07/01/2026
👁️ Pagos ilegales, desacato judicial y uso indebido de fondos públicos: el padrón predial que expone una posible estructura de corrupción en Antigua Guatemala
Antigua Guatemala | Investigación Especial
✍️ Nery Gálvez | Periodista 👁️👇
El proyecto del padrón predial municipal multifinalitario dejó de ser un debate técnico o administrativo desde el momento en que un juez ordenó su suspensión total. Lo que hoy está en discusión es algo mucho más grave: la ejecución de pagos millonarios con fondos públicos pese a una prohibición judicial expresa, un hecho que, por sí mismo, configura indicios sólidos de corrupción administrativa y desacato a la autoridad judicial dentro de la Municipalidad de Antigua Guatemala.
Desde el 21 de agosto de 2025, el proyecto se encuentra legalmente suspendido por resolución del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, a cargo del juez Julio César Vázquez Xol. La orden judicial fue clara, escrita y notificada al concejo municipal: no continuar, no ejecutar y no erogar fondos relacionados con el padrón predial multifinalitario mientras se tramitaba una querella penal.
A partir de ese momento, cualquier pago realizado dejó de ser una decisión administrativa y pasó a ser una posible acción ilegal.
👁️ Millones pagados cuando el proyecto ya estaba prohibido
La información disponible en Guatecompras confirma que la empresa CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL Y DE SISTEMAS, S.A. (GiSystems) facturó Q22,574,895.00 bajo la figura de proveedor único, una modalidad que ya de por sí exige máxima justificación y control.
Lo verdaderamente comprometedor es que más del 50 % de ese monto fue pagado después del 21 de agosto de 2025, es decir, cuando la prohibición judicial estaba plenamente vigente. En términos legales, esto implica que se utilizaron recursos municipales en abierta violación de una resolución judicial, un hecho que no admite matices ni interpretaciones políticas.
Aquí no hay vacío legal: hay una orden judicial ignorada y dinero público ejecutado.
👁️ El intento de “legalizar” lo ilegal
Posteriormente, la Municipalidad intentó sostener la continuidad del proyecto amparándose en un amparo provisional otorgado el 1 de diciembre de 2025 y notificado hasta el 23 de diciembre. Sin embargo, este recurso no subsana ni justifica los pagos efectuados previamente por tres razones fundamentales:
1️⃣ El amparo no adquirió firmeza, al haber sido apelado dentro del plazo legal.
2️⃣ No tiene efectos retroactivos, por lo que no puede cubrir pagos realizados meses antes.
3️⃣ No sustituye ni anula automáticamente la orden penal de suspensión vigente al momento de los desembolsos.
Más que una defensa jurídica sólida, el amparo aparece como un intento posterior de encubrimiento administrativo, una práctica recurrente en esquemas donde primero se ejecuta el gasto y luego se busca cómo justificarlo.
👁️ Responsabilidades compartidas, no decisiones aisladas
Otro elemento clave que desmonta cualquier narrativa de “decisión individual” es que los pagos municipales no se ejecutan de manera automática. Requieren dictámenes legales, autorizaciones administrativas, firmas responsables y, en muchos casos, aval del concejo municipal.
Esto abre una línea de investigación directa sobre:
✅ Funcionarios que autorizaron órdenes de pago pese a la prohibición.
✅ Asesores legales municipales que avalaron continuar el proyecto ignorando una orden judicial.
✅ Concejales que permitieron la ejecución presupuestaria sin exigir el cumplimiento de la suspensión.
Aquí no se trata de liderazgo o poder político, sino de una posible estructura administrativa que operó coordinadamente para desobedecer la ley.
👁️ Cuando la ilegalidad se normaliza
La gravedad del caso radica en que la Municipalidad actuó como si una resolución judicial fuera un obstáculo administrativo menor, y no una orden de obligatorio cumplimiento. Este comportamiento revela algo más profundo: la normalización de prácticas ilegales dentro de la gestión pública, donde el dinero municipal se mueve primero y la legalidad se revisa después —si es que se revisa—.
La ausencia de consecuencias inmediatas solo refuerza la percepción de que el sistema de control ha fallado, permitiendo que actos que encajan en posibles delitos penales se manejen como simples controversias políticas.
✍️ No es poder, es corrupción
El caso del padrón predial multifinalitario no demuestra fortaleza política ni capacidad de mando. Demuestra algo mucho más preocupante: la disposición de utilizar fondos públicos en contra de una orden judicial, confiando en que el sistema no reaccionará a tiempo.
Cuando una municipalidad paga millones pese a una prohibición expresa, no estamos ante autoridad, sino ante corrupción administrativa organizada. Y cuando esas decisiones no generan consecuencias, el mensaje es claro y peligroso: la ley se puede ignorar si se controla el presupuesto.
Hoy, los vecinos de Antigua Guatemala no enfrentan solo un proyecto irregular, sino la evidencia de que sus impuestos pudieron haber sido usados para sostener actos ilegales, ejecutados desde la institucionalidad misma. La pregunta ya no es si hubo error, sino quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y quiénes están encubriendo.
