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El Atalayero, Laredo (2026)

18/06/2026

Unidos x Laredo denuncia la falta de planificación en la policía local y exige explicaciones por la pérdida de una plaza
-La realidad de este fundamental servicio para los laredanos “no es la que reflejan los papeles, sino la que se vive cada día. Y esa realidad demuestra que el número de efectivos disponibles para prestar servicio es cada vez menor”

El Grupo Municipal Unidos x Laredo ha registrado un escrito de control e información para conocer las razones que han llevado al Ayuntamiento de Laredo a perder una convocatoria de Policía Local correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2022, una situación que obliga ahora a reiniciar todo el procedimiento.
Sin embargo, para Unidos x Laredo el problema es mucho más profundo que la pérdida de una plaza y subraya que “la situación actual de la Policía Local pone de manifiesto una preocupante falta de planificación a medio y largo plazo”.
A este respecto, recuerdan que “estos momentos, la plantilla cuenta con un subinspector en prácticas, tres oficiales y diecinueve policías. Para alcanzar la plantilla prevista sería necesario cubrir dos plazas de oficial y cinco de policía” han precisado.
Pero la realidad operativa, según indica este partido local, “es todavía más preocupante” y hacen referencia a la situación de segunda actividad de dos agentes y “aunque esas plazas siguen figurando en la Relación de Puestos de Trabajo y no generan vacante hasta la jubilación de sus titulares, lo cierto es que, desde el punto de vista operativo, esos efectivos ya no prestan servicio ordinario en la calle” han explicado.
“Es decir, la realidad de la Policía Local no es la que reflejan los papeles, sino la que se vive cada día. Y esa realidad demuestra que el número de efectivos disponibles para prestar servicio es cada vez menor” han señalado.
Unidos x Laredo pone especial atención en el envejecimiento de la plantilla que “hace prever que esta situación se agravará en los próximos años de no adoptarse medidas de planificación y refuerzo”.
Por todo ello, Unidos x Laredo considera que la respuesta no puede limitarse a esperar las jubilaciones para generar vacantes.
“La solución exige una revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y el incremento del número de plazas de policía para que Laredo disponga realmente de más agentes en la calle y pueda garantizar adecuadamente la seguridad y la prestación del servicio” han subrayado.
A juicio de esta formación política resulta difícil de comprender que, mientras disminuyen los efectivos operativos y aumenta la necesidad de refuerzos, el Ayuntamiento haya permitido que una plaza de Policía Local se pierda por el mero transcurso del tiempo.
“La pregunta que muchos vecinos pueden hacerse es sencilla: ¿Cómo es posible que, necesitando más policías, se haya terminado perdiendo una plaza por no culminar a tiempo el procedimiento para cubrirla?” han indicado.
Unidos x Laredo estima que a esta delicada situación de la policía local se ha llegado:”Porque las plazas no se cubren solas. Las plantillas no se rejuvenecen por sí mismas.Y los problemas de seguridad no se resuelven con anuncios ni con titulares. Se resuelven con planificación, con previsión y con una gestión responsable” han enfatizado.
Finalmente, este partido local pone el acento en la gestión al señalar que la pérdida de una convocatoria puede ser una consecuencia administrativa. “Pero la ausencia de una política de recursos humanos capaz de anticiparse al envejecimiento de la plantilla y a la disminución de efectivos es un problema mucho más serio. Y sobre ello, el Equipo de Gobierno tiene la obligación de ofrecer explicaciones” han concluido.

18/06/2026

Casares reivindica “la colaboración y el acuerdo” institucional para hacer “realidad” el soterramiento de las vías en Torrelavega
-El delegado del Gobierno en Cantabria destaca que este proyecto no es sólo la ejecución del soterramiento ferroviario sino que incluye una nueva estación en Torrelavega, un aparcamiento subterráneo y la urbanización de todo el entorno, los accesos y viales, con una actuación que abarcará 45.000 metros cuadrados
-El presidente de Adif ha avanzado que el proyecto, con una inversión de 139 millones y de los que 70 los aporta la empresa pública, está redactado y aprobado y se licitará antes de finalizar este año para que las obras comiencen en 2027

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado “la colaboración, el diálogo y el acuerdo” institucional que permite hacer “realidad” el soterramiento de las vías del ferrocarril en Torrelavega, un proyecto que supondrá una inversión de 139 millones de euros y en el que el Gobierno de España, a través de Adif, aportará el 50%, es decir, 70 millones de euros.
Casares así lo ha ensalzado en el acto de firma del convenio para el soterramiento de Torrelavega, que se ha celebrado en la Delegación del Gobierno.
El representante del Estado y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, han presidido la rubrica del documento que han firmado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.
En el acto, en el que también ha participado el primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Luis Urraca, Casares ha ensalzado que este convenio es “mucho más que un acuerdo” ya que supone “cumplir con la palabra dada a los hombre y mujeres” de la capital del Besaya.
“Este proyecto demuestra que cuando el Ayuntamiento de Torrelavega, el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España trabajan juntos, con lealtad institucional y con un objetivo compartido, los proyectos salen adelante”, ha señalado, y también ha considerado que refleja un “compromiso compartido para que Cantabria avance como nunca”.
El proyecto del soterramiento se impulsa ahora definitivamente con el compromiso de las tres administraciones de aportar 139 millones de euros (70 que aportará Adif, 41 el Gobierno regional y 28 el Ayuntamiento) a partir de este 2026, con una anualidad de 14 millones de euros, 7 de ellos de Adif.
Casares ha enfatizado que este proyecto “eliminará una barrera histórica en la ciudad, mejorará la integración urbana, favorecerá la movilidad y abrirá nuevas oportunidades de desarrollo económico y social”.
Y es que el proyecto no es sólo la ejecución del soterramiento ferroviario sino que incluye una nueva estación en Torrelavega, un aparcamiento subterráneo y la urbanización de todo el entorno, los accesos y viales, con una actuación que abarcará en total 45.000 metros cuadrados.
“Será un antes y un después para Torrelavega y permitirá ganar calidad y vida y tener una ciudad mucho más segura, más habitable y más saludable”, ha asegurado el representante del Estado.
Asimismo, ha reivindicado que “todo lo que avanza en Cantabria tiene el respaldo y la inversión del Gobierno de España” y se ha referido a la autorización este pasado martes por el Consejo de Ministros del convenio para la construcción de la estación intermodal de La Pasiega financiada al 50 % por el Gobierno de España.
“Cantabria es una prioridad en la agenda del Gobierno de España y cuenta como nunca antes lo había hecho”, ha afirmado el delegado del Gobierno.
Licitar el proyecto antes de finalizar 2026 y en obras en 2027
Por su parte, el presidente de Adif ha avanzado que la empresa pública ya tiene redactado y aprobado el proyecto del soterramiento de las vías del tren en Torrelavega y que espera que pueda licitarse antes de finalizar este año 2026.
“A mi llegada a Madrid daré indicaciones para que se realice ya la petición y solicitud de autorización al Consejo de Ministros para que realicemos la licitación de esta obra antes de finales de año y con el compromiso de empezar las obras el año que viene”, ha dicho.
Ha detallado que se trata de “una actuación integral que combina la mejora del servicio, la seguridad, la regeneración urbana y la mejora de la vida de los ciudadanos de Torrelavega”.
También ha destacado que el proyecto se ejecutará manteniendo el servicio ferroviario, para lo que está ya próximo a concluir la ejecución de la vía auxiliar a lo que se sumará un andén provisional en el entorno de La Carmencita.
“Esto permitirá dar el servicio ida y vuelta entre Santander y Torrelavega sin transbordo o planes alternativos”, ha destacado Marco de la Peña.

18/06/2026

Opinión
El caso del Tenis y las preguntas que siguen sin respuesta…
Por Ramón Arenas, Secretario General y portavoz municipal de Unidos x Laredo

El llamado asunto del Aparthotel Tenis lleva más de treinta años recorriendo Juzgados y Tribunales. Tres décadas de sentencias, recursos y resoluciones judiciales que han ido construyendo una auténtica arquitectura jurídica alrededor de uno de los litigios urbanísticos más importantes de la historia de Laredo.
Y hay que reconocer algo: los propietarios se han defendido a ultranza. Han ejercido todos los derechos que la ley pone a disposición de cualquier ciudadano. Nada que objetar a ello.
Precisamente por eso, porque hablamos de más de treinta años de resoluciones judiciales firmes, creo que conviene formular algunas preguntas que merecen una reflexión serena.
La primera es muy sencilla.
¿Puede una ejecución de sentencia acabar convirtiéndose en una renegociación de lo ya juzgado?
Porque ejecutar una sentencia significa cumplirla. No volver a discutirla. Y mucho menos modificar aquello que ya fue definitivamente decidido.
La propia Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos. Y eso significa que ni las partes, ni siquiera los Tribunales, pueden alterar aquello que ya ha sido resuelto de forma firme.
La cuestión no es menor.
Durante estos treinta años se han dictado numerosas resoluciones, entre ellas las sentencias del Tribunal Supremo de 1999 y 2006 y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de febrero de 2002, que fueron delimitando las responsabilidades y fijando el alcance jurídico del caso.
Sin embargo, el Auto dictado el 5 de marzo de 2026 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha abierto un debate jurídico de enorme trascendencia.
Y lo más llamativo es que el propio Auto se presenta como la formalización de una solución consensuada entre las partes al amparo del artículo 77 de la Ley Jurisdiccional, es decir, como una especie de ejecución convencional.
Hasta aquí, nada habría que objetar.
Pero aparece una pregunta inevitable.
¿Puede un acuerdo entre las partes modificar materialmente el contenido de sentencias firmes acumuladas durante más de treinta años?
Y aquí surge una circunstancia particularmente interesante.
En septiembre de 2023, la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictó una sentencia cuyo fundamento jurídico quinto recordaba expresamente un principio elemental:
Las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos.
La ponente de aquella sentencia era la magistrada María Esther Castanedo García.
Es decir, la misma magistrada que posteriormente ha intervenido en el Auto de 5 de marzo de 2026.
No se trata de cuestionar la independencia, la honorabilidad ni la profesionalidad de nadie.
Ni mucho menos.
Pero sí de señalar una aparente tensión jurídica entre dos planteamientos que, al menos para un observador profano, resultan difíciles de conciliar.
Porque si en 2023 se recordaba que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos, resulta inevitable preguntarse cuáles son exactamente los límites de una ejecución convencional basada en el artículo 77 de la Ley Jurisdiccional.
Pero existe otro aspecto todavía más llamativo.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 14 de febrero de 2002 estableció un pronunciamiento de enorme trascendencia:
El Ayuntamiento de Laredo quedaba excluido de la responsabilidad derivada del exceso edificatorio del Aparthotel Tenis.
Aquella resolución configuró una determinada arquitectura jurídica que posteriormente fue consolidada por la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006.
Sin embargo, el Auto de 5 de marzo de 2026 introduce un escenario que suscita interrogantes de enorme relevancia.
Porque, al menos aparentemente, el Ayuntamiento, que había sido exonerado de responsabilidad por la sentencia de 2002, pasa ahora a soportar económicamente los gastos derivados de la ejecución.
Y aquí surge una pregunta que cualquier vecino de Laredo puede comprender.
Si el Ayuntamiento no era responsable del exceso edificatorio, ¿por qué terminan pagando los laredanos con su dinero las consecuencias de aquello mismo de lo que había sido expresamente exonerado?
¿Nos encontramos simplemente ante una forma distinta de ejecutar las sentencias?
¿O se está alterando, en la práctica, el equilibrio jurídico fijado por las resoluciones firmes?
Porque una cosa es ejecutar una sentencia.
Y otra muy distinta trasladar a quienes habían sido liberados de responsabilidad la carga económica de aquello mismo de lo que habían sido expresamente exonerados.
Y precisamente aquí reaparece la cuestión esencial.
La misma magistrada que en septiembre de 2023 recordó que las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos participa posteriormente en un Auto que parece conducir a una consecuencia difícilmente conciliable con aquella doctrina.
No se trata de un debate personal.
Ni político.
Ni de discutir la obligación de ejecutar las sentencias.
La cuestión es mucho más profunda.
La verdadera pregunta es ésta:
¿Puede una ejecución modificar aquello que ya fue juzgado?
Porque ejecutar una sentencia es una cosa.
Pero sustituirla es otra muy distinta.
Y quizá sea ahí donde reside el verdadero debate constitucional de este asunto.
Un debate que afecta a principios tan esenciales como la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la fuerza de la cosa juzgada.
Al final, la pregunta que sobrevuela todo este proceso es extraordinariamente sencilla y cualquiera puede entenderla.
Si una sentencia firme decidió determinadas cuestiones hace años, ¿pueden esas mismas cuestiones volver a redefinirse después bajo la apariencia de una ejecución?
La respuesta a esa pregunta probablemente trasciende el caso del Aparthotel Tenis.
Porque afecta a algo mucho más importante.
A la confianza de todos los ciudadanos en que las sentencias firmes significan exactamente lo que dicen y siguen significando lo mismo treinta años después.
Y esa confianza constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.

18/06/2026

El PSOE reclama conocer los proyectos aprobados en abril de 2025 en una modificación de crédito de más de cinco millones de euros
-Se ha incumplido un compromiso de información a los Grupos del titular de Obras, Benito Ortiz, por lo que los socialistas han solicitado de la Secretaría General certificación conteniendo la relación íntegra y detallada de los fines y gastos contemplados en las partidas aprobadas, con sus importes exactos

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado, mediante registro a la Secretaría General del ayuntamiento de Laredo, una solicitud formal de certificación para aclarar si existen proyectos técnicos que respalden cada una de las ocho partidas incluidas en la Modificación Presupuestaria n.º 4/2025, aprobada inicialmente en el Pleno extraordinario del pasado 25 de abril de 2025 que contó con el apoyo del propio grupo socialista.
Esta modificación, según explican los socialistas, habilitó un importe de 5.158.000 euros procedentes del Remanente de Tesorería, pese a que como fue denunciado en el debate de la sesión plenaria por el portavoz socialista Javier Ramírez Díez, el Equipo de Gobierno no aportó ni un solo proyecto, anteproyecto, memoria valorada o presupuesto de contrata que justificara el importe de cada una de las actuaciones previstas. «Estamos aprobando cinco millones de euros sin ver un solo papel. No sabemos qué se va a hacer exactamente, ni cómo, ni cuándo. Eso no es gestión municipal, es un acto de fe», advirtió Ramírez en la sesión. Las siete partidas entonces cuestionadas suman un montante total de 1.128.000 euros correspondiéndose a diversos proyectos como pasarela en El Puntal, 15.000 euros; reparaciones en el colegio «Villa del Mar», 20.000; verja de la Casa de Cultura, 18.000;vaso de la piscina municipal, 40.000;sistema contraincendios del Polideportivo, 25.000; gradas y vestuarios del campo de fútbol, 1.000.000 y antena para Radio Laredo, 10.000 €.
En el transcurso de la sesión plenaria de aprobación del citado expediente, el portavoz de OLA Cantabria y a su vez presidente de la Comisión de Obras, Benito Ortíz, se comprometió públicamente a convocar una Comisión mixta en los primeros diez días de mayo de 2025 para entregar a todos los grupos los proyectos. Un compromiso que, pasado un año, no ha sido cumplido. A la vista de la situación creada y del incumplimiento del compromiso realizado en sesión plenaria por el representante del equipo de gobierno, el Grupo Socialista ha solicitado de la Secretaría General certificación conteniendo la relación íntegra y detallada de los fines y gastos contemplados en las partidas aprobadas, con sus importes exactos. La existencia o no en el expediente de proyectos técnicos, anteproyectos, memorias valoradas o presupuestos que justifiquen individualmente las cifras consignadas. La acreditación de si el acuerdo provisional del 25 de abril de 2025 ha devenido a definitivo y si ha sido publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme previene el articulado del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.
Esta petición, que en ningún caso cuestiona ninguna de las inversiones contempladas en el expediente de modificación de créditos aprobado y que contó con la aprobación del propio grupo socialista, se produce en el ámbito de las obligaciones de control y fiscalización del gasto municipal que poseen los miembros de la Corporación y que para el portavoz socialista, Javier Ramírez, «es lo mínimo que se puede exigir a un Gobierno municipal, transparencia pública y conocimiento del destino de los dineros públicos».

18/06/2026

Prisión provisional para el presunto autor del apuñalamiento mortal en Santander
-También ha pasado a disposición judicial una cuarta persona, que ha quedado en libertad con obligación de comparecer quincenalmente ante el tribunal

El titular de la Plaza n.º 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, hoy en funciones de guardia, ha acordado ingresar en prisión provisional comunicada y sin fianza al presunto autor del apuñalamiento mortal sucedido en la madrugada del pasado sábado en Santander.
Además, ha pasado a disposición judicial un cuarto detenido, que ha quedado en libertad provisional, con obligación de comparecer quincenalmente ante el tribunal.
Estas decisiones han sido adoptadas por el magistrado que hoy está de guardia, si bien es la titular de la Plaza n.º 3 la que instruye las diligencias abiertas por un delito de homicidio.
En el auto hoy dictado, el magistrado de guardia explica que, “a título meramente indiciario”, del atestado se desprende que sobre las cuatro y cuarto de la madrugada expulsaron de un pub de la calle Santa Lucía a un joven, “iniciándose a las puertas una discusión acalorada” entre este y otras personas.
Ello derivó “en una situación violenta que hizo que el joven huyera perseguido por un grupo de jóvenes”, entre ellos el ahora ingresado en prisión provisional, que “portaba una navaja de once centímetros de hoja con cachas de madera con la que presuntamente terminó dando muerte” al joven.
El magistrado de guardia acuerda hoy el ingreso en prisión incondicional de este detenido pues concurren los requisitos exigidos para adoptar la medida cautelar privativa de libertad, como es que el delito castigado conlleva una pena elevada, que “en términos meramente indiciarios” se le puede atribuir el homicidio y que existe riesgo de fuga, dada “la gravedad del hecho y de la pena que lleva aparejada”.
Y añade que el riesgo de fuga es “especialmente intenso” y que resulta “inviable que pudieran plantearse medidas menos gravosas, como la fijación de una fianza, de ahí que la medida solo puede ser incondicional, todo ello sin perjuicio que, en función de los indicios que puedan recabarse y de los avances en la instrucción, la magistrada competente modifique la presente decisión”

18/06/2026

Nueva jornada de huelga en Prysmian después de que un 56% de la plantilla rechazara la propuesta planteada por la empresa
-El comité de empresa ha señalado que ha votado el 93,5% de la plantilla y que el 67% del personal especialista y no cualificado ha votado en contra de aceptar las condiciones de la dirección y ha refrendado la postura de la representación sindical de no ceder a las presiones y seguir luchando por un incremento salarial y un convenio justo

La plantilla de Prysmian, la fábrica de cable de Maliaño, ha dicho ‘no’ a la propuesta de la dirección de la empresa para poner fin al conflicto iniciado hace más de un mes y medio ante el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo y el empeño de la empresa de congelar los salarios de las casi 140 personas que trabajan en la factoría. Así, tras la votación de ayer, hoy están de nuevo en huelga y la fábrica, una vez más, ha amanecido cerrada y sin actividad productiva.
Tras la última reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), la empresa puso sobre la mesa una propuesta que, aunque se acercaba a las pretensiones de la representación sindical, aún mantenía diferencias que impedían cerrar un acuerdo.
Fue entonces cuando el comité de empresa decidió someter a votación la propuesta, porque la empresa amenazó con retirar esa última oferta que el comité previamente había rechazado y el resultado ha refrendado al comité. El 56% de la plantilla ha dicho no. Con una participación que superó el 93,5%, de un censo total de 139 personas, la representación sindical ha querido subrayar que en la parte del personal especialista y no cualificado, es decir, el personal de producción, el rechazo ha alcanzado el 67%, de un total de 106 votos, mientras que, por el contrario, el personal de oficinas estuvo conforme con el acuerdo en un 95%, de un total de 24 votos.
“Está claro que quienes están aquí día a día secundando las movilizaciones y al pie de cañón refrendan nuestra postura de luchar por lo que consideramos justo. Repetimos que no estamos pidiendo nada desorbitado, simplemente mantener el poder adquisitivo, y eso sólo será posible si hay incrementos salariales acordes. Con esta votación entendemos que la plantilla quiere que sigamos y es nuestra responsabilidad seguir negociando. Ya nos habíamos acercado mucho pero la empresa no quiere avanzar para poder firmar el acuerdo”, ha señalado Ismael Vega (CCOO), presidente del comité de empresa.
Hoy se realizarán asambleas en la puerta de la fábrica para informar y analizar la votación de ayer a la espera de nuevos movimientos de la empresa y de convocatorias de reunión para seguir negociando. El comité no descarta un nuevo calendario de movilizaciones si no se producen avances.

$La Guardia Civil interviene 700 camisetas de fútbol de supuestas marcas oficiales, por infracción de contrabando-Además ...$

18/06/2026

La Guardia Civil interviene 700 camisetas de fútbol de supuestas marcas oficiales, por infracción de contrabando
-Además de carecer de etiquetado legal, no se disponía de documentación que amparará la lícita adquisición o importación
-El perjuicio económico de su venta en original y en tienda supera los 70.000 euros

La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a la intervención de 705 artículos de mercancía textil y complementos de supuestas marcas oficiales, que eran transportados en una furgoneta y de los que se carecía de documentación que amparase su lícita adquisición o importación, siendo considerado una presunta infracción de contrabando.
Dentro de los servicios que realizan las Patrullas Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil de Cantabria, a principios del presente mes de junio se encontraban realizando este tipo de actividades en la zona de El Astillero, procediendo a dar el alto a un vehículo que podía haber infringido una norma de tráfico y para comprobar el estado de matriculación al portar placas extranjeras.
Una vez identificado el conductor y su residencia legal en España, los agentes pudieron comprobar que circulaba de forma antirreglamentaria con las mencionadas placas de matrícula, por haber superado los plazos legales para su matriculación definitiva en territorio nacional, lo que implica contravenir la normativa de Impuestos Especiales y de Vehículos, siendo denunciado por ello.
Mientras realizaban estas comprobaciones, pudieron observar que transportaba en la furgoneta diferentes cajas, procediendo a la inspección de la mercancía.
Se hallaron un total de siete cajas que contenía cada una 100 unidad de camisetas de fútbol, muchas de ellas de selecciones participantes en el mundial, carentes del marcado CE, etiquita legal y no amparadas por documento que acreditará su lícita adquisición o importación. Además, se encontraron otras cinco unidades de gafas de sol y cinturón, en las mismas condiciones que las camisetas.
Se calcula en más de 70.000 euros el perjuicio económico en base a su precio en original y en tienda de venta al público.
Además de intervenir todos los efectos, por estos hechos se ha confeccionado informe denuncia por una presunta infracción de contrabando, dirigida a la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Santander.

18/06/2026

CCOO inicia una ronda de reuniones con partidos políticos para recabar compromisos sobre la revisión de las Zonas de Gran Afluencia Turística
-El sindicato traslada a las fuerzas políticas la problemática que suponen estas zonas tanto en el empleo como en el pequeño comercio
-Rosa Mantecón: “La defensa del comercio local y la promoción de la actividad turística deben ir de la mano de la protección de los derechos laborales”

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha iniciado una ronda de reuniones con los partidos políticos para trasladarles la problemática que suponen las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) tanto en el empleo como en el comercio local y darles a conocer la propuesta de revisión de las zonas autorizadas en Cantabria.
Se trata de una propuesta impulsada por CCOO de Cantabria junto a la federación de Servicios del sindicato con la que la organización persigue “poner de manifiesto el impacto de las ZGAT sobre las condiciones laborales de las plantillas del sector y sobre la viabilidad del comercio local y recabar el compromiso de los partidos para acometer su revisión”.
“Queremos que todas las fuerzas políticas conozcan las consecuencias de la actual configuración de estas zonas, intercambiar puntos de vista y explorar posibles vías de actuación que permitan la revisión para compatibilizar la actividad económica y turística con la defensa del empleo de calidad y del comercio local”, ha señalado Rosa Mantecón, secretaria general de CCOO de Cantabria.
El primer encuentro ha tenido lugar este miércoles entre Mantecón, que ha estado acompañada de Pablo Toyos, secretario general de la federación de Servicios de CCOO en Cantabria, y Pedro Casares, secretario general del PSOE, junto a los portavoces del PSOE, del Parlamento y del Ayuntamiento de Santander, Ainoa Quiñones, Mario Iglesias y Daniel Fernández. Sobre esta reunión, Mantecón ha destacado “la sintonía entre ambas partes en la necesidad de abordar el análisis de las ZGAT y las posibilidades para adecuarlas a la realidad de los municipios de Cantabria, poniendo siempre en el centro los derechos de las personas trabajadoras, que son nuestra prioridad”.
CCOO ha recordado que las Zonas de Gran Afluencia Turística constituyen una excepción al régimen general de horarios comerciales y, por lo tanto, “su delimitación geográfica y temporal debe responder a criterios de proporcionalidad y a una vinculación real con la actividad turística y comercial de cada municipio de Cantabria”. En este sentido, el sindicato ha insistido en que, por la experiencia de estos años, resulta necesario revisar estas zonas para garantizar que responden a necesidades reales y no se conviertan en una herramienta que beneficie únicamente a las grandes superficies comerciales en detrimento de los derechos laborales y del pequeño comercio.
“Las ZGAT deben responder a la realidad turística y comercial de cada municipio y no a intereses puramente económicos de grandes superficies y cadenas. La defensa del comercio local y la promoción de la actividad turística deben ir de la mano de la protección de los derechos laborales”, ha destacado Mantecón.
La ronda de reuniones continuará la próxima semana con encuentros previstos con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Cantabristas e Izquierda Unida (IU).

18/06/2026

DEAN solicita el expediente completo de las sueltas de vaquillas de San Pedruco en Solares
-La Federación considera que el acceso a los expedientes administrativos resulta imprescindible para comprobar que las actividades autorizadas por las Administraciones Públicas cumplen con todas las garantías legales, técnicas, sanitarias y de seguridad exigibles

La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) ha registrado sendas solicitudes de acceso a la información pública dirigidas al Ayuntamiento de Medio Cudeyo y a la Junta Vecinal de Solares, así como a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad Y Simplificación Administrativa, concretamente a la Dirección General De Seguridad y Protección Ciudadana, en relación con las sueltas de vaquillas previstas para los días 26 y 27 de junio en las fiestas de San Pedruco.
Las solicitudes tienen por objeto obtener acceso a la documentación administrativa relativa a la autorización y organización de los festejos, incluyendo los expedientes de autorización, la documentación de la plaza de toros portátil, los planes de seguridad y emergencia, los dispositivos sanitarios previstos, la documentación veterinaria, los seguros de responsabilidad civil y la información relativa a la financiación pública vinculada a estos eventos.
Según la información difundida públicamente, los festejos cuentan con el patrocinio de la Junta Vecinal de Solares y la organización de una empresa especializada en espectáculos taurinos.
DEAN señala que esta actuación se enmarca en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública reconocido por la legislación de transparencia y en su labor de seguimiento de las actividades que implican la utilización de animales y recursos públicos.
"Estamos ejerciendo un derecho reconocido por la legislación de transparencia y una labor de fiscalización que consideramos necesaria cuando existen actividades con animales y financiación pública. Queremos conocer el contenido íntegro de los expedientes y comprobar que todas las garantías legales, sanitarias y de seguridad se cumplen adecuadamente", ha señalado Victoria Cedrún, portavoz de la Federación DEAN.
La entidad considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones en las que se autorizan este tipo de actividades, así como las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de participantes y espectadores y los controles administrativos y veterinarios que se realizan con carácter previo a su celebración.
“La transparencia no debería ser una excepción cuando hablamos de festejos con animales. Cuando existen autorizaciones administrativas, utilización de recursos públicos y responsabilidades en materia de seguridad y bienestar animal, la sociedad tiene derecho a conocer cómo se toman las decisiones y qué controles se realizan", ha manifestado Victoria Cedrún
Entre la documentación solicitada se encuentran también los certificados de seguridad de la plaza de toros portátil, la documentación relativa al aforo autorizado, los planes de evacuación, los contratos o acuerdos suscritos con la empresa organizadora y la información relativa a las aportaciones económicas o ayudas públicas destinadas a la celebración de los festejos.
"Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a saber qué recursos públicos se destinan a estos eventos, quién asume las distintas responsabilidades organizativas y qué controles se realizan para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Solicitar esa información no es cuestionar un expediente; es ejercer un mecanismo básico de control democrático", ha añadido la portavoz de DEAN.
La Federación considera que el acceso a los expedientes administrativos resulta imprescindible para comprobar que las actividades autorizadas por las Administraciones Públicas cumplen con todas las garantías legales, técnicas, sanitarias y de seguridad exigibles.
Una vez analizada la documentación solicitada, DEAN valorará las actuaciones que, en su caso, procedan en defensa del bienestar animal, la transparencia administrativa y el cumplimiento de la legalidad vigente.

El Atalayero

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