01/04/2026
Ante la reciente publicación difundida por Prensa Comunitaria sobre las personas candidatas a dirigir el Ministerio Público, considero necesario realizar una aclaración pública.
El artículo evidencia una preocupante falta de rigor investigativo en la verificación y desarrollo de los perfiles profesionales, presentando información incompleta y, en consecuencia, una imagen parcial de mi trayectoria.
Mi expediente de postulación —que es público y puede consultarse en el sitio oficial de la Comisión de Postulación para Fiscal General 2026-2030— contiene información detallada, verificable y sustancialmente más amplia que la reflejada en dicha publicación.
En él consta que mi formación académica incluye un Doctorado en Ciencias Penales, así como estudios de posgrado en: delitos de cuello blanco, lavado de dinero y medio ambiente y recursos naturales, litigio estratégico, derecho constitucional, entre otros. Reducir mi perfil académico a una mención limitada no solo es impreciso, sino que desinforma.
De igual forma, mi trayectoria profesional no se limita a referencias aisladas. He participado como disertante internacional en intercambios formativos a Fiscalías de distintos países, así como en congresos, foros, encuentros internacionales especializados en atención a víctimas, derecho penal y abordaje de algunos tipos penales, he ejercido la docencia universitaria como catedrático en universidades nacionales y he sido catedrático invitado en diversas instituciones del sector justicia.
Mi trabajo en litigio ha contribuido a la construcción de estándares nacionales e internacionales en materia de derecho penal y derechos humanos a través de múltiples casos paradigmáticos, no circunscritos a uno solo como se sugiere. Asimismo, he colaborado con diversas organizaciones y entidades de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y no únicamente con una en particular.
Desde el año 2020, soy fundador y director de IUS DIGNITAS, desde donde hemos desarrollado un modelo innovador de acompañamiento integral que desde este año comienza a ser replicado a nivel regional, aportando de forma concreta al acceso a la justicia y a la dignidad de las personas.
He acompañado también procesos complejos, incluyendo la defensa de personas criminalizadas, siempre bajo principios de legalidad, ética y compromiso con los derechos humanos.
Por ello, como profesional que ha trabajado para garantizar y ejercer la libertad de expresión y la libertad de prensa hago un llamado firme a ejercer un periodismo responsable, que contraste fuentes, consulte información oficial y evite reproducir visiones sesgadas o incompletas. La ciudadanía merece información seria, verificable y contextualizada, especialmente en un proceso tan relevante para el país.
Reitero mi compromiso con la transparencia, la justicia y la construcción de una institucionalidad sólida, basada en la verdad, el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el respeto a la dignidad humana.
