
09/07/2025
Familiares de los miles de fallecidos en las residencias madrileñas durante el covid presentaron en 2020 y 2021 casi 300 querellas. En algunos casos aún no hay resolución, pero en todos aquellos casos en los que sí existe, las querellas fueron rechazadas por los juzgados de instrucción y sus recursos a la Audiencia Provincial, desestimados. Las denuncias se dirigían contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y otros altos cargos del Gobierno autonómico, así como contra los directores de las residencias donde habían fallecido los mayores. Les acusaban de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y prevaricación administrativa. La Justicia rechazó investigar a los altos cargos, al entender que no existían indicios de criminalidad, y las causas contra los directores de las residencias se archivaron porque los jueces no apreciaron una "concreta y precisa relación de causalidad" –como exige el Código Penal– entre sus actuaciones y las muertes de los mayores.
El rechazo, sin embargo, no desanimó a las familias, que han interpuesto un total de 80 recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. El primero lleva fecha de enero de 2022 y se refiere a un fallecido en la residencia Aralia, situada en el Ensanche de Vallecas. El último se presentó a principios de este mismo año. En ese intervalo, el tribunal de garantías no ha tomado decisión alguna. Tras crear una "serie" acumulando todos los escritos sobre el asunto, un letrado de la Secretaría General del TC redactó un primer informe, tal y como marca el procedimiento. Según han explicado a Público fuentes del tribunal, el letrado se pronunciaba a favor de no admitir los recursos de los familiares.
Ese informe se circuló en abril de 2023 entre los 12 magistrados del tribunal. Y varios de ellos, de acuerdo con las citadas fuentes, expresaron su desacuerdo con la inadmisión recomendada por el letrado. Cuando se produce un disenso de ese tipo, si los magistrados no logran ponerse de acuerdo, debe decidir el pleno del TC. Y para que se reúna, tienen que solicitarlo al menos tres magistrados.
COMPARTIDO POR: Mª Jesús V.
El letrado del tribunal de garantías se pronunció en contra de admitir, pero el desacuerdo de algunos magistrados con su informe mantiene en suspenso el procedimiento...