15/06/2026
PECULADO EN EL VIAJE AL MUNDIAL
Daniel Noboa dijo al país que viajaba a Estados Unidos en una misión oficial, que su presencia en ese territorio respondía a reuniones diplomáticas y asuntos de Estado. Se aseguró que no viajaba para asistir al Mundial. Sin embargo, la realidad terminó desmintiendo ese discurso: el presidente estuvo en el estadio acompañando el debut de la selección ecuatoriana.
No es una casualidad. No estamos hablando de un mandatario que, por encontrarse accidentalmente en Estados Unidos, decidió comprar una entrada a última hora para ir a ver un partido. Un Mundial se organiza con años de anticipación, los partidos tienen fechas establecidas y el acceso a ellos requiere una planificación previa. Quien estaba sentado en ese estadio sabía con antelación que iba a estar allí.
El centro del debate no es quien pagó la entrada, o cuánto costó. El punto esencial es que la asistencia al partido ya estaba planificada desde hace meses, es allí donde surge la sospecha de que la misión oficial fue diseñada para coincidir con un objetivo personal, utilizando recursos del Estado para financiar un desplazamiento que, en su verdadera naturaleza, no respondía exclusivamente al interés público.
Ese es el corazón del peculado: no el fútbol, sino la utilización de la estructura estatal, la seguridad, el transporte, la logística y el dinero de todos los ecuatorianos para satisfacer una agenda privada bajo la apariencia de un viaje oficial.
El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal establece que el peculado es uno de los delitos más graves contra la administración pública y contempla severas sanciones penales para quienes, teniendo la responsabilidad sobre bienes o recursos del Estado, los utilizan arbitrariamente en beneficio propio o de terceros.
La premeditación de este hecho, según los indicios públicos conocidos, es evidente: primero existía un evento privado con fecha determinada; luego apareció una misión oficial que coincidía exactamente con ese evento; finalmente, el presidente terminó haciendo aquello que previamente había negado que haría.
¿Habrá consecuencias? Probablemente no. Una Asamblea Nacional dominada por una mayoría favorable al Gobierno difícilmente permitirá que una denuncia de esta naturaleza avance hacia un juicio político o una verdadera fiscalización.
Pero la impunidad no transforma una acción cuestionable en una acción legítima. La falta de castigo no borra los hechos, ni el silencio institucional puede eliminar la obligación del periodismo de señalarlos.
La historia de los pueblos también se escribe con las denuncias que el poder intenta ignorar. Aunque hoy no exista una sanción, debe quedar constancia de una pregunta que el país no puede dejar de responder: ¿se utilizó una misión oficial como una fachada para financiar con dinero público un viaje cuya finalidad real era asistir al Mundial?
