28/01/2026
/ La Fiscalía General del Estado allanó la casa de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
La indagación es denominada caso Caja Chica. Según el Ministerio Público, se presume que hubo un ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, en la que González hizo binomio con Andrés Arauz, quien también está siendo investigado.
Junto con la Policía, la Fiscalía ejecutó allanamientos a tres inmuebles en Pichincha y uno en Guayas, con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación. Ecuavisa conoció que las casas del asambleísta Patricio Chávez y de Suad Manssur, ex superintendenta de Compañias fueron registradas. Los funcionarios no realizaron ninguna detención.
Según describe el Codigo Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos puede ser penado con hasta 30 años de cárcel para los autores y hasta 22 años para los colaboradores.
Ocho personas son investigadas, entre ellos, Rafael Correa
El expresidente Rafael Correa se pronunció sobre el caso y publicó en su cuenta de X la notificación entregada por la Fiscalía General del Estado a sus coidearios y ahí se señala que él también consta entre los ocho investigados. Además de él, González, Arauz, Chávez y Manssur, también son indagados los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera, como también la abogada Bibian Hernández.
Correa reclamó que la indagación comenzó por una denuncia con reserva, realizada en noviembre de 2025.
Segundo caso en contra por campaña en 2023
Hasta el pasado 18 de enero, Luisa González ejerció la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana. Durante la convención en la que cedió el liderazgo a Gabriela Rivadeneira, fue notificada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre un proceso por presuntas infracciones cometidas en la campaña de 2023.
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), la denunció en noviembre de 2025 de incurrir en un incumplimiento descrito en el Código de la Democracia, relacionado al financiamiento de la política y el gasto electoral, que puede ser castigado con una multa de hasta 70 salarios básicos unificados y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
González aseveró que la notificadora la engañó, pues dice que fue citada cuando se iban a tomar una foto. El 26 de enero, la excandidata presidencial pidió al TCE que se anule esa notificación, ya que señala que se afectó su derecho a la defensa. Sostiene que no le permitieron contar con el tiempo y los medios adecuados para
preparar su defensa.
