogados defensores y analistas del sector judicial señalan la complejidad de las causas por crimen organizado —muchas con decenas de procesados e información reservada—, cuestionando si los juzgados ordinarios contarán con el tiempo y las garantías de protección necesarias para asumir esta carga sin dilaciones ni vulnerabilidades.
Garantía de juez competente: La transición de expedientes iniciados bajo un fuero y competencia especial hacia despachos penales comunes genera debate sobre la validez de los actos procesales en curso, un punto sobre el cual las defensas técnicas prevén interponer recursos y objeciones respecto al debido proceso.
Reacciones: Para algunos miembros de la comunidad jurídica, el constante viraje institucional en las decisiones de la Judicatura deja un panorama de impredecibilidad donde, en palabras de juristas locales, "por lo decidido ya nada sorprenderá".

08/09/2026

El postulante a Fiscal General, Mauricio Aguirre, solicita el rechazo de la impugnación en su contra y pide que sea declarada maliciosa y temeraria
Quito.- En el marco del concurso para la selección del nuevo Fiscalía General del Estado Ecuador, el postulante Mauricio Javier Aguirre López rechazó formalmente la impugnación ciudadana presentada en su contra. Aguirre sostuvo que los señalamientos en su contra carecen de sustento objetivo y solicitó a la autoridad competente que deseche el recurso, mantenga su candidatura y declare la impugnación como maliciosa y temeraria.
El cuestionamiento se origina por un certificado emitido por el Registro Mercantil de Quito que lo acredita como capacitador en materia penal desde 2020, documento que le otorgó 0,25 puntos en la fase de méritos por parte de la Comisión Ciudadana de Selección. La controversia radica en que dicho certificado fue firmado por el titular de esa dependencia, quien es hermano del aspirante.
Frente a esto, Aguirre argumentó que no incurrió en conducta irregular ni en conflicto de intereses, señalando los siguientes puntos de su defensa:
Transparencia en el parentesco: Sostuvo que el vínculo familiar fue informado de forma expresa y que los formularios oficiales no exigían declarar parentescos con el Registrador Mercantil.
Veracidad de las capacitaciones: Afirmó que los cursos dictados fueron reales y cuentan con respaldo documental y testimonios, descartando la creación de un "mérito artificial".
Competencia de la valoración: Precisó que la asignación de los 0,25 puntos fue decisión exclusiva de la Comisión Ciudadana de Selección y no una autoatribución.
Inexistencia de sanciones: Invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la "probidad notoria", recordando que esta se mide con elementos objetivos —como sanciones o actos fraudulentos—, ninguno de los cuales ha sido demostrado en su contra.
Al considerar que el recurso presentado vulnera su honorabilidad sin pruebas de falta de idoneidad o dolo, el candidato insistió en que se valoren sus pruebas de descargo y se ratifique su continuidad en el proceso de selección.

07/09/2026

Dr. Mauricio Aguirre defenderá su probidad ante el CPCCS en la carrera por la Fiscalía General
Quito.- En un momento decisivo para la selección de la máxima autoridad de la fiscalía del país, el jurista Dr. Mauricio Aguirre acudirá este martes 8 de septiembre a las 09:00 a la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para entregar la contestación formal a la impugnación ciudadana en su contra, presentada por el ciudadano Luis Cangahuami Andrango por una presunta falta de probidad.
El candidato al sillón de la Fiscalía General del Estado defenderá su postulación respaldado en casi tres décadas de trayectoria en el libre ejercicio del derecho y la función pública, descartando los señalamientos presentados en el concurso.
"Sustentaré mi impugnación con los documentos de respaldo que utilizaré en la audiencia de impugnación ciudadana. Durante mis 29 años de profesional del derecho he tenido muchas responsabilidades y he cumplido con responsabilidad y transparencia".
— Dr. Mauricio Aguirre, candidato a Fiscal General del Estado
Convocatoria a la prensa
El Dr. Aguirre extendió una invitación pública a los representantes de los medios de comunicación y periodistas de la cobertura judicial y política para que lo acompañen durante la entrega de su documentación de descargo en las instalaciones del CPCCS.
Con esta acción, el postulante busca transparentar ante la ciudadanía las pruebas de solvencia ética y profesional que presentará de cara a la audiencia oral del proceso de selección.

04/09/2026

04/09/2026

Penalista Gonzalo Silva: "No procede la suspensión condicional de la pena solicitada por Lenin Moreno"
Quito.-El abogado penalista Gonzalo Silva Hernández ratificó que la solicitud de suspensión condicional de la pena presentada por la defensa del expresidente Lenín Moreno en el caso conocido como Ina Papers / Sinohydro resulta totalmente improcedente según la legislación penal ecuatoriana.
Silva detalló que el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece condiciones estrictas para este beneficio, entre las cuales destaca que la pena impuesta no debe superar los 5 años de privación de libertad. Dado que el delito imputado es cohecho —cuya sanción excede este límite legal y constituye un delito imprescriptible que afecta directamente al erario público— el recurso debe ser negado por los tribunales.

03/09/2026

LA SEGURIDAD JURÍDICA EN RIESGO: HERMES SARANGO ALERTÓ DE UN GRAVE DETERIORO EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EL SISTEMA LEGAL DEL PAÍS
Quito — El jurista Hermes Sarango Aguirre Hermes Sarango Aguirre Sarango lanzó una dura advertencia sobre el estado del sistema de justicia e instrucción del país, al afirmar que la teoría de Thomas Hobbes (1588–1679), sobre la seguridad jurídica no era un simple principio administrativo o garantía legal procesal, sino el fin supremo del Estado y la razón de ser del contrato social, pero aquí en rl Ecuador dijo, brilla por su ausencia en todo el territorio nacional.
Según el especialista Sarango, esta carencia no solo afecta al ámbito judicial y gubernamental, sino que nace en las propias aulas académicas. Sarango denunció que, bajo el velo de la «profesionalización», múltiples instituciones superiores están entregando títulos de abogados a profesionales que carecen de los conocimientos doctrinales y elementales de la ciencia jurídica.
Para el catedrático, la falta de una preparación rigurosa atenta contra el principio de certeza y estabilidad legal, dejando en la indefensión a la ciudadanía y debilitando las bases del Estado de derecho.

31/08/2026

CPCCS evalúa requisitos de veedores para el concurso de la Corte Nacional mientras se alistan pruebas de confianza
Quito. El concurso público para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia avanza de forma paralela en dos frentes institucionales. Por un lado, el Consejo de la Judicatura (CJ) trabaja en la construcción de la metodología de las pruebas psicológicas y de confianza que se aplicarán a los postulantes; por otro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) verifica los requisitos de los ciudadanos inscritos para conformar la Veeduría Ciudadana que vigilará el proceso.
Se prevé que la designación de los nuevos magistrados del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria concluya entre fines de este año y el primer trimestre de 2027. No obstante, el CPCCS aún no ha hecho público el número total de inscritos registrados durante la primera y segunda convocatoria lanzadas a solicitud del propio organismo de la Función Judicial, cuyo objetivo es ampliar la participación ciudadana y garantizar la transparencia e idoneidad del concurso.
Procedimiento jurídico para la designación de los veedores
La conformación y funcionamiento de las veedurías ciudadanas en Ecuador no es un acto discrecional, sino un proceso reglado amparado en la Constitución y el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas del CPCCS:
Convocatoria Pública: El CPCCS emite un llamamiento abierto a la ciudadanía señalando los plazos, el objeto de la veeduría y los requisitos necesarios para participar.
Inscripción y Entrega de Documentación: Los aspirantes presentan el formulario de inscripción junto con la documentación personal requerida, demostrando no hallarse incursos en causales de inhabilidad o conflicto de interés.
Verificación de Requisitos e Inhabilidades: La técnica del CPCCS examina el cumplimiento de las condiciones legales (ser ecuatoriano o residente legal, estar en goce de los derechos de participación) y comprueba la ausencia de prohibiciones (como ser funcionario del órgano auditado, ostentar cargos de elección popular o tener contratos con el Estado en la materia afín).
Capacitación Obligatoria: Quienes superan la fase documental deben completar una jornada formativa impartida por el CPCCS sobre el marco legal del concurso judicial, ética pública y metodologías de control social.
Acreditación y Posesión: Concluido el taller, el Pleno del CPCCS emite la resolución de acreditación e imparte la posesión oficial a los veedores, otorgándoles las credenciales para actuar.
Plan de Trabajo e Informes: La veeduría conformada aprueba su plan de acción y queda facultada para solicitar información, presenciar las fases del concurso (incluidas las evaluaciones teóricas y de confianza) y emitir informes parciales y un informe final de carácter público. -Por: Carmen Luisa Samaniego