12/12/2025
Alejandro José Lorenzo López Concejal Podemos IU Ayuntamiento de Almería
Desokupación: cuando la ultraderecha quiere sustituir a la democracia
En los próximos días llegará al pleno del Ayuntamiento de Almería una propuesta necesaria, valiente y urgente: prohibir la actividad de las empresas de desokupación en nuestro municipio. Y es urgente porque estamos ante un fenómeno muy peligroso, que nada tiene que ver con la protección de la propiedad privada ni con el cumplimiento de la ley, y mucho con la aparición de grupos parapoliciales que actúan al margen del Estado de derecho.
Las denominadas “empresas de desokupación” se han convertido en los últimos años en instrumentos de coacción y violencia privada. No son mediadores, no son juristas, no son profesionales de ningún servicio público. Son grupos organizados, en ocasiones vinculados ideológica o estéticamente a la extrema derecha, que asumen como propio un papel que solo corresponde a jueces, policías y administraciones públicas: resolver conflictos de vivienda.
Su actividad se fundamenta en la intimidación, la presión física y psicológica y, en muchos casos, en la amenaza directa. Toman decisiones por su cuenta, se presentan en domicilios, presionan a familias vulnerables y actúan como si fueran una autoridad. No lo son: son actores privados que suplen por la fuerza lo que debería resolverse con garantías, procedimientos y respeto a los derechos fundamentales.
Por eso resulta especialmente grave que determinados partidos hayan normalizado su existencia. Se disfrazan de “defensores del propietario”, pero detrás lo que hay es una privatización de la violencia al servicio de intereses económicos muy concretos: fondos buitre, especuladores inmobiliarios y grandes tenedores que han encontrado en estas empresas un atajo para eludir a los tribunales.
La comparación no es exagerada: muchos de estos grupos imitan estéticas, discursos y métodos de organizaciones neonazis europeas. Y no es casualidad. La ultraderecha siempre ha soñado con sustituir al Estado por bandas organizadas que imponen su ley. La democracia no puede permitirlo. No permitimos milicias privadas, no permitimos seguridad ciudadana ejercida por grupos armados, y tampoco debemos permitir que se normalice una industria cuyo modelo de negocio es la coacción.
Frente a ese escenario, defender el derecho a la vivienda es defender la convivencia. No se trata de justificar ocupaciones, sino de impedir que el conflicto habitacional —que a menudo afecta a familias precarias, parados, jóvenes sin alternativa, personas sin acceso a alquiler digno— se convierta en un nicho de negocio para auténticos mercenarios urbanos.
La labor de cualquier ayuntamiento responsable debe ir en la dirección contraria:
Más vivienda pública,
Más mediación institucional,
Más garantías jurídicas,
Y más protección para quienes cumplen la ley y viven en situación vulnerable.
Por eso Almería debe dar un paso al frente. Nuestra ciudad no puede ser un espacio donde campe la intimidación neoliberal ni donde se normalice la presencia de grupos que se comportan como las viejas camisas negras al servicio del poder económico.
Prohibir la actividad de estas empresas no es solo una medida de orden público: es una defensa de la democracia, de los derechos humanos y del derecho a la vivienda. La seguridad no se construye con matones privados sino con instituciones fuertes y políticas públicas justas.
Almería merece un futuro donde nadie tenga que vivir con miedo —ni los propietarios, ni los inquilinos, ni las familias que atraviesan dificultades—. Y ese futuro pasa por frenar de inmediato a quienes quieren lucrarse sembrando el terror en nuestras calles.
En otra moción, pretende que el Ayuntamiento reclame a la Junta la publicación de las listas de esperas del SAS
