06/01/2026
El día 3 de enero de 2026 fue un día histórico, ya que tuvimos noticia de la extracción de Nicolás Maduro desde Caracas hacia Nueva York, en una maniobra de fuerza que inevitablemente evoca la “Operación Causa Justa” contra Manuel Noriega en 1989. Mientras el mundo procesa las imágenes del mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, declarándose no culpables ante un tribunal federal, surge la interrogante jurídica fundamental: ¿Es legal juzgar a alguien capturado mediante una intervención militar extranjera sin un proceso de extradición formal? La respuesta de la justicia estadounidense es afirmativa, amparada en una herramienta legal centenaria y férrea conocida como la doctrina Ker-Frisbie.
Este principio jurídico establece una premisa pragmática y contundente: la forma irregular en que un acusado llega al tribunal —ya sea por secuestro, engaño o extracción forzosa— no anula la potestad del juez para procesarlo. La máxima es simple: si el acusado está físicamente presente (la personam jurisdiction), el tribunal tiene competencia. Esta doctrina, cimentada en precedentes históricos como Ker v. Illinois (1886) y Frisbie v. Collins (1952), encontró su validación moderna más agresiva en el caso United States v. Alvarez-Machain (1992). En aquel entonces, la Corte Suprema avaló el juicio a un médico mexicano secuestrado por la DEA, sentenciando que, aunque el secuestro pudiera violar el derecho internacional, no prohibía el juicio interno.
Para la defensa de Maduro, la estrategia natural es alegar la violación de la soberanía venezolana, pero bajo la óptica de Ker-Frisbie, esos reclamos suelen fracasar dentro de la sala de justicia estadounidense. Para la administración Trump, esta acción se justifica como defensa nacional contra un “narcodictador” acusado de conspiración para inundar Estados Unidos de co***na. El escrito le vincula con las FARC y varios cárteles como el Tren de Aragua, el cartel de los Soles y el cartel de Sinaloa. Así, el juicio avanza bajo la vieja máxima latina 'male captus, bene detentus' (mal capturado, bien detenido), demostrando que para los tribunales norteamericanos, una vez que el acusado cruza la frontera, el fin de la justicia penal justifica los medios de su captura.
