08/09/2026
En conferencia de prensa la directora de ASFC, Claudia María López, señaló que con la resolución de la ONU se confirma que la detención de Claudia Gonzáles fue arbitraria y violó derechos fundamentales protegidos por la Declaración de Derechos Humanos.
Dicha detención fue ejecutada sin base legal, y estuvo vinculada con el ejercicio de su profesión y participación en la lucha contra la corrupción.
Explicó que el proceso estuvo marcado por la falta de imparcialidad y dilaciones. La abogada López indicó que el grupo de trabajo de la ONU exige al Estado de Guatemala investigar a las personas responsables por su persecución y reparar el daño que esta ocasionó a Claudia Gonzáles.
En su intervención el abogado Alfredo Ortega, expuso las cuatro razones que llevaron al grupo de trabajo de la ONU a ratificar que la detención de la abogada Gonzáles fue ilegal.
1. Orden de detención, encausamiento penal y eventual orden de prisión preventiva no tuvieron sustento legal. El Fiscal del MP Noe Rivera jamás sustento sus solicitudes y el Juez responsable, Jimi Bremer nunca razonó sus decisiones. Además, durante la audiencia de primera declaración no se cumplieron los plazos que la propia Constitución.
2. El caso fue una represaría política por su colaboración con la CICIG, por su trabajo como defensora de DDHH y por la defensa del estado de derecho.
3. Violaciones al debido proceso; tanto por el MP como por el Juez, prohibición a la publicidad del proceso, suspensiones o atrasos innecesarios de las audiencias, restricción al expediente y coordinación entre el MP y el Juez para perpetrar una venganza en contra de la abogada.
4. El grupo de trabajo comprobó lo que nombraron como: Pacto de Discriminación, es decir, que el MP buscó criminalizar a exoperadores de justicia y defensores de DDHH, vinculados con la lucha contra la corrupción.
Se pide que se investigue y sancione a los responsables.
En su pronunciamiento la abogada Claudia Gonzáles recalcó lo importante de esta resolución, ya que se comprobó que existe una responsabilidad penal en contra del exfiscal Noé Rivera y el Juez Jimi Bremer. Asimismo, como la responsabilidad que recae en la Sala 1era. de la Corte de Apelaciones, porque a pesar de dictar a su favor, nunca revirtieron las decisiones arbitrarias del Juez Bremer.
Indicó que en su debido momento se harán las denuncias y querellas correspondientes para que la ley determine el grado de delito que estas personas cometieron en contra de su persona.
La abogada defensora de Claudia Gonzáles, Joseline Jacome, señaló las responsabilidades que se desprenden en contra de las autoridades que estuvieron en cargadas de criminalizar a su defendida. Indicó que el OJ tiene el compromiso de enmendar todas las dilaciones de este proceso. Deberán acatar lo que la resolución de la ONU estableció y declarar la inocencia de Claudia Gonzáles.
También se debe tomar en cuenta el costo, tanto personal como económico en el que incurren las personas criminalizadas y la inversión que el Estado realiza a través de los impuestos de la población en casos que no tienen sustento jurídico.
