11/09/2019
Se mantiene una estrategia de seguridad que no ha dado resultados
Al inicio de su gobierno, S.E. reconoció que la estrategia para hacer frente a la delincuencia organizada “debe cambiar”. Diversos miembros de su gobierno han coincidido en sus críticas a la llamada “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón – que no consiguió reducir la violencia y provocó un aumento dramático en violaciones de derechos humanos. No obstante, si bien ha señalado reiteradamente que la prioridad de su estrategia de seguridad es reducir la violencia, hasta ahora no ha definido un plan concreto sobre cómo lograr este objetivo.
Por el contrario, cuando la situación de la violencia ha requerido una intervención federal, su estrategia pareciera haber sido prácticamente indistinguible de la de su predecesor. Por ejemplo, ha dispuesto el envío de miles de soldados a Michoacán. Estos soldados se unen a miles de otros asignados a operativos contra el narcotráfico en todo el país, quienes no han recibido una misión clara (salvo una directiva imprecisa de restablecer la seguridad), no tienen plazos claros con respecto a cuándo deberán retirarse, y cuentan con una supervisión civil insuficiente.
Como quedó demostrado en el mandato de su antecesor, las fuerzas armadas por sí solas no pueden restablecer el estado de derecho ni brindar seguridad ciudadana en forma duradera, especialmente si hay soldados que cometen habitualmente violaciones de derechos humanos, lo cual exacerba el clima de caos y debilita la confianza pública en la autoridad.
La presunción de culpabilidad
Durante su gobierno también ha continuado una práctica del gobierno de Calderón que consiste en referirse despectivamente a víctimas de violencia acusándolas de delincuentes, sin ninguna evidencia que lo demuestre. En efecto, su gobierno ha emitido varios comunicados de prensa en los cuales se informa la cantidad de asesinatos “relacionados a delitos federales” y se señala que la gran mayoría de estas víctimas son “presuntamente responsables de hechos ilícitos”. En julio, por ejemplo, su gobierno informó que de 869 víctimas de homicidios relacionados a delitos federales en junio, 830 presuntamente eran responsables de delitos. Ante la ausencia de investigaciones rigurosas y objetivas, esta calificación contraviene la presunción de inocencia. Además, podría transmitir el mensaje de que estos homicidios no merecen ser investigados, cuando en realidad el estado tiene la obligación de prevenir y sancionar la violencia contra sus ciudadanos, independientemente de si pueden estar involucrados en hechos criminales.
En su exposición al Senado el mes de noviembre pasado, el Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong indicó que el exhibición de presuntos delincuentes frente a los medios, promovido por el gobierno de Calderón, “nos llev[ó] a que muchos de estos criminales tuvieran que salir, porque se les afectaban sus derechos humanos”, y añadió “y yo creo que no sea porque no sean criminales, algunos o muchos”. Este tipo de comentarios generan dudas acerca del compromiso con los derechos humanos manifestado por el gobierno, sugieren que se interponen a la búsqueda de justicia al proteger a delincuentes, y dan por supuesta la culpabilidad de personas que nunca fueron condenadas por delitos. El Secretario de Gobernación amplió su exposición e hizo alusión a “un caso muy sonado, hace poquito” que encajaba en este patrón, y podría interpretarse que con este comentario se refirió a la liberación ordenada por la Suprema Corte de Israel Arzate Meléndez, ocurrida dos días antes, que recibió amplia cobertura en los medios de comunicación. Arzate fue torturado por militares para que confesara haber participado en un homicidio múltiple, y permaneció en prisión más de tres años. Human Rights Watch comprobó que la única evidencia contra Arzate surgía de la confesión nula que había realizado, y de su posterior presentación como autor del hecho.
