09/10/2025
👁️ Ley 7-2025: el nuevo botín político disfrazado de desarrollo 👀👇
Por: Nery Gálvez
Periodismo independiente y de profundidad social 🧐
El Congreso de la República aprobó el Decreto 7-2025, una ley que a primera vista busca “fortalecer financieramente” los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), pero que en realidad abre una puerta peligrosa: la de manejar miles de millones de quetzales sin control ni fiscalización inmediata.
Esta ley, aprobada de manera exprés y posteriormente publicada pese al veto presidencial, permite que los fondos no ejecutados por las municipalidades y los CODEDE puedan arrastrarse y reutilizarse el siguiente año fiscal. En teoría, suena como una solución a la lentitud administrativa. En la práctica, es una autorización para operar con dinero público sin los candados normales que impone la ley de presupuesto.
Según estimaciones, el monto total que podría moverse bajo esta nueva norma ronda los 9 mil millones de quetzales. Si consideramos el promedio histórico de corrupción estimado en el gasto municipal —alrededor del 30% según estudios del ICEFI y auditorías de la Contraloría— hablamos de 2 mil 700 millones de quetzales que podrían terminar desviados entre diputados, gobernadores, alcaldes, concejales y síndicos. Es un botín que se disfraza de “continuidad de proyectos” pero que, en manos equivocadas, se convierte en un fondo paralelo de clientelismo político.
El Congreso ignoró las advertencias técnicas del Ministerio de Finanzas, que calificó el decreto como una ruptura del principio de anualidad presupuestaria y una amenaza directa a la transparencia. El ICEFI también alertó que con esta ley se crea una “bolsa opaca” donde los recursos públicos pueden moverse fuera del control de la auditoría oportuna, debilitando aún más la rendición de cuentas.
En Sacatepéquez, la votación dejó ver con claridad quiénes apuestan por la transparencia y quiénes por el silencio cómplice.
Mercedes Monzón y Diego Toledo votaron en contra, presentando argumentos en favor del control financiero y contra la discrecionalidad en el uso de fondos públicos.
Sergio Celis, diputado del partido CABAL, votó a favor del decreto, alineándose con las bancadas tradicionales que impulsaron su aprobación.
El caso de Celis no sorprende: su trayectoria política muestra constantes cambios de partido y una presencia congresional sin resultados tangibles para el departamento. Hoy, su voto a favor parece más un intento por mantenerse dentro del reparto del nuevo botín legislativo que una decisión basada en principios.
Mientras tanto, los municipios de Sacatepéquez y del país siguen enfrentando obras inconclusas, calles destruidas y programas sociales a medias, y los CODEDE, en lugar de rendir cuentas, acumularán más poder y dinero. El problema no es la continuidad de los proyectos, sino la falta de control sobre quién los ejecuta y bajo qué criterios.
El riesgo es claro: la corrupción también mata. Mata la confianza ciudadana, la credibilidad institucional y las oportunidades de desarrollo. Cada quetzal desviado por la política es un aula sin techo, una comunidad sin agua, una carretera sin terminar.
Y es que cuando el dinero público deja de ser un medio para el bienestar y se convierte en moneda para negociar lealtades, lo que se erosiona no es solo la economía: es la dignidad de un país entero. Guatemala sigue siendo rehén de una clase política que se sirve del Estado como si fuera una finca privada, mientras los ciudadanos —los mismos que trabajan, pagan impuestos y esperan justicia— apenas sobreviven entre la desigualdad y la desmemoria.
La Ley 7-2025 no es un error técnico, es un síntoma: el reflejo de una élite que legisla para sí misma. Si no hay control ciudadano, si no hay auditoría social, esta ley será recordada no como una herramienta de desarrollo, sino como la puerta abierta a un nuevo ciclo de saqueo institucional.
Porque la corrupción no solo roba dinero: roba futuro.
