25/08/2025
| El proyecto inconcluso donde una empresa recibió Q2.1 millones, puso a trabajar a los pobladores y no les pagó
En febrero de 2024, Salvador Sis y un grupo de 174 pobladores de , , , trabajaron duramente en el traslado de 104 postes de electricidad, cables y transformadores, para su caserío.
Con mucha diligencia y entusiasmo, los comunitarios también cavaron los agujeros donde colocaron los postes, soñaban con que —por fin— tendrían energía eléctrica en una comunidad tan lejana como olvidada, en los límites de Baja Verapaz con y , en , que queda a de dos horas en vehículo desde el centro de San Miguel Chicaj.
El caserío queda entre montañas de escasa vegetación, clásico de esa región de país, está en una especie de agujero, donde tampoco hay señal de celular. Hasta hace poco llegar era casi imposible, solo se podía a pie. Hace pocos años la comuna construyó un camino de terracería donde ya transitan vehículos.
Llevar electricidad a esta comunidad fue uno de los objetivos (supuestamente) del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que en enero de 2021 subió un evento de licitación para la electrificación rural en varias aldeas y caseríos de esa región.
En mayo de ese año se adjudicó el contrato a Constructora Ochoa, propiedad de Samuel Porfirio Ochoa de León, firma involucrada en otras contrataciones de las cuales, al menos una, fue denunciada por las actuales autoridades del INDE, en 2024, por participar en procesos de licitación con serias sospechas de corrupción.
Para esa fecha, ya formaba parte del Consejo Directivo del INDE, Melvin Quijivix, representando a la Secretaría General de Planificación de la Presidencia (Segeplan). Puesto que consiguió, según denuncias del actual Gobierno, gracias a una plaza fantasma.
En octubre de 2022, Constructora Ochoa ganó la licitación de este y otros seis proyectos de electrificación rural que en total le representaron poco más de Q30 millones. De estos contratos, de acuerdo con información de Guatecompras, el INDE terminó pagándole Q40 millones.
El proyecto de Chupel, como tal, fue adjudicado por un monto de Q2.4 millones. Aunque la adjudicación fue en 2022, el contrato se firmó hasta febrero de 2023. El proyecto debió ser finalizado, según el contrato, 110 días hábiles después de que el contratista recibiera copia de este. Es decir, la obra debió ser terminada a mediados de agosto de 2023.
Pero, la firma ha pedido una serie de prórrogas desde entonces, la más reciente el 30 de abril de 2025, que fue autorizada por el gerente interino de Electrificación Rural y Obras, Elmar Raúl Méndez. El Aval lo otorgó luego de revisar el «informe técnico de prórroga» que fue firmado por Edwin Romeo Ochoa Paredes, supervisor del contrato.
La Hora revisó en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) los pagos que esta constructora recibió por la firma de este contrato y constató que le aparecen dos, en 2024, que suman Q2.1 millones.
NO LES PAGAN LOS JORNALES
Los comunitarios de Chupel reclaman que la empresa dejó el proyecto tirado y desde hace meses que no saben qué pasó con el contratista, el señor Ochoa de León. En principio se comunicó con ellos y les ofreció el pago de 4 días de trabajo para 174 personas —unos Q600 cada uno— de la comunidad, más otros gastos, pero desde el año pasado se esfumó.
Salvador Sis asegura que el avance físico del proyecto fue posible por la mano de obra que ellos prestaron. «El contratista primero llegó y trabajó un plan, pero dejó tirados los materiales, postes, cables y transformadores a la orilla de la carretera», comenta el entrevistado. (lahora.gt)
