15/08/2026
➡️ El diputado José Alberto Chic Cardona se pronunció tras la querella penal presentada en su contra por Gerardo Estrada Mayorga, gerente general y representante legal del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
Estrada Mayorga acudió ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala para presentar una querella penal contra Chic Cardona, a quien señala por la posible comisión de los delitos de simulación de delito, amenazas, calumnia, injuria, difamación, resistencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La acción legal ocurre en medio de la fiscalización que el diputado realiza sobre la ejecución de recursos públicos vinculados con los XII Juegos Centroamericanos en 2025.
Según Chic, durante este proceso se han identificado posibles inconsistencias, entre ellas una ampliación presupuestaria que habría elevado los recursos de Q9.7 millones a más de Q20.4 millones, así como transferencias hacia cuentas en el extranjero relacionadas con comités olímpicos de Centroamérica.
El legislador también cuestionó la ejecución de esos recursos y señaló que algunas operaciones no aparecerían registradas en el portal Guatecompras.
Además, puso en duda la legalidad de una ampliación presupuestaria que, según afirma, habría sido aprobada por cuatro integrantes del Comité Ejecutivo del COG, sin una decisión de la Asamblea General.
Chic Cardona considera que la querella constituye una respuesta a su labor de fiscalización y cuestionó que la denuncia haya sido presentada un día antes de una citación legislativa en la que debía comparecer el gerente del COG junto con representantes de la Contraloría General de Cuentas.
El diputado rechazó los señalamientos y afirmó que la denuncia busca obstaculizar la rendición de cuentas.
También cuestionó que el gerente del COG denuncie hechos en los que, según su versión, no habría sido víctima ni habría participado directamente.
A pesar de la disputa legal, Chic Cardona aseguró que continuará con la fiscalización y exigirá explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos administrados por el Comité Olímpico Guatemalteco.
