14/08/2026
Almaraz: una prórroga política a la sombra de agosto
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este 14 de agosto, cuando media España mira más a la playa que a la política energética, la orden que renueva la autorización de explotación de los dos reactores de la Central Nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.
La fecha elegida no invalida la decisión ni permite calificarla jurídicamente de clandestina. Pero sí le confiere una discreción política difícil de ignorar. Una resolución de esta importancia para Extremadura, para el sistema eléctrico español y para el futuro de miles de familias merecía una explicación pública más clara que su aparición en el BOE en plena canícula.
La prórroga es una decisión política. Como lo era también el calendario de cierre anterior. Las políticas energéticas nunca son neutrales: responden a criterios económicos, ambientales, sociales y estratégicos. En este caso, además, han pesado la movilización de los trabajadores, la inquietud del Campo Arañuelo, la posición firme de la Junta de Extremadura y el temor de los partidos a quedarse al margen de una reivindicación con un apoyo social considerable.
El Gobierno ha terminado aceptando prolongar la actividad de Almaraz, aunque lo hace con una argumentación especialmente cautelosa. La "Orden TED/864/2026" (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-17756) insiste en que la apuesta estructural de España continúa siendo la energía renovable y presenta la continuidad nuclear como una medida limitada y coyuntural. Según sus cálculos, la prórroga reducirá en 2030 un 1,4% la generación renovable prevista, pero también un 7% la producción mediante ciclos combinados de gas.
Hay, por tanto, razones atendibles para la ampliación. El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe favorable, condicionado al cumplimiento de exigencias técnicas y de seguridad. La central aporta generación estable, reduce durante estos años la dependencia del gas y contribuye a contener la exposición de los consumidores a la volatilidad de los mercados internacionales. A ello se suma una realidad que desde Madrid se ha contemplado demasiadas veces como una nota a pie de página: Almaraz sostiene empleo, actividad económica y población en una comarca que no puede permitirse perderlos de golpe.
Pero reconocer estos argumentos no obliga a convertir la prórroga en una victoria sin matices.
La decisión traslada el problema unos años hacia delante, pero no lo resuelve. Almaraz seguirá funcionando hasta 2030; después llegará de nuevo la misma pregunta, probablemente con mayor urgencia: ¿qué futuro económico tendrá el Campo Arañuelo cuando la central cierre definitivamente?
La orden señala que esta ampliación debe favorecer una mayor implicación de las empresas propietarias en la búsqueda de alternativas industriales y de empleo. La formulación resulta insuficiente. El futuro de una comarca no puede descansar únicamente en la buena voluntad de Iberdrola, Endesa y Naturgy. Las compañías tienen una responsabilidad evidente, pero también la tienen el Gobierno de España, la Junta de Extremadura, las diputaciones y los ayuntamientos afectados.
Comprar tiempo solo tendrá sentido si ese tiempo se utiliza.
Antes de 2030 deberían existir proyectos industriales concretos, inversiones comprometidas, formación para los trabajadores, infraestructuras suficientes y un calendario verificable de transición económica. De lo contrario, esta prórroga habrá sido únicamente una patada hacia delante, recibida hoy con alivio y recordada mañana como una oportunidad desperdiciada.
También quedan pendientes las condiciones fiscales y económicas del nuevo periodo. La orden aborda la seguridad, los residuos y la continuidad de la explotación, pero no despeja completamente el debate sobre la fiscalidad nuclear. Habrá que comprobar qué sucede con la llamada ecotasa extremeña y hasta dónde llega el compromiso de reducirla. Extremadura debe proteger la actividad y el empleo, pero no parece razonable que una comunidad con tantas necesidades presupuestarias termine haciendo regalos fiscales innecesarios a algunas de las mayores corporaciones eléctricas del país.
Todos intentarán ahora atribuirse el mérito. Es previsible que la Junta presente la prórroga como resultado de su presión y que el PSOE defienda que ha sabido adaptarse a una realidad energética y social sobrevenida. Las elecciones municipales de 2027 determinarán quién obtiene rédito electoral. Pero el beneficio político será efímero si no viene acompañado de un verdadero plan para el territorio.
Los defensores de Almaraz tienen motivos para celebrar que la central continúe. Quienes llevamos muchos años alertando sobre los riesgos, los residuos y la dependencia nuclear debemos reconocer que hemos sufrido una derrota política y social. También debemos admitir que la transición energética no puede construirse ignorando a los trabajadores ni condenando a una comarca a la incertidumbre.
La prórroga puede ser comprensible e incluso prudente en la actual coyuntura. Lo que resultaría vergonzante sería emplearla para ocultar que, después de décadas de funcionamiento de Almaraz, Extremadura sigue sin conocer con claridad qué habrá allí cuando se apague definitivamente el último reactor.
Y 2030, aunque hoy parezca lejano bajo el sol de agosto, está ya a la vuelta de la esquina.
