Periódico Extremadura Libre

17/06/2026

LOS CREYENTES QUE TAMBIÉN FUSILÓ EL FRANQUISMO.
Décadas después, las fosas comunes desmienten la propaganda de la cruzada: muchos de los asesinados por los sublevados eran personas creyentes que compartían la misma fe que sus verdugos.

Los franquistas vistieron la Guerra Civil con los ropajes de una cruzada religiosa, pero las fosas comunes llevan décadas desmintiendo aquel relato. La propaganda hablaba de salvar la fe, mientras las balas segaban la vida de personas que llevaban al cuello medallas de la Virgen, escapularios o crucifijos. Las exhumaciones han permitido recuperar no solo los restos de las víctimas, sino también las pequeñas huellas de sus vidas. Y esas huellas cuentan una historia muy distinta a la que difundieron los vencedores.

Entre los objetos más habituales hallados junto a los represaliados republicanos aparecen precisamente símbolos religiosos. En Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), por ejemplo, se encontró un relicario de recuerdo de una peregrinación a un santuario mariano francés. La realidad era mucho más compleja que aquella España partida entre creyentes y ateos que dibujó el franquismo para justificar la matanza. Entre los asesinados había trabajadores, campesinos, maestros, concejales, sindicalistas y también personas profundamente religiosas.

La contradicción resulta difícil de ignorar. Quienes afirmaban actuar en nombre de Dios no tuvieron reparo en fusilar a hombres y mujeres que compartían sus mismas creencias. La fe no servía de salvoconducto cuando alguien era republicano, sindicalista, defensor de las reformas sociales o simplemente caía bajo sospecha. La religión fue utilizada como bandera política y como coartada moral, pero la represión siguió su propio camino, mucho más terrenal y mucho más brutal.

Para muchas víctimas creyentes, la crueldad era doble. No solo les arrebataban la vida. También les negaban la posibilidad de confesarse, recibir auxilio espiritual o ser enterrados según sus convicciones. Acababan en una cuneta, en una fosa improvisada o en un rincón apartado del cementerio, como si el castigo tuviera que prolongarse más allá de la muerte.

El caso del padre Emiliano María Revilla ilustra hasta qué punto aquella supuesta cruzada estaba llena de impostura. El religioso, exhumado en Gumiel de Izán (Burgos), fue identificado gracias al crucifijo que conservaba en la mano y a los restos de su sotana. Su delito no fue atacar a la Iglesia, sino denunciar los abusos de los falangistas y ponerse del lado de los humildes. Lo asesinaron quienes aseguraban defender la religión y el orden cristiano. Después intentaron borrar su recuerdo bajo toneladas de silencio.

Las fosas tienen una costumbre incómoda: hablan. Y cuando hablan, dejan al descubierto una verdad que algunos todavía prefieren esquivar. Muchos de los asesinos se envolvieron en símbolos religiosos mientras perseguían, encarcelaban y fusilaban a personas que compartían esos mismos símbolos. La cruz servía para bendecir los discursos; las cunetas, para ocultar las consecuencias. Ahí reside una de las mayores miserias morales del franquismo: utilizar la religión como excusa mientras se pisoteaban sin escrúpulos los principios más elementales de humanidad que decía defender.

(La imagen muestra un pelotón de ejecución compuesto por hombres uniformados cuya indumentaria, corte de pelo y aspecto general encajan con la estética masculina utilizada por las milicias falangistas en los primeros años de la guerra y la posguerra).

14/06/2026

HABLEMOS DE EDUCACIÓN DESDE UNA ÓPTICA ANARCOSINDICALISTA

Cuando la CNT habla de educación, suele encontrarse con un problema bastante común: mucha gente cree que solo hay dos posiciones posibles. O defender sin matices la escuela pública estatal o apostar por la educación privada. Sin embargo, la postura de la organización es diferente y algo más compleja.

La CNT rechaza la privatización de la enseñanza y considera que la educación no debería convertirse en un negocio. Por eso se opone a la enseñanza concertada y a cualquier modelo que permita obtener beneficios económicos a costa de una necesidad social tan básica como la educación. Desde esta perspectiva, aprender no debería depender de la capacidad económica de las familias ni estar condicionado por intereses empresariales.

Ahora bien, eso no significa que la CNT considere que el actual sistema educativo público sea perfecto o represente el modelo al que aspira. La organización entiende que las escuelas e institutos gestionados por el Estado siguen funcionando mediante estructuras jerárquicas donde las decisiones importantes suelen tomarse desde arriba, con poca participación real de quienes forman parte de la comunidad educativa. Además, considera que el sistema educativo reproduce con frecuencia valores como la obediencia, la competitividad o la preparación para encajar en el mercado laboral.

Aun así, la CNT reconoce que dentro de la enseñanza pública existen muchas experiencias valiosas impulsadas por docentes, familias y estudiantes. Proyectos participativos, prácticas asamblearias, metodologías cooperativas y otras iniciativas que intentan hacer de la escuela un espacio más democrático y emancipador. La organización valora estas experiencias y entiende que pueden servir para abrir caminos hacia otra forma de educar.

Su propuesta va más allá de elegir entre gestión pública o privada. Lo que plantea es avanzar hacia modelos educativos donde la comunidad tenga un papel protagonista en la toma de decisiones. Escuelas construidas desde la participación, la cooperación y la autonomía, donde alumnado, profesorado y familias puedan intervenir realmente en la vida del centro.

Por eso también defiende y apoya proyectos pedagógicos autogestionados, escuelas libres y otras iniciativas que buscan experimentar formas distintas de enseñar y aprender. No se trata de crear espacios exclusivos para unos pocos, sino de desarrollar experiencias educativas accesibles para la clase trabajadora y conectadas con las necesidades reales de la comunidad.

La apuesta educativa de la CNT tampoco se limita a la infancia y la juventud. La organización mantiene una larga tradición de educación popular y formación de personas adultas. De ahí su interés por impulsar ateneos, bibliotecas, espacios culturales y actividades formativas abiertas, entendiendo que el aprendizaje no termina cuando se abandona la escuela.

En resumen, la CNT defiende la educación frente a la mercantilización y las privatizaciones, pero al mismo tiempo aspira a superar las limitaciones del modelo estatal actual. Su objetivo no es sustituir la empresa privada por la burocracia, sino avanzar hacia una educación gestionada de forma participativa por quienes la hacen posible cada día. Una idea sencilla en el fondo: que la educación sea un bien común y no una herramienta al servicio del negocio o del poder.

12/06/2026

UN ESTADO ACONFESIONAL DE BOQUILLA.

La visita del papa León XIV a España ha dejado una imagen difícil de olvidar: el máximo representante de una confesión religiosa pronunciando un discurso ante las Cortes Generales y recibiendo una ovación de varios minutos por parte de diputados, senadores y altas autoridades del Estado. Era la primera vez que un pontífice intervenía en el Parlamento español y el acontecimiento fue presentado como un hito histórico. Lo fue. La cuestión es si debería haberlo sido en un Estado que se define como aconfesional.

Porque conviene recordar una obviedad que parece evaporarse cada vez que aterriza un papamóvil: España no es un Estado católico. Al menos sobre el papel. La Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sin embargo, cada cierto tiempo contemplamos escenas que parecen sacadas de otra época. Honores institucionales, cobertura mediática desbordada, representantes públicos compitiendo por aparecer en la foto y un Parlamento convertido por unas horas en escenario de un discurso religioso revestido de solemnidad de Estado.

Se dirá que el Papa acudió como jefe de Estado del Vaticano. Es el argumento habitual. También es una verdad incompleta. Nadie puede ignorar que su relevancia internacional no procede del tamaño del Vaticano, una micronación menor que muchos municipios españoles, sino de su condición de líder de la Iglesia católica. Fingir que ambas dimensiones son separables es un ejercicio de contorsionismo político digno de una compañía de circo.

Lo más llamativo ha sido contemplar cómo sectores que se presentan como progresistas han vuelto a caer en la vieja tentación de pintar a los papas como reformadores revolucionarios. Ya ocurrió con Francisco y vuelve a suceder con León XIV. Basta que hablen de pobreza, migración o desigualdad para que algunos medios y dirigentes los presenten poco menos que como referentes de transformación social. El problema es que la doctrina oficial de la Iglesia sigue rechazando el derecho al ab**to, cuestionando la eutanasia, negando la plena igualdad de las mujeres dentro de la institución y manteniendo posiciones profundamente conservadoras sobre la sexualidad y la familia.

No se trata de negar que un papa pueda formular mensajes humanitarios o denunciar determinadas injusticias. El problema aparece cuando esos gestos sirven para blanquear una institución cuya estructura, funcionamiento e intereses materiales permanecen prácticamente intactos.

Y los intereses materiales son considerables. Ahí están las inmatriculaciones masivas de bienes realizadas durante décadas gracias a privilegios legales excepcionales. Ahí está un patrimonio inmenso acumulado con ventajas fiscales de las que no disfruta el común de la ciudadanía. Ahí están los acuerdos con la Santa Sede de 1979, herederos directos del Concordato franquista, que siguen garantizando una posición privilegiada a la Iglesia católica en ámbitos tan sensibles como la educación. Mientras se habla de neutralidad religiosa, millones de euros públicos continúan financiando centros confesionales y clases de religión en las escuelas. Una aconfesionalidad bastante peculiar.

La Iglesia mantiene además una influencia educativa que ninguna otra organización privada posee. Décadas después de la muerte de Franco, sigue moldeando una parte significativa del sistema educativo gracias a recursos públicos. Quien desee educación religiosa está en su derecho. Lo que resulta difícil de justificar es que esa opción particular la financie el conjunto de la sociedad.

Tampoco ayuda a mejorar su credibilidad el interminable escándalo de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. La propia visita papal ha estado acompañada por referencias a esta tragedia y por encuentros con víctimas. Pero el problema no es únicamente la existencia de los abusos. Es también la cultura de silencio, encubrimiento y protección institucional que durante décadas permitió que muchos casos permanecieran ocultos mientras las víctimas cargaban en soledad con las consecuencias.

En España existe además una memoria histórica que algunos prefieren tratar como un asunto incómodo. La jerarquía eclesiástica apoyó de forma mayoritaria el golpe militar de 1936 y legitimó ideológicamente la dictadura posterior. El nacionalcatolicismo no fue una anécdota. Fue uno de los pilares del régimen franquista. Quienes hoy hablan de reconciliación suelen olvidar con sorprendente facilidad aquella alianza entre altar y bayoneta.

Y mientras algunos obispos continúan mostrando simpatías más o menos explícitas hacia discursos reaccionarios y organizaciones de extrema derecha, se sigue exigiendo a la ciudadanía que contemple a la institución como una autoridad moral incuestionable. La paradoja resulta difícil de superar.

La defensa de la laicidad no consiste en perseguir creencias religiosas ni en limitar la libertad de culto. Consiste precisamente en lo contrario: garantizar que ninguna confesión disfrute de privilegios políticos, económicos o educativos por encima de las demás. Un Estado verdaderamente laico no invita a líderes religiosos a ocupar un lugar excepcional en sus instituciones. Los escucha como escucha a cualquier actor social, sin reverencias ni tratamientos de favor.

Por eso el verdadero debate no es si León XIV pronunció un discurso más o menos acertado. El bochorno está en que un Parlamento que representa a una sociedad plural y diversa se pusiera en pie para rendir homenaje institucional a una organización religiosa que sigue disfrutando de privilegios heredados de otro tiempo. Y eso dice bastante más sobre el Estado español que sobre el propio Papa.

12/06/2026

EL DINERO PÚBLICO, PARA LA ESCUELA PÚBLICA.

La educación concertada es una de esas anomalías que, de tanto repetirse, han acabado pareciendo normales. Se nos dice que es pública porque recibe dinero público, pero es privada porque la gestionan entidades privadas. Una curiosa pirueta política que solo funciona cuando se trata de justificar que los recursos de todos terminen financiando intereses particulares.

El argumento estrella de sus defensores es la llamada "libertad de elección". Traducido al castellano corriente: que el conjunto de la sociedad pague opciones privadas. Nadie discute que una familia tenga derecho a elegir un colegio religioso, cooperativo o de cualquier otra orientación. Lo que resulta difícil de justificar es por qué esa decisión debe financiarse con los impuestos de quienes no la comparten.

La educación pública existe para garantizar un derecho. La concertada existe para subvencionar una elección.

El caso de la concertada religiosa resulta especialmente escandaloso. Durante décadas, millones de euros públicos han servido para sostener centros vinculados a organizaciones confesionales que transmiten una visión particular del mundo. Cada cual es libre de profesar la religión que considere oportuna. Lo que no debería ocurrir es que el conjunto de la sociedad financie esa actividad. Si una confesión religiosa desea mantener una red educativa propia, que la sostenga con los recursos de sus fieles y simpatizantes, igual que cualquier otra organización privada.

Pero el problema no desaparece aunque retiremos los crucifijos de las paredes. Incluso si mañana toda la enseñanza concertada fuese laica, racionalista y pedagógicamente excelente, seguiría existiendo la misma cuestión de fondo: ¿por qué financiar con dinero público centros privados? El debate no gira alrededor del contenido ideológico de esos centros, sino de un principio mucho más sencillo. Los recursos colectivos deben servir para fortalecer lo común, no para sostener estructuras privadas.

A menudo se afirma que la concertada sale más barata. También sale más barato un hospital que seleccione solo a pacientes sanos. La escuela pública escolariza a todo el mundo: alumnado con necesidades educativas especiales, familias con menos recursos, menores recién llegados y realidades sociales complejas de toda clase. Esa es precisamente su función. La educación pública no existe para competir en un mercado, sino para garantizar un derecho universal sin discriminaciones ni filtros económicos encubiertos.

Porque esos filtros existen. Cuotas supuestamente voluntarias, actividades de pago, barreras económicas indirectas y mecanismos de selección más o menos disimulados han contribuido durante años a consolidar una doble red educativa donde unos centros concentran determinados perfiles sociales mientras otros asumen la diversidad completa de la población. Luego se habla de igualdad de oportunidades mientras se financia con dinero público un sistema que favorece la segregación. No deja de tener cierta ironía.

Desde una perspectiva de transformación social, la escuela pública es mucho más que un servicio. Es uno de los pocos espacios donde pueden convivir personas de distintos barrios, orígenes, creencias y condiciones económicas. Allí coinciden los hijos de quien llega justo a fin de mes y los de quien vive con más holgura. Esa mezcla no es un problema que haya que corregir. Es una de las bases de una sociedad más igualitaria y cohesionada.

Por eso la posición histórica de la CNT ha sido clara. Un centro privado no se convierte en público porque reciba subvenciones. Los conciertos educativos constituyen una forma de privatización sostenida con fondos públicos que debilita la enseñanza pública y desvía recursos que deberían destinarse íntegramente a ella. La apuesta debe ser una red pública fuerte, universal, laica, inclusiva y participada por la comunidad educativa, no un sistema dual donde lo común financia intereses particulares.

La cuestión, en el fondo, es bastante simple. Cada euro destinado a la concertada es un euro que no se invierte en reducir ratios, mejorar instalaciones, contratar profesorado o ampliar recursos en la escuela pública. El dinero público debe ir íntegramente a la educación pública. Quien quiera educación privada, religiosa o laica, está en su derecho. Lo que no tiene derecho es a pasar la factura al resto de la sociedad. Porque los derechos colectivos se sostienen entre todos. Los proyectos privados, no.

11/06/2026

CUANDO EL PASADO DEJA DE SER UN ADORNO.

Hay quienes dicen que la historia es una colección de fechas, retratos de próceres y batallas polvorientas. Es una forma muy cómoda de entenderla, sobre todo para quienes prefieren una ciudadanía dócil. Pero la historia sirve para algo bastante más útil: ayuda a descubrir cómo se construyen los privilegios, cómo se fabrica el consentimiento y cómo el miedo se convierte, una y otra vez, en un instrumento de control social.

Por eso resulta tan revelador observar la relación que mantiene la extrema derecha con la enseñanza y la cultura. Allí donde gana influencia, aparecen los ataques a docentes, universidades, bibliotecas, investigadores y medios de comunicación. No es una coincidencia ni una excentricidad pasajera. Quien pretende imponer relatos simples necesita eliminar todo aquello que invite a pensar de forma compleja.

La operación es vieja. Se busca convencer a la población de que existe un enemigo responsable de todos los problemas: el extranjero, el sindicalista, la feminista, el periodista incómodo o cualquier colectivo convertido en chivo expiatorio del momento. Mientras tanto, los verdaderos centros de poder permanecen fuera del foco. Un truco tan antiguo que ya debería venderse con manual de instrucciones.

Conocer el pasado permite detectar estas maniobras con cierta facilidad. Quien ha estudiado el ascenso de los movimientos autoritarios en Europa sabe reconocer algunas señales de alarma: la exaltación de un pasado idealizado que nunca existió, el desprecio por el conocimiento, la identificación de enemigos internos y la repetición obsesiva de consignas hasta convertirlas en aparentes verdades. Cambian los uniformes y las plataformas digitales sustituyen a los viejos altavoces, pero los mecanismos conservan un inquietante parecido de familia.

Por eso incomoda tanto la educación cuando cumple su verdadera función. No porque convierta a nadie en partidario de una ideología concreta, como sostienen ciertos agitadores profesionales, sino porque proporciona herramientas para contrastar información, cuestionar relatos oficiales y sacar conclusiones propias. Una persona que razona por sí misma es mucho menos manejable que alguien educado únicamente para obedecer.

Los derechos laborales, las libertades públicas o las conquistas sociales no cayeron del cielo ni fueron regalos de gobernantes especialmente generosos. Fueron fruto de luchas colectivas, de organización popular y de personas que se negaron a aceptar como natural la injusticia. Comprender esa realidad ayuda a valorar lo conquistado y a entender que nada está garantizado para siempre.

Quizá ahí resida el auténtico problema para quienes viven de sembrar miedo y resentimiento. Una sociedad con memoria resulta más difícil de engañar. Una sociedad que conoce su historia hace preguntas incómodas. Y pocas cosas inquietan más a los autoritarios que una población acostumbrada a pensar por cuenta propia. Porque los dogmas necesitan obedientes; el conocimiento, en cambio, abre la puerta a la libertad. Y eso siempre ha sido un mal negocio para quienes aspiran a mandar sin discusión.

10/06/2026

03/06/2026

Por si quedaba alguna duda al respecto...