12/10/2025
VIVIENDA
Inician el desalojo de más de 200 personas en Son Bordoy para su urbanización
Los residentes defienden que no son okupas y que hace 28 años el alcalde popular Joan Fageda firmó un acuerdo para su cesión.
Gemma Marchena12/10/25 3:48
La urbanización de Son Bordoy sigue su proceso y esta misma semana se iniciaron los trámites para desalojar a alrededor de 200 personas que viven en los diferentes viviendas del Camí de Can Viquet, en El Molinar. Hay solares municipales, pero también se ha iniciado el proceso judicial para el desalojo de los suelos urbanizables colindantes, donde Pryconsa va a desarrollar una urbanización que en su web advierte que comenzará a comercializar en breve, con viviendas de entre una y cinco habitaciones.
El pasado miércoles a las ocho y cinco en punto de la mañana y varios policías locales aparecían en la antigua finca de Son Regalo, en Es Molinar, donde en la actualidad viven unas cincuenta personas, de las cuales una veintena son niños de muy corta edad. El motivo de esta irrupción era la identificación de los habitantes ya que los solares son municipales. Allí estaban presentes trabajadoras sociales del Ajuntament, y los regidores Angélica Pastor (PSOE) y Miquel Àngel Contreras (Més), para prestar apoyo y asesoramiento.
El miércoles Ángela Pons, de la PAH, informaba a los afectados
El miércoles Ángela Pons, de la PAH, informaba a los afectados
«Están en cesión de uso prolongado, no okupación», advertía el pasado miércoles Ángela Pons, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca. Sin embargo, desde el Ajuntament de Palma advierten que la Policía Local «identificó el pasado 8 de octubre a un grupo de personas que estaban ocupando de forma ilegítima este espacio y ha procedido a cumplir con el procedimiento ordinario para este tipo de situaciones, que no es otro que una identificación de la gente que está ocupando este solar. En esa identificación, se les indica también que deben cesar esta actividad ilegal».
La Policía Local acudió el miércoles a identificar a los residentes en Son Regalo
La Policía Local acudió el miércoles a identificar a los residentes en Son Regalo
El Ajuntament asegura que no ha iniciado de momento ningún expediente de recuperación posesoria de este espacio. El pasado miércoles, mientras la Policía Local identificaba a los residentes de estas viviendas que se han ido ampliando a medida que se ampliaban las familias. Raúl Suárez, uno de los padres de familia, aseguraba que «vivimos aquí desde que soy pequeño. Mi padre firmó un documento con el alcalde Joan Fageda y desde entonces hemos criado aquí a nuestras familias». El sentir general era que no se irían del lugar sin una alternativa seria. Las trabajadoras sociales, mientras tanto, examinaban las viviendas, que se encontraban en muy buen estado. Los niños más mayores estaban ya en el colegio o en el instituto, totalmente integrados en la barriada del Molinar.
Solo veinticuatro horas después, el jueves por la mañana, fue el turno de los residentes en los solares colindantes, en esta ocasión propiedad de Pryconsa. En este caso llegó una citación judicial para iniciar el proceso de desalojo por okupación. Sin embargo, Pons advierte que «las notificaciones están llegando erróneas, están confundiendo los números de las parcelas».
El drama llega para las más de 50 familias que viven en estos terrenos desde hace 28 años. «Nos los cedió el alcalde Joan Fageda en 1992», insisten. En un documento que han hallado y del que guardan una copia, aparece el acuerdo firmado entre Fageda mientras era alcalde y Ángel Paredes y Manuel Suárez, cada uno con cinco hijos.
Los concejales Miquel Àngel Contreras (Més) y Angélica Pastor (PSOE), el miércoles
Los concejales Miquel Àngel Contreras (Més) y Angélica Pastor (PSOE), el miércoles
Hace casi treinta años, Paredes y Suárez se comprometieron a abandonar la primera línea de El Molinar y Can Pere Antoni, donde vivían en barracas, para acceder a la possessió de Son Regalo, que está calificada como BIC. Se daba así un espacio fijo a las familias que venían desde Extremadura a trabajar como temporeros del sector turístico de la zona, chatarreros o temporeros del campo. «Fageda les autorizó a utilizar un espacio con opción de reubicación, les quitaron de los huertos de primera línea», aseguraba Pastor.
Tal y como señaló Contreras, el objetivo ahora es desarrollar la urbanización y ampliar el camino para convertirlo en una carretera, pasando de seis metros de ancho a 22, tal y como ya denunció Més en marzo de este año. Esto en cuanto a la parcela número 9, a la que acudieron miembros de la Policía Local. En las otras parcelas se desarrollaran alrededor de 750 viviendas: 250 libres, 350 de precio tasado y 150 de protección pública.
Las familias afectadas acudieron a la Oficina Integral de la Vivienda
Las familias afectadas acudieron a la Oficina Integral de la Vivienda
El jueves por la mañana, acompañados de los regidores Pastor y Contreras, acudieron a la Oficina Integral de la Vivienda, en su sede de la calle Ferreria, que antes fue la Oficina de Antidesahucios. Las trabajadoras sociales reconocieron que no podían atenderles hasta que estuviese en marcha el desahucio. Ayer por la tarde los residentes de las parcelas afectadas se reunían con Ángela Pons y otros miembros de la plataforma para buscar una solución que no parece fácil. En juego está el techo histórico de más de 200 personas.
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