20/09/2025
A cuatro meses de su detención, el Ministerio Público mantiene en prisión preventiva a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Cháclan, debido a que los jueces a quienes se les asignó el caso se han escusado. En el caso del líder Esteban Toc, si bien se le otorgó arresto domiciliario, desde el momento de su captura se retrasó su audiencia de primera declaración, a pesar de los quebrantos de salud que lo ponían en riesgo.
Respecto a Pacheco y Cháclan, la jueza asignada se excusó de conocer el caso el 25 de junio de este año. La Sala Tercera, que conoció esta escusa, tenía cinco días para emitir una resolución, pero hasta el momento no lo ha hecho, lo que impide fijar una fecha para discutir la Etapa Intermedia.
Esto también ha bloqueado la posibilidad de realizar una audiencia de revisión de medidas, pese a que ninguno de los delitos imputados limita el derecho a solicitar un cambio de medida cautelar. Además, el MP intenta agregarles dos nuevos delitos, entre ellos el de terrorismo, una acusación de trascendencia internacional.
Otro vicio procesal es que los juzgados han aceptado las solicitudes del MP para mantener el caso bajo reserva sin fundamentarla. Expertos señalan que esto contraviene la ley, ya que la reserva de un proceso solo puede mantenerse por un plazo de diez días.
Asimismo, el MP ha pedido que se rechace la solicitud de la defensa para presentar peritos especializados que analicen la prueba, compuesta en su mayoría por capturas de pantalla de páginas de “medios de comunicación” que solo tienen presencia en redes sociales y reproducen criterios alineados con la versión-visión del MP.
Los amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad para agilizar el proceso también permanecen estancados, lo que evidencia la intención, desde diversas instancias, de mantener paralizada la situación jurídica de los líderes.
A esto se suma la intención de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) de adherirse como querellante. Esta organización ha recurrido en el pasado al litigio malicioso para retrasar procesos, como en el caso Alfa Siete (en el que fue absuelto el exfiscal Stuardo Campo) que durante la etapa intermedia de ese proceso la fundación no se presentó a nueve audiencias.
No debe olvidarse que el MP justifica esta persecución política y criminalización señalando que las manifestaciones realizadas por los pueblos indígenas en defensa de la democracia constituyen delitos. Esto representa una nueva forma de intimidación contra la población: se pretende convertir en crimen un derecho reconocido por el derecho internacional —la libertad de expresión y de protesta—, calificándolo como terrorismo.
