16/10/2025
Ecuador en CONTEXTO. CRIMEN y CASTIGO ESTATAL
La actual coyuntura sociopolítica en Ecuador se caracteriza por una profunda violencia que entrelaza la crisis de seguridad con el malestar social generado por las políticas del gobierno del presidente Daniel Noboa. Desde su llegada, el país ha experimentado una escalada en los niveles de homicidios, alcanzando cifras críticas, con la violencia del narcotráfico y el crimen organizado como principal motor. En este contexto, la declaratoria de "conflicto armado interno" en enero de 2024 llevó a una militarización intensa, especialmente en zonas marginales y urbanas, buscando retomar el control de las cárceles y las calles. Sin embargo, esta estrategia de "mano dura" ha sido objeto de críticas por el abuso de la fuerza, detenciones sin procedimiento regular y el incremento de vulneraciones a los derechos humanos, incluyendo casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales contra la población, particularmente en provincias costeras y contra comunidades empobrecidas.
A la crisis de seguridad se suma una creciente conflictividad social debido a las medidas económicas que la oposición y organizaciones sociales califican de "antipopulares" o neoliberales. Una de las acciones que más rechazo ha generado es la posible eliminación del subsidio a los combustibles, especialmente al diésel, una medida que los manifestantes, incluyendo al movimiento indígena (CONAIE) y el Frente Popular, alertan que incrementará drásticamente el costo de la vida y afectará a los sectores más vulnerables (agricultores, pescadores). Estas decisiones, junto con problemas estructurales como el desempleo, la falta de inversión en educación y salud, y la crisis energética, han provocado protestas y paros nacionales desde septiembre de 2024.
La respuesta gubernamental a las movilizaciones ha sido la de mantener una postura "intransigente", empleando una fuerte represión y la militarización en la gestión de las protestas, lo que ha escalado la violencia. Se han reportado personas fallecidas, numerosos heridos y detenciones masivas, incluyendo imputaciones bajo cargos de terrorismo. El gobierno ha utilizado la narrativa de la "guerra contra el terrorismo" no solo para combatir al crimen organizado, sino también para deslegitimar a los movimientos sociales, sustituyendo el diálogo político por una lógica de combate. Esta combinación de la violencia criminal rampante y la represión estatal contra las protestas configura un escenario de alta tensión que polariza a la sociedad ecuatoriana.