16/06/2026
Una de las consecuencias menos comentadas de la expansión de los apartamentos turísticos es la proliferación de cámaras de vigilancia orientadas hacia la vía pública.
No hablamos de cámaras situadas dentro de una propiedad privada para proteger una vivienda o una comunidad. Hablamos de cámaras instaladas en fachadas, balcones o accesos que terminan grabando de forma permanente calles, aceras y espacios que pertenecen a todos.
La cuestión no es únicamente legal. Es también una cuestión de modelo de ciudad.
Durante décadas los barrios han funcionado sobre la confianza, la convivencia y la presencia de vecinos que conocen su entorno. Ahora, en algunos lugares, esa relación parece estar siendo sustituida por una vigilancia constante asociada a inmuebles gestionados como negocio turístico.
Resulta llamativo que esta transformación llegue precisamente en una ciudad donde los grandes problemas no parecen ser hoy la delincuencia o la inseguridad, sino el acceso a la vivienda, la expulsión de residentes y la pérdida de tejido vecinal.
Benjamin Franklin escribió una frase que sigue invitando a la reflexión: «Quien renuncia a su libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad».
Quizá la pregunta no sea cuántas cámaras necesitamos, sino por qué cada vez hay más intereses privados observando espacios que son públicos.
Porque una calle no es el pasillo de un hotel. Y un barrio no debería convertirse en una zona permanentemente vigilada para proteger la rentabilidad de una actividad económica.
