30/07/2026
Las obras municipales no son un favor, un regalo ni un motivo de celebración. Son una obligación legal de la administración municipal y un deber del alcalde, quien fue elegido precisamente para gestionar, coordinar y ejecutar proyectos en beneficio de la población.
Cada calle pavimentada, cada banqueta arreglada y cada obra pública se financian con recursos provenientes de los impuestos y aportes de los ciudadanos. No salen del patrimonio personal de ningún funcionario, por lo que presentarlas como si fueran un logro o un acto de generosidad es desvirtuar la naturaleza del servicio público.
Cuando estas obras se convierten en espectáculos o actos de celebración durante una campaña electoral, es válido preguntarse si el objetivo es informar sobre la gestión o influir en la decisión de los votantes. Cumplir con las responsabilidades del cargo no merece aplausos extraordinarios; es, simplemente, el mínimo que la ciudadanía tiene derecho a exigir.
No confundamos el cumplimiento de una obligación con un favor político. Los recursos son del pueblo, las obras son para el pueblo y los funcionarios tienen el deber de administrarlos con transparencia, eficiencia y responsabilidad.
