Periodico El Nacionalista

07/10/2026

NACIONALES:
Congreso elige a Élfego Castañón como Contralor General en medio de señalamientos por nexos oficialistas.

Por: Redacción Periodico El Nacionalista.

CIUDAD DE GUATEMALA — El pleno del Congreso de la República eligió este martes 6 de octubre de 2026 al doctor Élfego Odair Castañón González como el nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para el período constitucional 2026-2030.

Castañón González, quien se venía desempeñando como subcontralor administrativo de la institución, obtuvo un contundente respaldo de 154 votos a favor, consolidando un amplio consenso multipartidario en el hemiciclo legislativo. Su llegada al cargo, en sustitución de Frank Helmuth Bode Fuentes, despierta un intenso debate político debido a sus vínculos familiares directos con un legislador de la facción de gobierno.

El hermano incómodo de la bancada oficial.
El nombramiento ha encendido las alertas de diversos sectores fiscalizadores debido a que el nuevo contralor es hermano de Manfredo Duvalier Castañón González, diputado electo por Lista Nacional en los comicios de 2023.
El legislador Duvalier Castañón llegó al Congreso bajo la bandera del partido oficialista Movimiento Semilla. Sin embargo, a raíz de los procesos de suspensión jurídica que pesan sobre dicha organización, funge formalmente como diputado independiente, manteniendo un rol clave como operador político de la bancada gubernamental. Medios locales e independientes destacaron que, inmediatamente después de ser juramentado en el cargo, el nuevo contralor se acercó formalmente al hemiciclo para saludar de forma prioritaria a su hermano diputado.

Entre el mérito técnico y la "leyenda urbana" del favoritismo presidencial.
En los pasillos del Organismo Legislativo y en análisis de agrupaciones sociales, la victoria de Castañón se atribuye a una doble vía: una robusta plataforma de apoyo gremial entre redes de auditores y una intensa operación política de la facción aliada al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Fuentes del Congreso apuntan a que el Ejecutivo priorizó el respaldo a Castañón dentro de la nómina de seis candidatos con el fin de amarrar una gobernabilidad legislativa clave en momentos en que se agendan discusiones de alto impacto, como la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Aunque observadores descartan que el nuevo jefe de la CGC sea un subordinado directo de la presidencia, la narrativa de un supuesto favoritismo marcó el tramo final de la elección.

Retos inmediatos y la llave de las Elecciones 2027.
Élfego Castañón asume la dirección de la CGC amparado en el Acuerdo Legislativo 20-2026. Cuenta con una trayectoria de 13 años dentro de la Contraloría y un doctorado en Administración Pública. No obstante, su gestión enfrentó tachas durante el proceso de postulación, donde fue cuestionado por presuntos favoritismos en contrataciones previas de familiares, señalamientos que finalmente fueron desestimados por la comisión.

El nuevo funcionario tendrá bajo su responsabilidad la fiscalización de los recursos públicos de ministerios, entidades autónomas y municipalidades. El reto más crítico de su gestión empezará a vislumbrarse en el corto plazo: la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (conocida popularmente como finiquito), un documento indispensable e indispensable llave de acceso para cualquier ciudadano que aspire a postularse a cargos públicos en las próximas elecciones generales de 2027.

.

05/10/2026

NACIONALES:

CC traslada al Ejecutivo la responsabilidad de la crisis en río Pinula y aviva debate sobre la judicialización del Estado.

El fallo a favor del alcalde Mynor Morales obliga al gobierno de Bernardo Arévalo a financiar la emergencia, encendiendo las alarmas por la pérdida de autonomía del Ejecutivo frente a cortes no electas.

CIUDAD DE GUATEMALA — En un fallo que redefine las responsabilidades institucionales ante las emergencias climáticas y altera el tablero político nacional, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al alcalde de San Miguel Petapa, Mynor Morales, ordenando directamente al Organismo Ejecutivo, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, intervenir de urgencia para mitigar los daños provocados por el río Pinula en la colonia Villa Hermosa I.

La resolución, emitida el pasado domingo 4 de octubre de 2026, exime de facto a la comuna local de la carga financiera y técnica de la catástrofe. El máximo tribunal argumentó que el cauce del río impacta a múltiples municipios y, por ende, la magnitud del desastre desborda las capacidades de la administración municipal.
Con este dictamen, el Gobierno central queda obligado a activar un plan de contingencia de tres fases que incluye: la mitigación inmediata del socavamiento que amenaza el puente hacia Boca del Monte, el diseño de obras de ingeniería definitivas y la inclusión de las familias damnificadas en programas estatales de vivienda. La CC incluso sugirió al mandatario evaluar la implementación de un estado de excepción si la gravedad del terreno lo requiere.

El origen del litigio vial y fluvial.
La batalla legal comenzó a finales de septiembre, cuando el jefe edil, Mynor Morales, interpuso el recurso de amparo contra el mandatario y sus ministros de Comunicaciones y Finanzas. Morales argumentó que de los 22 kilómetros de longitud que recorre el río Pinula, únicamente 2.3 kilómetros corresponden a la jurisdicción de San Miguel Petapa. Bajo esa premisa, sostuvo que la atención de la emergencia requería obligatoriamente la inversión del Estado.

Tras notificarse el fallo, Morales ofreció una conferencia de prensa en la que exigió la acción inmediata y el desembolso de los ministerios del Ejecutivo. Mientras tanto, en el lugar de la crisis, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ratificó la alerta y ordenó el cierre preventivo total del puente debido a la inestabilidad del terreno.

Entre los contrapesos y el «poder fáctico».
Esta resolución de la CC no es un hecho aislado. Se suma a otros dictámenes recientes donde las cortes han ordenado al Ejecutivo desde la liberación de tramos viales hasta la construcción de infraestructura específica. Para diversos analistas y sectores de la opinión pública, esta tendencia evidencia una creciente judicialización de la administración pública, abriendo un intenso debate sobre quién ostenta realmente las riendas del país.

En el ámbito político conviven dos corrientes de opinión claramente confrontadas:
• La tesis de la gobernanza bajo mandato judicial: Quienes cuestionan el fallo señalan que la CC está operando como un «poder fáctico» que dicta la agenda pública y las prioridades presupuestarias del gabinete de ministros. Desde esta perspectiva, se critica que un cuerpo de magistrados que no fue electo por voto popular directo posea la facultad de direccionar los recursos de la nación bajo apercibimiento de destitución. Esto, según los críticos, debilita la figura presidencial surgida de las urnas y permite a los poderes locales utilizar los tribunales como un «caballo blanco» para deslindarse de crisis históricas.

• La doctrina del control constitucional: En la acera opuesta, juristas y sectores de la oposición defienden que la resolución se apega estrictamente al sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de 1985. Este argumento sostiene que el amparo es el único mecanismo legal eficaz ante la inacción de oficio del Gobierno Central en emergencias de gran escala que vulneran de forma directa el derecho constitucional a la vida, la seguridad y la vivienda de la población.

El caso del río Pinula deja al descubierto un fenómeno estructural: en la Guatemala actual, los problemas de infraestructura y los desastres naturales han abandonado las mesas de planificación técnica para dirimirse de forma recurrente en los tribunales de justicia. El fallo marca un nuevo capítulo de tensión entre el Palacio Nacional y las altas cortes, en un pulso por el control de la agenda pública que parece lejos de terminar.

.

02/10/2026

El efecto del E10 en las unidades de la PNC.

02/10/2026

NACIONALES:
Impunidad financiera en el Libramiento de Chimaltenango: el polémico fallo de la CC que blinda el bolsillo de los constructores.

Por: Redacción / Periodico El Nacionalista.
CIUDAD DE GUATEMALA — La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala resolvió eximir a las empresas encargadas de la construcción del Libramiento de Chimaltenango de pagar una indemnización millonaria al Estado, consolidando un polémico precedente en la fiscalización de los fondos públicos. Aunque los directivos de las constructoras Conasa y Renova Ingenieros se declararon culpables del delito de fraude, la máxima corte del país rechazó un recurso de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que buscaba obligar a las firmas a resarcir al erario público por los fallos estructurales de una "megaobra" que costó cerca de Q530 millones.

El fallo, aprobado por una mayoría de cinco magistrados contra dos, ratificó que los empresarios Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Ravanales no deberán transferir los Q21.1 millones que el Estado exigía en concepto de reparación digna. A criterio del tribunal constitucional, la representación legal del Estado no acreditó de forma debida el agravio económico directo en la carpeta judicial, validando una penalización sustitutiva de carácter puramente simbólico: un pago de Q350,000 por cada implicado destinado a obras de beneficencia social.

La paradoja de la aceptación de cargos.
La resolución de los dioses del Olimpo de la alta Corte, pone bajo la lupa los alcances de la Ley de Aceptación de Cargos en casos de gran corrupción. En julio de 2024, los constructores implicados optaron por confesar su responsabilidad penal en los manejos irregulares del proyecto. El marco legal guatemalteco les otorgó el beneficio de conmutar sus penas de prisión, reduciéndolas a tres años y cuatro meses suspendidos, permitiéndoles eludir la cárcel.

Sin embargo, el criterio establecido por la CC desvincula la admisión de la culpabilidad penal de la obligación de resarcir el daño financiero provocado. La infraestructura, inaugurada durante la administración de Jimmy Morales y calificada en su momento como un hito de la ingeniería civil guatemalteca, ha registrado decenas de derrumbes, inundaciones y fallas en los taludes desde su apertura, cuyos costos de restauración y mantenimiento continúan siendo absorbidos por los contribuyentes a través del presupuesto general.

El factor Benito y las finanzas públicas.
El entramado judicial del caso también alcanza al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito Ruiz, sobre quien la PGN reclama un resarcimiento de Q93 millones. Benito siguió la misma estrategia procesal de aceptar los cargos de fraude a cambio de penas mínimas y el pago residual de Q350,000.

No obstante, en este extremo, el escenario legal experimentó un giro luego de que la misma CC otorgara un amparo provisional para suspender dicho beneficio económico al exfuncionario. La resolución obliga a los tribunales correspondientes a reevaluar el monto exacto de la reparación digna, en un intento institucional por evitar que la pérdida de los fondos públicos quede completamente desatendida en la línea de mando política.

El dictamen definitivo a favor de las corporaciones privadas deja una interrogante abierta en el sistema de justicia penal guatemalteco: la viabilidad del Estado para recuperar activos y exigir cuentas claras a los contratistas cuando las obras de infraestructura pública presentan fallas de origen institucional y de ejecución material.

.

02/10/2026

NACIONALES:
CC reactiva pulso político: ordena a Arévalo informar sobre el nombramiento de Menkos en el BANGUAT.
Por : Redacción Periodico El Nacionalista.

CIUDAD DE GUATEMALA. — La Corte de Constitucionalidad (CC) encendió nuevamente las alarmas en el tablero político e institucional del país. El máximo tribunal constitucional admitió para su trámite dos acciones de amparo interpuestas contra la designación del ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria. Como primera medida de presión, la corte otorgó un plazo perentorio de 48 horas al presidente Bernardo Arévalo para que rinda un informe circunstanciado que justifique el polémico nombramiento.

La resolución de la CC unifica los recursos presentados, por separado, por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y por el diputado de la bancada opositora Vamos, Allan Rodríguez. Ambos actores coinciden en señalar que la designación del funcionario viola la normativa vigente.

El n**o legal: ¿Ministro, diputado o banquero central?.
El fondo del litigio descansa sobre una intrincada interpretación de las leyes de incompatibilidad de cargos en el servicio público.
• Los argumentos de la impugnación: Tanto el sector empresarial organizado como la oposición legislativa argumentan que Jonathan Menkos acarrea una prohibición expresa de la Ley Orgánica del Banguat. Sostienen que, al haber sido electo y juramentado como diputado al Congreso para el período 2024-2028, mantiene dicha investidura. Según los interponentes, la "licencia por tiempo indefinido" que el Legislativo le otorgó para ejercer como ministro no disuelve su calidad de parlamentario, lo que le inhabilitaría legalmente para asumir la conducción de la banca central.

• La postura del Ejecutivo: Desde el Palacio Nacional de la Cultura se defiende con vehemencia la legalidad del acto. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia argumenta que la designación cumple de forma estricta con la ley, fundamentándose en que Menkos no se encuentra en el ejercicio activo de sus funciones legislativas y que las prerrogativas constitucionales le facultan para asumir los ministerios y las dependencias correspondientes sin incurrir en faltas.

Un nuevo capítulo en el choque de poderes.
Este requerimiento de información, cuyo plazo vence este fin de semana, sitúa nuevamente a la CC en el epicentro de las decisiones de alta política en Guatemala. Para diversos analistas en derecho constitucional, la celeridad en el trámite de estos amparos evidencia el rol fiscalizador —y para algunos, marcadamente político— que el tribunal de constitucionalidad ejerce sobre las decisiones de la administración de Arévalo.

La entrega del informe circunstanciado por parte del Ejecutivo será el siguiente paso obligatorio en una batalla legal que promete definir, en el corto plazo, si el timón de la política monetaria y financiera de la nación permanece en manos del proyecto oficialista o si la CC asesta un freno definitivo a la estrategia del gobierno actual.

.

02/10/2026

NACIONALES:
La batalla por el agua y la tierra en Guatemala: El freno de la CC a Río Hondo reaviva la histórica grieta por los recursos naturales.

Por: Redacción: Periodico El Nacionalista.
Guatemala, 2 octubre de 2026 — La tensión social en el interior del país ha vuelto a encenderse tras una serie de resoluciones judiciales que, según líderes comunitarios, blindan las inversiones privadas a costa de la voluntad popular, mientras el sector empresarial defiende la necesidad de mantener un marco de "certeza jurídica" para el desarrollo del país.

El detonante: El silencio forzado en Zacapa.
La Corte de Constitucionalidad (CC) asestó un golpe definitivo a las aspiraciones de participación ciudadana en Río Hondo, Zacapa. El alto tribunal resolvió suspender de forma provisional la consulta vecinal programada para este mes de octubre, al dejar sin efecto el artículo 1 del reglamento municipal que daba vida legal a la votación comunitaria.

Este nuevo revés legal frena de tajo el intento de la población de decidir sobre la continuidad de la Hidroeléctrica Pasabien, un proyecto que arrastra un largo historial de conflictividad socioambiental en la subcuenca del río homónimo. No es el primer freno que sufre este proceso: ya en diciembre del año pasado, un juzgado civil de Zacapa otorgó un amparo provisional que detuvo un intento previo de consulta comunitaria.

Mientras la hidroeléctrica argumenta que las municipalidades carecen de competencia constitucional para convocar a estas consultas (una facultad que atribuyen exclusivamente al Ministerio de Energía y Minas), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) impuso recientemente una multa de Q276,789.34 a la empresa por incumplir compromisos de impacto ambiental vigentes desde 1995, lo que evidencia el impacto real sobre el suministro de agua local.

El eco del descontento: Asunción Mita y El Estor.
El caso de Río Hondo no es un hecho aislado, sino el eslabón de una cadena de conflictos mineros y energéticos a nivel nacional que mantienen bajo la lupa el rol de la CC:
• Asunción Mita (Jutiapa): Las comunidades locales continúan denunciando la operación de proyectos mineros que, a su criterio, avanzan de forma ilegal al ignorar el rechazo masivo expresado por la población en consultas previas.
• El Estor (Izabal): El conflicto minero en esta región del Caribe guatemalteco se mantiene en un limbo legal y social, donde colectivos indígenas acusan a las altas cortes de mantener un "silencio ensordecedor" ante la continuidad de las operaciones extractivas.

Para las organizaciones sociales, defensores del territorio y colectivos indígenas, estas acciones configuran un patrón sistemático donde la CC actúa como defensora de megaproyectos mineros, hidroeléctricos y de monocultivos, debilitando el Código Municipal y el Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa, libre e informada.
La contraparte: Certeza jurídica e inversión.

Desde la acera opuesta, el sector privado organizado, cámaras empresariales e inversionistas sostienen una postura diametralmente distinta. Para este bloque, la intervención de la CC es un acto de estricto apego a la legalidad que evita la dispersión de reglas y garantiza la estabilidad macroeconómica del país.

Los defensores de esta postura argumentan que, según la Constitución Política de la República, la administración de los recursos naturales y la matriz energética competen al Gobierno Central y no a las autonomías locales. Desde su perspectiva, permitir consultas vecinales de carácter vinculante fuera del marco ministerial ahuyenta la inversión extranjera, destruye la certeza jurídica y frena la creación de empleos formales en las áreas rurales.

Un país en la encrucijada.
La resolución en Río Hondo deja en evidencia una fractura institucional profunda. Mientras las comunidades rurales exigen que la democracia se ejerza desde el voto local para proteger sus fuentes de vida, las instituciones del Estado y el sector empresarial cierran filas en torno a la centralización de las decisiones estratégicas. El debate sobre si la CC defiende la Constitución o los intereses corporativos sigue abierto, en un escenario donde la conflictividad social parece ser la única constante.

02/10/2026

INTERNACIONALES.
Por: Redacción Periodico El Nacionalista.
Bolivia en el epicentro de la geopolítica digital: El arresto del Fiscal General desata una batalla por el control de la información en América Latina.

LA PAZ (Agencia) — En un operativo relámpago que ha sacudido los cimientos institucionales de Bolivia y enviado ondas de choque a lo largo del continente, la Policía Boliviana detuvo en el aeropuerto internacional de Viru Viru al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca. La acción, tildada de "secuestro e ilegal" por el propio Ministerio Público, se produce en medio de una feroz pesquisa judicial que Mariaca lideraba contra el estratega político argentino Fernando Cerimedo, quien formalmente operaba como asesor de comunicación y estrategia digital del actual presidente boliviano, Rodrigo Paz.

El arresto de Mariaca expone las profundas fracturas del mapa político regional y añade un condimento internacional explosivo: apenas 48 horas antes del operativo, la administración de Donald Trump, a través del Departamento de Estado de los EE. UU., sancionó directamente al Fiscal General revocándole la visa bajo acusaciones de presunta corrupción y narcotráfico. Para los defensores de Justicia y sectores de la oposición, esta sanción estadounidense no fue una coincidencia, sino una calculada "luz verde" internacional y un mecanismo de presión política para viabilizar el descabezamiento de la Fiscalía, frenando así las investigaciones que cercaban al entorno presidencial y a su influyente asesor argentino.

El factor Cerimedo: El asesor en las sombras.
El caso trasciende las fronteras bolivianas debido al peso específico de Fernando Cerimedo en la arquitectura electoral del Cono Sur. Identificado por publicaciones internacionales como el estratega de cabecera del movimiento Narco conservador, Cerimedo no solo coordinó la estrategia digital que llevó al poder al presidente Rodrigo Paz en Bolivia, sino que consolidó su fama continental como uno de los principales cerebros detrás de la campaña de Javier Milei en Argentina y sus asesorías al bolsonarismo en Brasil, así como en Honduras, Chile, Colombia o Perú.

Hasta su detención preventiva en el penal de Palmasola —acusado de tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, y de enriquecimiento ilícito ó vínculos con el narcotráfico —, Cerimedo gozaba de un acceso irrestricto al Palacio Quemado. La Fiscalía de Mariaca no solo apuntaba al consultor, sino que había comenzado a rastrear los nexos de sus "granjas de trolls" financiadas presuntamente con recursos estatales. Para los observadores de la geopolítica hemisférica, la inactividad forzada de Cerimedo representa un duro revés para los intereses de la derecha transnacional, cuyas estructuras de microsegmentación digital son vistas como herramientas críticas para contrarrestar la influencia del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Reacción en Argentina: El dilema de la Casa Rosada y la denuncia de Lawfare.
En Buenos Aires, la detención del fiscal que investigaba a Cerimedo encendió las alarmas de los principales medios de comunicación. Diarios de alcance nacional y cadenas como Todo Noticias (TN) e Infobae destacaron de inmediato la velocidad de los acontecimientos, subrayando el nexo directo entre la sanción previa de la Casa Blanca de Trump y el arresto en Viru Viru.

Por su parte, periódicos de línea editorial crítica como Página/12 calificaron abiertamente el episodio como una "sospechosa trama" de persecución judicial y lawfare transnacional. La prensa argentina puso el foco en las denuncias de la defensa de Nadia Beller, que alertaba sobre la existencia de un plan coordinado desde las altas esferas del gobierno boliviano para limpiar el expediente de Cerimedo, destruir las pruebas recolectadas por la fiscalía e intervenir las sedes fiscales con policías encapuchados para garantizar la impunidad del exasesor de Milei y Paz.

Reacción en Brasil: Alerta ante la maquinaria de desinformación bolsónarista.
La cobertura en los principales medios brasileños, como O Globo y Folha de S.Paulo, abordó el escándalo boliviano desde la perspectiva de la seguridad democrática regional. Para la prensa de Brasil, Cerimedo no es un desconocido: el consultor ya se encontraba bajo la lupa de la justicia electoral brasileña por su rol en la difusión de narrativas de fraude y la movilización de milicias digitales que desembocaron en el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva tras la derrota de Jair Bolsonaro.

Los analistas brasileños interpretan el descabezamiento de la Fiscalía boliviana como un movimiento estratégico de protección a gran escala. Mantener a Cerimedo tras las rejas significaba apagar una de las terminales de desinformación más grandes del continente. La prensa en Brasil resalta con preocupación cómo el respaldo inmediato del Secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, al mandatario boliviano Rodrigo Paz, consolida un bloque de contención política que busca rehabilitar a los operadores digitales de la derecha de cara a los próximos desafíos electorales en el gigante sudamericano.

Pragmatismo y realineamiento hemisférico.
El escenario boliviano evoca el tradicional pragmatismo de la política exterior estadounidense en Sudamérica. Críticos de la administración Trump señalan que el apoyo explícito a gobiernos de corte conservador en el continente tiende a minimizar las crisis institucionales internas a cambio de un alineamiento automático en la agenda de seguridad regional.

Con el Fiscal General tras las rejas bajo custodia de las fuerzas que dependen del propio Ejecutivo al que investigaba, el futuro procesal de Cerimedo da un giro de 180 grados. Lo que comenzó como una denuncia penal en Santa Cruz por violencia de género, se ha transformado formalmente en el tablero internacional donde las principales potencias y gobiernos de la región disputan el control de la narrativa y la estrategia política digital de América Latina.

.

01/10/2026

30/09/2026

NACIONALES:

Unanimidad con sombra de negociación: Jenny Alvarado Teni asumirá la presidencia de la CSJ tras un masivo traslado de jueces.

Por: Redacción Periodico El Nacionalista.
Ciudad de Guatemala. En una sesión extraordinaria que rompió de golpe con semanas de tensiones y desacuerdos internos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió por unanimidad a la magistrada Jenny Noemy Alvarado Teni como su nueva presidenta para el período 2026-2027. La funcionaria, quien actualmente funge como Vocal XIII de la CSJ, asumirá formalmente la jefatura del Organismo Judicial (OJ) el próximo 13 de octubre, en sustitución de Claudia Paredes.

A pesar de que Alvarado Teni logró consolidar los 13 votos a favor de sus compañeros de pleno tras proponerse ella misma como candidata única, su designación no ha estado exenta de un profundo escrutinio público y cuestionamientos debido a las decisiones administrativas que precedieron su elección.

El "eslabón" de un bloque dominante.
Originaria de Cobán, Alta Verapaz, Alvarado Teni ha escalado posiciones dentro del engranaje judicial, pero su ascenso es visto por analistas del sector como la continuidad del bloque hegemónico que ha controlado las cortes en los últimos años.

Fuentes internas del sector justicia y reportes de investigación periodística la vinculan estrechamente con la estructura de poder de Néster Vásquez, expresidente de la Corte de Constitucionalidad (CC). Asimismo, se le señalan supuestos nexos políticos en el Congreso de la República, específicamente con el sector oficialista y con los diputados por el departamento de Quiché, Carlos Enrique López Girón y Carlos Enrique López Maldonado.

La sombra de una negociación extra pleno.
El principal elemento crítico que empaña la "armonía" del voto unánime es un movimiento administrativo de gran escala ocurrido apenas 24 horas antes de la elección. El martes 29 de septiembre, el pleno de la CSJ aprobó de forma extraordinaria el nombramiento y traslado de más de 100 jueces de Paz y de Primera Instancia a nivel nacional.

De acuerdo con fuentes vinculadas a las cortes y reportajes publicados por medios de investigación del país, este masivo reacomodo de plazas judiciales no habría sido una coincidencia técnica, sino la presunta moneda de cambio pactada en las sombras para amarrar los votos necesarios y evitar el entrampamiento que ha caracterizado a anteriores elecciones de la CSJ.

Los retos de una gestión bajo la lupa.
Con la opinión pública atenta a la independencia judicial, Alvarado Teni llegará a la presidencia del OJ con el enorme desafío de sacudirse los señalamientos de responder a padrinazgos políticos y de administrar una judicatura cuestionada desde su origen. Su gestión, que arrancará en menos de dos semanas, estará bajo el permanente "ojo de halcón" de la fiscalización ciudadana y de la prensa independiente que demanda un sistema de justicia transparente y libre de prebendas.

.

30/09/2026

NACIONALES:
BAJO LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN: CSJ ACELERA NOMBRAMIENTO DE 150 JUECES EN MEDIO DE ESCÁNDALO POR VENTA DE PLAZAS.

Por: Redacción / Periódico Periodico El Nacionalista.

Ciudad de Guatemala – En una carrera contra el tiempo y bajo un espeso manto de opacidad, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avanza en el polémico nombramiento de alrededor de 150 jueces de Paz y de Primera Instancia. La masiva designación de juzgadores se produce en el peor escenario posible: una crisis institucional marcada por graves señalamientos públicos y denuncias penales que apuntan a una red dedicada a la venta de judicaturas al mejor postor.

El precio de la "justicia".
Lo que debió ser un proceso técnico y meritocrático para fortalecer el Organismo Judicial (OJ) se ha transformado en un mercado de influencias. Investigaciones de la prensa independiente y testimonios de los propios aspirantes revelaron un secreto a voces dentro de las judicaturas: las plazas de jueces tenían tarifas fijadas que oscilaban entre los Q100 mil y los Q350 mil.
Quienes no contaban con el capital financiero debían recurrir a la otra moneda de cambio del sistema: el "cuello político" y la promesa de lealtades futuras.

Secretismo y conveniencia política.
Fuentes internas y sectores de la sociedad civil organizada han denunciado que el bloque dominante de magistrados de la CSJ ha operado con un marcado secretismo para pactar la distribución de estas plazas clave. Según analistas del sector justicia, la urgencia de estas designaciones tras bambalinas no es casualidad; responde a negociaciones de alto nivel de cara a la elección de la próxima presidencia del Organismo Judicial. Las judicaturas se estarían utilizando, presuntamente, como piezas de intercambio para amarrar los votos necesarios.

La respuesta institucional y el camino legal.
Ante la presión mediática, la filtración de audios y el descontento interno, la actual presidenta de la CSJ, Claudia Paredes, se vio obligada a reaccionar. A inicios de este mes de septiembre, la presidencia confirmó que el propio Organismo Judicial presentó denuncias formales ante el Ministerio Público (MP).

Actualmente, el expediente se encuentra en manos de la Fiscalía contra la Corrupción, la cual tiene la tarea de investigar penalmente las negociaciones irregulares, los cobros ilícitos y los ascensos anómalos. Sin embargo, a pesar de que existe una investigación criminal abierta, el Pleno de la CSJ no ha frenado las designaciones.
Un sistema bajo la lupa
Con los listados definitivos manejados con hermetismo, el proceso deja una profunda herida en la credibilidad del sistema de justicia guatemalteco.

Organizaciones de fiscalización ciudadana advierten que nombrar a 150 jueces bajo sospecha de cohecho debilita aún más el Estado de Derecho, entregando los tribunales del país a juzgadores comprometidos con las mafias que pagaron por sus cargos.

.