04/08/2025
En un reciente encuentro celebrado el 31 de julio de 2025, los alcaldes de la provincia de Loja manifestaron su preocupación por la deuda acumulada del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales y provinciales. Los ediles, liderados por Jorge Montero Rodríguez, alcalde de Calvas y Consejero del Gobierno Provincial de Loja, destacaron que el Estado les debe más de tres meses de asignaciones presupuestarias, lo que afecta gravemente el funcionamiento de sus municipios.
Montero enfatizó la necesidad urgente de que la Cámara Provincial de Loja tome una postura firme y solicite al Ministerio de Finanzas el pago inmediato de los recursos adeudados. "Son más de tres meses solo del 2025, sin contar de años anteriores, cuyos recursos son necesarios para el pago de trabajadores y obras prioritarias en los cantones", expresó el alcalde. En este sentido, no descartó que los 16 alcaldes de la provincia se movilicen a la capital, Quito, para exponer sus inquietudes ante el Gobierno Nacional.
El alcalde de Puyango, José Ignacio Vivar Jara, también subrayó esta problemática al señalar que las asignaciones adeudadas de mayo, junio y julio superan el millón de dólares, recursos esenciales para la continuidad de obras en su cantón. De igual manera, Orli Renán Flores Guerrero, alcalde de Sozoranga, informó que su GAD tiene una deuda que ronda los 900 mil dólares, necesaria para iniciar nuevos proyectos y repotenciar aquellos afectados por los recientes desastres naturales.
Los alcaldes no solo exigen soluciones económicas; también critican la ausencia de sus representantes ante la Asamblea Nacional. "¿Dónde están nuestros asambleístas?", se cuestionó Montero, resaltando que la responsabilidad de estos funcionarios es fiscalizar y velar por los intereses de sus electores, quienes actualmente sufren las consecuencias de la falta de recursos.
Ante esta crítica situación, los alcaldes de Loja han decidido actuar de manera conjunta; el próximo paso sería la elaboración de un comunicado formal a través de la Cámara Provincial, instando al Gobierno a regularizar los pagos pendientes. De no obtener respuestas satisfactorias, la movilización a Quito se vislumbra como una medida necesaria para exigir los derechos de los ciudadanos lojanos.