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El Atalayero, Laredo (2026)

04/06/2026

El Gobierno de Cantabria refuerza la protección del sistema dunar de Canallave con un cierre perimetral para recuperar este espacio
La actuación ejecutada se completa con la plantación de arbolado y arbusto para mejorar la integración paisajística y generar zonas de sombra en los aparcamientos anejos a las playas
La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha ejecutado una actuación en el aparcamiento de Canallave, en el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, centrada prioritariamente en la protección del sistema dunar mediante la instalación de un cierre perimetral, así como en la renaturalización del entorno con plantaciones de arbolado y arbustos.
La consejera, María Jesús Susinos, ha visitado la zona junto al alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y miembros de la corporación municipal, entre ellos, César Blanco, concejal de Obras, Movilidad y Eficiencia Energética; David Diego, concejal de Conservación y Servicios Generales; y la concejala de Medio Ambiente, Inmaculada Araunabeña, así como el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández, para comprobar el resultado de los trabajos.
Protección del sistema dunar
La actuación ha tenido como eje principal la instalación de un cierre perimetral natural con estacas de madera y maromas biodegradables, diseñado para evitar el tránsito desordenado hacia el sistema dunar.
In situ, la consejera ha destacado que la prioridad de esta actuación ha sido "proteger el sistema dunar, un ecosistema especialmente frágil, frente a usos inadecuados que estaban provocando su degradación".
Susinos ha subrayado que con este cerramiento se marca "de forma clara dónde se puede estar y dónde no, ayudando a ordenar el uso público y favoreciendo la recuperación de la vegetación y la estabilidad de las dunas".
Por su parte, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha puesto en valor el impacto de la intervención dado "no es ningún secreto que muchas personas aparcaban en Canallave y accedían directamente a la duna, incluso con furgonetas o autocaravanas" por lo que, con este vallado, "se protege la duna y se señala de forma visual el uso correcto del espacio. Es una medida fundamental para conservar este entorno natural".
Recuperación del entorno vegetal
Además del cierre, el proyecto ha incluido la plantación de encinas y metrosideros, adaptadas a las duras condiciones del entorno costero, con fuerte exposición al viento, salinidad y suelos arenosos que la consejera ha calificado de muy adecuadas para recuperar la vegetación en el entorno del aparcamiento.
Caramés ha recordado la evolución del espacio dado que "existían desde hace décadas tamarindos que han desaparecido en más del 90% y los pocos que quedaban estaban en mal estado".
"El objetivo es que en pocos años la imagen sea completamente distinta, además de aportar sombra a una zona muy utilizada como Canallave y Valdearenas", ha confirmado el alcalde.
El ámbito de la intervención se encuentra dentro del Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, uno de los enclaves más valiosos del litoral cántabro.
La actuación ha contado con una inversión de 48.182 euros, financiados al 100% por fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Los trabajos se han ejecutado en un plazo aproximado de un mes, conforme a criterios de sostenibilidad, funcionalidad y mínimo impacto ambiental.

04/06/2026

La Dirección de Enfermería de Valdecilla, en el top 15 nacional según el Monitor de Reputación Enfermera
-El Hospital Valdecilla se sitúa en el puesto 14 a nivel nacional, junto a los hospitales de grandes capitales de todo el país

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha sido premiado como uno de los centros con mejor equipo de Dirección Enfermera de España. Según el último análisis del Monitor de Reputación Enfermera (MRE), Valdecilla se sitúa en el puesto 14 a nivel nacional, junto a los hospitales de grandes capitales de todo el país.
Los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025 han sido entregados en el Consejo General de Enfermería (CGE) en Madrid, galardonando a las mejores direcciones de Enfermería de los hospitales públicos, privados y monográficos, los centros de salud y los centros sociosanitarios y también a las empresas fabricantes de productos que prescriben las enfermeras, según los datos de la 11ª edición del Monitor de Reputación Enfermera (MRE).
En esta ocasión, el ranking ha contado con la participación de 2.261 profesionales de la enfermería, de 649 gestores enfermeros y de 572 gerentes y directivos de hospitales, que han evaluado cuestiones como el liderazgo enfermero, la calidad asistencial y la confianza y solvencia profesional.
Puesto 14
Ocupar el puesto 14 en España supone un hito para Valdecilla, que compite en reputación con los gigantes sanitarios de las grandes capitales del país, demostrando que, con una gestión sólida y un equipo comprometido, una región como Cantabria puede liderar la vanguardia sanitaria nacional.
Tal y como indica el director de Enfermería de Valdecilla, Luis Mariano López, "estar en este top nacional demuestra que en Valdecilla no solo gestionamos recursos, lideramos personas". En este sentido, indica que "este es un reconocimiento al ADN de excelencia que cada enfermera de Valdecilla imprime en su trabajo diario, ya que no premia solo la gestión administrativa, sino la capacidad de nuestros equipos para adaptarse a un entorno sanitario complejo".
En el ámbito de la sanidad pública, el Hospital Universitario La Paz de Madrid encabeza el ranking nacional de reputación en gestión enfermera, con el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y el Hospital Universitario 12 de Octubre completando el podio.

04/06/2026

El Gobierno amplía el plazo de información pública del PROT para favorecer la máxima participación y en consenso en la ordenación territorial de Cantabriaa
-La decisión, aprobada por la CROTU, permitirá a ciudadanos, entidades y colectivos presentar hasta el 13 de julio alegaciones y aportaciones a un documento estratégico para el futuro de la Comunidad

La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) ha acordado hoy ampliar en 22 días hábiles el periodo de información pública del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), con el objetivo de favorecer la máxima participación de la ciudadanía, las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos y el conjunto de la sociedad civil en la elaboración de este documento estratégico para el futuro de Cantabria.
La medida acordada, que será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el próximo 8 de junio, supone extender en un 50 por ciento el periodo inicialmente previsto, de acuerdo con lo establecido en la normativa administrativa vigente. De este modo, el trámite de información pública, que concluía inicialmente el 11 de junio, permanecerá abierto hasta el próximo 13 de julio.
El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha destacado que esta ampliación busca facilitar la máxima participación posible y el consenso en la tramitación de un documento "histórico" para Cantabria, de modo que pueda enriquecerse con las aportaciones de ciudadanos, colectivos y administraciones antes de su aprobación definitiva.
"Después de más de dos décadas de bloqueo, Cantabria dispone por fin de un Plan Regional de Ordenación del Territorio en tramitación. Precisamente por la importancia que tendrá para el desarrollo de nuestra Comunidad durante las próximas décadas, queremos que ciudadanos, colectivos y administraciones dispongan de todo el tiempo posible para estudiarlo y participar en su mejora", ha afirmado Media.
En este sentido, el consejero ha insistido en la importancia de que el PROT sea "un instrumento construido entre todos" y ha subrayado que la incorporación de nuevas aportaciones contribuirá a reforzar la calidad y solidez del texto.
Media ha recordado que ha sido el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga el que ha desbloqueado e impulsado la tramitación del Plan tras décadas sin avances efectivos en su aprobación. "Esperamos que nadie pueda decir que no ha tenido tiempo para presentar sus alegaciones. Que todo el mundo tenga claro que el PROT llegará al Parlamento en esta legislatura porque llevamos 25 años esperando a aprobar este documento y Cantabria no puede perder más tiempo", ha expresado.
Además, ha afirmado que el PROT constituye el principal instrumento de planificación territorial de Cantabria y establecerá las directrices que orientarán el desarrollo de la región en ámbitos como el crecimiento urbano, las infraestructuras, la actividad económica, la protección ambiental y la cohesión territorial.
Con esta prórroga, el Ejecutivo autonómico reafirma su voluntad de seguir avanzando en la tramitación de un documento largamente esperado y de contar con una herramienta de planificación moderna, que permita ordenar el territorio de manera equilibrada, sostenible y coordinada.
Sobre su tramitación, Media ha explicado que, una vez finalizado el periodo de información pública, analizadas las alegaciones y obtenida la Declaración Ambiental Estratégica, el documento será aprobado provisionalmente por la CROTU y continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como Proyecto de Ley, que será remitido al Parlamento de Cantabria.
"Llevamos 25 años esperando este documento estratégico y no podemos perder la oportunidad de aprobarlo con el máximo consenso posible", ha concluido.

04/06/2026

ANPE acusa al consejero de Educación de faltar a la verdad sobre el traslado de ciclos formativos del IES José del Campo
-El sindicato reitera que su actuación responde exclusivamente a la defensa de la educación pública y a la exigencia de transparencia

ANPE Cantabria rechaza las declaraciones en prensa del Consejero de Educación sobre el traslado de ciclos formativos del IES José del Campo y considera que no se ajustan a los hechos conocidos por esta organización sindical.
El sindicato recuerda que el pasado 27 de abril solicitó una reunión para conocer si existían planes para trasladar estos ciclos a una fundación privada. La respuesta de la Dirección General de Formación Profesional, remitida el 30 de abril, negaba expresamente la existencia de cualquier traslado. Sin embargo, según la información recabada por ANPE, la decisión no fue comunicada oficialmente al centro hasta el 28 de mayo y el compromiso de mantener las enseñanzas dentro de la red pública no llegó por escrito hasta el 1 de junio, después de que el sindicato denunciara públicamente la situación. ANPE Cantabria no puede entender que la primera y única opción sea trasladar las enseñanzas a una entidad privada, en lugar de buscar alternativas en instalaciones públicas.
ANPE también considera inexacta la afirmación de que los docentes no participarán en el traslado, ya que será el equipo directivo del centro (integrado por docentes en activo) quien deba coordinar las actuaciones necesarias para el desmontaje y traslado de maquinaria y equipamientos.
El sindicato reitera que su actuación responde exclusivamente a la defensa de la educación pública y a la exigencia de transparencia. En este sentido, cuestiona por qué no se han buscado alternativas en instalaciones públicas y por qué ni los representantes de los trabajadores, ni la comunidad educativa, fueron informados de unas actuaciones que la propia Administración reconoce que llevaba tiempo estudiando y que afectan a las condiciones laborales del profesorado.
ANPE recuerda que la función de un sindicato es fiscalizar la actuación de la Administración, defender al profesorado y exigir información y garantías en aquellas decisiones que afectan a los centros educativos públicos. Criticar la gestión de este proceso no supone atacar la educación pública, sino ejercer la labor sindical que le corresponde.
Asimismo, considera contradictorio que la Consejería justifique sus actuaciones apelando a problemas conocidos desde hace 17 años. Si esas deficiencias existían, era responsabilidad de la Administración resolverlas. Garantizar la seguridad de alumnado y profesorado es imprescindible, pero ello no impide exigir una mejor planificación, más transparencia y una adecuada rendición de cuentas.
Por último, ANPE considera que el consejero, como máximo responsable de la educación en Cantabria, debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Tras tres años al frente de la Consejería, la comunidad educativa necesita soluciones y compromisos concretos, no explicaciones basadas en la actuación de gobiernos anteriores.
Por ello, ANPE exige al consejero un compromiso por escrito, en lugar de declaraciones incendiarias, de inversión para la reparación y mejora de las instalaciones del IES José del Campo y garantías de que las enseñanzas afectadas regresarán al centro público del que nunca debieron salir en el menor plazo posible, compromiso que a día de hoy no existe con esta organización sindical.

04/06/2026

La instructora del accidente de El Bocal (Santander) rechaza iniciar acción penal contra el responsable de la empresa contratista de la senda costera
-No existe “indicio alguno que permita atribuir al contratista una conducta negligente” que sea causa o haya contribuido al siniestro
-Costas pide documentación para demostrar que el Ayuntamiento mantenía la senda costera, pero la magistrada lo rechaza porque ya se declaró que la Demarcación era la responsable de la conservación y nadie lo recurrió

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander encargada de investigar el accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera, ha rechazado iniciar acción penal contra el responsable de Dragados, la empresa contratista que ejecutó las obras de la senda costera.
En un auto hoy dado a conocer, la magistrada inadmite la petición del Ayuntamiento de Santander de dirigir la acción penal contra los responsables de la contratista y de declarar su eventual responsabilidad civil.
Y es que, según señala la resolución, no existe “indicio alguno que permita atribuir a los responsables de la entidad contratista una conducta negligente con relevancia causal o coadyuvante en la producción del resultado investigado”.
De la investigación realizada hasta ahora, se desprende indiciariamente que la pasarela colapsó por “determinadas deficiencias asociadas al diseño de la obra, singularmente en lo relativo a la robustez de la solución adoptada y a la idoneidad del elemento empleado para los herrajes de apoyo”, y por “la ausencia de las labores de inspección, control, conservación y mantenimiento que resultaban exigibles”.
Pues bien, en cuanto a la actuación de Dragados, “no consta que la ejecución material de la obra se hubiera apartado de las determinaciones contenidas en el proyecto aprobado, ni de las instrucciones recibidas por la dirección facultativo”.
Y “tampoco se ha puesto de manifiesto la existencia de defectos de ejecución concretos imputables a la contratista que hubieran contribuido al proceso de degradación que finalmente desembocó, presuntamente, en el colapso de la estructura”.
La responsabilidad del mantenimiento es de Costas
El auto también da respuesta a una petición de la Demarcación de Costas, que solicitó requerir al Ayuntamiento de Santander para que aportara cierta documentación relativa a las actuaciones llevadas a cabo por la entidad local en materia de inspección, conservación y mantenimiento de distintos elementos en la senda costera.
Así, pedía Costas que, por ejemplo, se solicitara el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de Santander para conocer su ámbito de actuación, el plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada, o los proyectos del Ayuntamiento en base a los cuales se llevaron a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación de otros espacios que fueron parte del proyecto de la senda costera, como el Mirador de Ciriego o La Maruca.
A esta petición de Costas se adhiere la representación procesal del jefe de Proyectos y Obras de la Demarcación hasta el año 2023, investigado en la causa, pues considera que “resulta crucial determinar si el Ayuntamiento de Santander mediante actos propios y la inclusión de elementos de la senda costera en sus contratos de servicios públicos ha venido ejerciendo de facto las competencias de mantenimiento, lo que determinaría su responsabilidad”.
Pues bien, la magistrada decide no acoger estas pretensiones, y ello porque, tal y como explica en la resolución, esa responsabilidad ya quedó determinada en el auto dictado el 23 de marzo, resolución que es firme dado que ninguna parte la recurrió.
En aquel auto se estudió la documentación que aportaron tanto Costas como el Ayuntamiento de Santander y se concluyó que las obras de la senda costera “en modo alguno habían finalizado”, no fueron recepcionadas por el Ayuntamiento y “era y es Demarcación de Costas en Santander la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de tales unidades de obra”.
De hecho, fue aquel auto el que determinó que “podría existir negligencia en el adecuado mantenimiento de la pasarela siniestrada” y acordó seguir la acción penal contra “aquellas personas que por el cargo que ostentaban y ostentan pueden tener responsabilidad directa en su deber de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento de la pasarela”, esto es, los responsables de Costas.
No existen hechos nuevos para volver a valorar quien era responsable
La instructora señala en su auto que ya “se resolvió de forma expresa la cuestión relativa a la atribución de las obligaciones de conservación y mantenimiento” de la pasarela, determinando que “tales obligaciones correspondían a la Demarcación de Costas”, “con exclusión de cualquier responsabilidad atribuible al Ayuntamiento de Santander”.
“La cuestión concerniente a la titularidad de las obligaciones de mantenimiento y conservación de la infraestructura litigiosa ha quedado definitivamente resuelva en esta fase procesal, sin que resulte admisible promover ahora una revisión indirecta de tal pronunciamiento mediante la solicitud de diligencias encaminadas a reabrir un debate ya decidido”, añade.
Y finaliza: “La petición no se sustenta en la aparición de hechos nuevos ni en elementos probatorios sobrevenidos”, “la diligencia pretendida no persigue, por tanto, el esclarecimiento de circunstancias novedosas relevantes para la investigación, sino la reconsideración de una valoración jurídica y fáctica ya efectuada por resolución firme”.

04/06/2026

UxL denuncia que se pretende adjudicar el contrato de basuras sin facilitar toda la documentación en la convocatoria del Pleno
-FCC-COPSESA, empresa licitadora que quedó en segundo lugar, sostiene por escrito que la valoración técnica incurrió en un error material al asignarle cero puntos en uno de los criterios de adjudicación

Unidos x Laredo ha registrado un escrito dirigido al alcalde solicitando la retirada del orden del día del expediente de adjudicación del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria hasta que la Corporación disponga de toda la documentación necesaria para examinarlo con las debidas garantías.
La razón es tan sencilla como preocupante: entre la documentación facilitada a los concejales faltan documentos relevantes que resultan imprescindibles para comprobar las alegaciones formuladas por uno de los licitadores, como ya trasladó verbalmente el portavoz de UxL, Ramón Arenas, a los técnicos municipales.
La propia empresa FCC-COPSESA sostiene por escrito que la valoración técnica incurrió en un error material al asignarle cero puntos en uno de los criterios de adjudicación. Afirma además que la información que demostraría ese supuesto error se encuentra en determinadas páginas de su oferta y en diversas fichas técnicas. Sin embargo, esa documentación no ha sido facilitada a los miembros de la Corporación.
“Dicho de otra manera: se pretende que el Pleno decida sobre un contrato multimillonario sin que los concejales puedan comprobar, en tiempo y forma, como marca la ley y por sí mismos, si la denuncia formulada por uno de los licitadores es cierta o falsa” han señalado desde el citado partido local.
Y añaden que “la pregunta es inevitable: ¿cómo puede votarse responsablemente una adjudicación cuando faltan precisamente los documentos con antelación legal suficiente que permitirían verificar una posible alteración de la puntuación obtenida?”.
Para Unidos x Laredo “lo más grave no es únicamente la ausencia de documentación. Lo verdaderamente preocupante es que, después de haber comunicado esta grave carencia, nadie haya considerado necesario suspender la tramitación hasta completar el expediente y remitir la documentación en tiempo y forma”.
Asimismo, este partido local recuerda que el derecho de acceso a la información no es una concesión graciosa del equipo de gobierno, sino una garantía legal que debe facilitarse con antelación suficiente al Pleno y destinada a asegurar que los representantes públicos puedan formar su criterio con pleno conocimiento de los antecedentes del asunto que van a votar.
“Cuando la información es incompleta, la deliberación deja de ser plenamente informada. Y cuando la deliberación no está plenamente informada, en tiempo y forma, la calidad democrática de la decisión se resiente” han señalado.
Por ello, esta formación política ha solicitado la incorporación inmediata de toda la documentación omitida, su entrega a todos los concejales, el respeto íntegro de los plazos de examen legalmente previstos y la retirada del asunto del orden del día hasta que el expediente esté completo, guardando los tiempos legales.
“Porque la transparencia no consiste en permitir ver una parte de los documentos. La transparencia consiste en permitir verlos todos. Y si los documentos existen, no se entiende por qué no se entregan en tiempo y forma” han concluido.

04/06/2026

La Guardia Civil investiga a un hombre por arrastrar a un perro atado al parachoques de un vehículo
-Al ser recriminado por su actitud, golpeó al animal y lo introdujo dentro del vehículo

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a instruir diligencias en calidad de investigado, a un hombre de 84 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal al arrastrar y golpear a un perro de su propiedad.
Efectivos de la Guardia Civil del Puesto de Renedo de Piélagos comenzaron una investigación al tener conocimiento, que, a principios del mes de mayo en el término municipal de Piélagos, un hombre circulaba con un vehículo llevando atado al parachoques a un perro, el cual iba arrastrando por el suelo.
Gracias a la colaboración ciudadana, le fue recriminada esa acción, provocando que parará el vehículo, si bien, el conductor se bajó del mismo, y tras golpear varias veces al perro, le introdujo al interior del automóvil ausentándose del lugar.
Tras diferentes indagaciones, los agentes pudieron averiguar la identidad del presunto autor de los hechos, y una vez localizado a finales del pasado mes de mayo, pudieron comprobar que el perro en la actualidad se encuentra en buen estado, no presentado lesiones.
Una vez en dependencias de la Guardia Civil, y en calidad de investigado, se ha procedido a instruirle diligencias como presunto autor de los hechos relatados.

04/06/2026

El Pleno de Laredo tratará este viernes sobre la adjudicación del contrario de Limpieza y Recogida de basuras
-El expediente quedó encima de la mesa en la última sesión ordinaria del 28 de mayo

El Pleno del Ayuntamiento de Laredo tratará este viernes, a partir de las ocho y media de la mañana, la propuesta de adjudicación a la empresa Ascán Servicios Urbanos, por un importe de 42.093.600,70, el Servicios de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y otros Servicios Municipales. El plazo de adjudicación será de diez años.
El posible acuerdo, incluye el comprometer y disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria por un importe de 46.302.960. En el dictamen previo de la Comisión votaron a favor el Grupo Popular, el PSOE, Ola Cantabria y los ediles Alejandro Abad y David Palacio, absteniéndose Unidos x Laredo,Hacemos Laredo y PRC.En segundo lugar quedó, en el correspondiente concurso, la actual adjudicataria FCC Medio Ambiente y a continuación Valoriza Servicios Medioambientales.
Este asunto llega hoy a Pleno, en sesión extraordinaria, después de que quedara encima de la mesa en la sesión ordinaria del pasado 28 de mayo.

03/06/2026

El Gobierno entrega a las familias los restos de tres cántabros asesinados durante la Guerra de España: “Casi 90 años después, vuelven a casa”
-El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática preside el homenaje a Cecilio Romaña, Alejandro Miquelarena y Luis Portillo, jóvenes republicanos de Castro Urdiales que fueron fusilados por falangistas en Mirones cuando volvían del frente
-Ángel Víctor Torres: “El olvido nunca es la respuesta. Hay que enfrentar la verdad con firmeza y dignidad”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ha presidido hoy, en Castro Urdiales (Cantabria) el acto de entrega a las familias de los restos de Cecilio Romaña, Alejandro Miquelarena y Luis Portillo, jóvenes republicanos cántabros que fueron fusilados por falangistas en Mirones cuando volvían a casa desde el frente.
El ministro ha señalado la importancia de la recuperación de “cada una de las historias que componen el mosaico de la historia de nuestro país”, y se ha mostrado “emocionado” por haber procurado que estos tres hombres hayan podido “volver a casa, casi 90 años después”.
Luis Portillo tenía apenas 22 años cuando fue asesinado. Procedía de una humilde familia marinera de Castro Urdiales y había combatido en las filas republicanas hasta la caída de Santander. Junto a Alejandro Miquelarena y Cecilio Romaña emprendió el regreso a casa con la esperanza de reencontrarse con los suyos. Nunca llegó. Fueron detenidos, golpeados y asesinados en el Alto del Machorro, en Mirones (Cantabria), el 6 de septiembre de 1937.
Romaña era pescador, padre de cinco hijos y afiliado a la CNT. La guerra le arrebató su trabajo, su tranquilidad y finalmente su vida. Combatió en algunos de los episodios más duros de la guerra en el norte y, cuando ya todo parecía perdido, intentó regresar a su hogar. Fue detenido junto a sus compañeros y asesinado.
Miquelarena, también pescador, tuvo que abandonar la escuela siendo niño para ayudar a su familia. Su compromiso social le llevó a ejercer como concejal del Ayuntamiento de Castro Urdiales y más tarde a incorporarse a las filas republicanas. Tenía 27 años cuando fue asesinado.
Torres -que ha estado acompañado del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, de la subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática, Berta Pérez, y de la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa- ha hecho mención del momento, el pasado abril, en el que comunicaba por teléfono a los familiares (Eduardo Lazcano, Ernestina Olavarría y Alejandro Miquelarena) la identificación de los restos de estas tres víctimas. “Poníamos el broche a años y años de búsqueda y obstáculos, a décadas de injusticia y silencios”, ha indicado.
El ministro ha recordado que “mirar con rigor al pasado no sólo es un deber legal, también es un deber moral, una forma de terapia democrática que no sólo cura heridas, sino que hace justicia a las víctimas y a un país que estuvo demasiado tiempo sumido en la oscuridad”, y ha hecho hincapié en la necesidad de que la juventud conozca lo sucedido para evitar que se repita y que “vuelva la ignominia”.
Para hacerlo, ha recalcado Torres, la mejor herramienta es la Memoria Democrática. “El olvido nunca es la respuesta. Hay que enfrentar la verdad con firmeza y dignidad”, ha dicho, y se ha comprometido: “No vamos a parar. Tenemos aún mucha tarea por delante. 9.000 cuerpos exhumados, a los que seguirán otros tantos. Porque hay que tener el corazón de hielo para negar a un hijo, una nieta o una sobrina dar sepultura, la que quiera, a sus seres queridos”.
En el acto ha participado también la directora del equipo técnico de la exhumación, Lourdes Herrasti, y el presidente de la Asociación Héroes de la República y la Libertad, don Jorge Suárez.

03/06/2026

El PRC propone simplificar la justificación de las subvenciones para facilitar el trabajo de los colectivos sociales
-Paula Fernández aboga por un sistema "unificado, más flexible y menos burocrático"

El Grupo Regionalista ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para reclamar al Gobierno autonómico una reforma de las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a asociaciones, colectivos sociales y entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de "unificar los procedimientos y hacerlos más sencillos y adaptados a la realidad" de estas organizaciones.
Frente a la disparidad actual y para evitar la pérdida de ayudas por la "rigidez administrativa" de muchas convocatorias, la iniciativa plantea implantar criterios comunes para todas las subvenciones públicas destinadas al tercer sector
La propuesta surge ante las dificultades que sufren muchas asociaciones a la hora de gestionar el acceso a las ayudas, como consecuencia de la "complejidad burocrática y las diferencias de regulación entre unas consejerías y otras".
Así lo ha dado a conocer la diputada y candidata del PRC, Paula Fernández, quien ha explicado que actualmente hay ayudas que permiten adaptar los proyectos cuando la subvención concedida es por un importe menor a la solicitada, mientras que otras se rigen por bases "mucho más rígidas e impiden incluso cambios pequeños en los presupuestos".
"Se están poniendo en riesgo ayudas imprescindibles para colectivos que prestan una importante función social en ámbitos donde no llega la Administración, por lo que es urgente un cambio para unificar las bases reguladoras y acabar con las trabas que dificultan proyectos esenciales", ha explicado.
Fernández Viaña ha hecho hincapié en la "inseguridad jurídica" y los problemas que afrontan especialmente las asociaciones más pequeñas, que no cuentan con personal técnico y administrativo especializado para afrontar procedimientos administrativos complejos.
Además, ha detallado que la falta de criterios comunes provoca diferencias "difícilmente justificables" entre convocatorias similares, dependiendo únicamente del departamento que concede la ayuda.
Frente a esta situación, la propuesta del PRC defiende que el control sobre el uso de los fondos públicos es posible "sin formalismos innecesarios que dificultan la ejecución de los proyectos sociales, culturales y asistenciales desarrollados por entidades sin ánimo de lucro".
Por ello, insta al Gobierno de Cantabria a aprobar en un plazo de seis meses unas bases reguladoras comunes y aplicar criterios homogéneos para la gestión de las subvenciones dirigidas al tercer sector, con mecanismos claros para adaptar proyectos y presupuestos a la financiación finalmente concedida.
También aboga por introducir medidas de flexibilización presupuestaria que permitan redistribuir partidas o ajustar actuaciones "sin generar incidencias administrativas desproporcionadas cuando el objetivo del proyecto sí se ha cumplido".
Finalmente, el PRC pide medidas de simplificación administrativa para reducir cargas burocráticas y facilitar la participación del tejido asociativo cántabro en las convocatorias públicas.

El Atalayero

04/06/2026

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