17/09/2026
Unidos x Laredo recurre en reposición al TSJ para defender el patrimonio municipal en la ejecución del Aparthotel Tenis
-UxL pide que se tengan en cuenta varias sentencias firmes y destaca las dudas jurídicas planteadas por el magistrado José Ignacio López Cárcamo en su voto particular
El Grupo Municipal Unidos x Laredo (UxL) ha presentado un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dentro de las actuaciones relacionadas con la ejecución del asunto referido al Aparthotel Tenis.
La actuación tiene un objetivo muy concreto: defender el patrimonio municipal ante una ejecución judicial que puede suponer varios millones de euros para las arcas del Ayuntamiento de Laredo.
El Auto de 5 de marzo establece que los gastos de ejecución financiados por el Ayuntamiento no superarán los 4,5 millones de euros, incluyendo realojos temporales y guardamuebles. También contempla la resolución de determinados expedientes de responsabilidad patrimonial por 650.000 euros.
“Estamos ante una decisión de enorme trascendencia económica. Cuando están en juego millones de euros de todos los laredanos, nuestra obligación es utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance para defender el patrimonio municipal”, ha afirmado el portavoz de UxL, Ramón Arenas.
Las dudas del magistrado López Cárcamo
UxL considera especialmente relevante el voto particular formulado por el prestigioso magistrado José Ignacio López Cárcamo al Auto de 5 de marzo.
Se trata de una posición discrepante y, por tanto, no representa el criterio mayoritario de la Sala. Sin embargo, su importancia radica en que uno de los propios magistrados que participó en la resolución planteó dudas jurídicas sobre aspectos concretos del modelo alternativo de ejecución.
López Cárcamo sostiene que cualquier acuerdo debe perseguir “la plena y efectiva ejecución de lo juzgado” y mantenerse dentro de lo realmente decidido por la sentencia.
Entre otras cuestiones, plantea dudas sobre la adquisición de una finca colindante para permitir una mayor ocupación del edificio y considera “difíciles de encajar en el ámbito de la ejecución de una sentencia” determinados compromisos
asumidos por el Ayuntamiento respecto de esa finca y de una posterior modificación del planeamiento.
Pero su advertencia más relevante desde el punto de vista económico se refiere al límite de 4,5 millones de euros.
Sentencias firmes que UxL quiere que conozca la Sala
Los concejales Ramón Arenas, Lucas Roiz y Rosalía Díaz han intentado poner en conocimiento del Tribunal varias resoluciones judiciales firmes relacionadas con este mismo conflicto: la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1999, la del TSJ de Cantabria de 14 de febrero de 2002 y la posterior Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006.
Estas resoluciones son especialmente relevantes para UxL porque abordan, entre otras cuestiones, la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por las consecuencias derivadas de los excesos edificatorios objeto de demolición. La Sentencia del TSJ de Cantabria de 2002 desestimó la reclamación formulada contra el Ayuntamiento, pronunciamiento posteriormente confirmado por el Tribunal Supremo en 2006.
“Resulta difícilmente comprensible que pueda hacerse recaer sobre las arcas municipales un coste millonario sin que antes se conozcan y puedan valorarse unas sentencias firmes directamente relacionadas con la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento», señala Arenas.
Las sentencias firmes del TSJC y del T.S. que aporta Unidos x Laredo concluyen que los vuelos, terrazas y el bajo cubierta afectados por la demolición se construyeron sin autorización municipal y contra la licencia, por lo que no existe relación causal entre la actuación administrativa y el daño, que no es imputable al Ayuntamiento.
¿Por qué ha tenido UxL que recurrir?
UxL insiste en una cuestión esencial para entender el conflicto: sus concejales no pretenden personarse en el procedimiento, paralizar la ejecución ni decir al Tribunal qué debe resolver.
Su petición es mucho más limitada: que las sentencias aportadas puedan llegar a conocimiento de la Sala y que sea el propio Tribunal quien decida si tienen alguna relevancia para la ejecución actual.
Sin embargo, la Letrada de la Administración de Justicia acordó el 2 de septiembre no incorporar la documentación porque los concejales no son parte en el procedimiento. UxL sostiene que precisamente nunca pidió ser parte y por ello ha
interpuesto ahora recurso de reposición. Incluso subsidiariamente solicita simplemente que se dé cuenta de la documentación a la Sala para que sea ésta quien decida qué tratamiento corresponde darle.
“Estamos defendiendo el dinero de los laredanos”
Ramón Arenas hadestaca el esfuerzo que esta actuación está suponiendo para los tres concejales de Unidos x Laredo:
“Nos está costando trabajo, esfuerzo personal y también el dinero de los letrados que nos asesoran, pero creemos que merece la pena. Estamos defendiendo el patrimonio del Ayuntamiento y, en definitiva, el dinero de todos los laredanos” han subrayado.
UxL considera que 4,5 millones de euros no son una cifra abstracta, sino que son recursos municipales que, si finalmente deben destinarse a esta ejecución, no podrán emplearse en otras necesidades de Laredo.
“Lo único que pedimos es que, los magistrados del tribunal conozcan todos los antecedentes judiciales relevantes y se determine con la mayor seguridad jurídica posible qué obligaciones corresponden realmente al Ayuntamiento y cuáles no” han puntualizado.
“No podemos entender que, existiendo dos sentencias firmes —la del TSJ de Cantabria de 14 de febrero de 2002 y la posterior del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2006—, se pretenda ahora hacer recaer sobre el Ayuntamiento unos costes que, conforme a esos pronunciamientos judiciales, entendemos que no le corresponden”, ha concluido Arenas.