08/06/2025
NUESTRO COLUMNISTA MÁSTER KENNY TOLEDO HABLA SOBRE LA INSEGURIDAD EN EL PAÍS.
Seguridad en Guatemala; Entre la Ineficiencia y la Urgencia de Reformas Reales
Por: K.T., Lic. en Administración de Negocios, Mtr. en Auditoría de Tecnología de la Información, Especialista con más de 10 años de experiencia en seguridad física, electrónica, financiera, personal y turística. Ex consultor en banca, telecomunicaciones y colaborador estratégico con gobiernos anteriores en temas de logística para capturas de criminales de cuello blanco, análisis de inteligencia confidencial, investigaciones y operaciones de alto impacto.
En Guatemala, la palabra “seguridad” se ha convertido en una ilusión, una promesa eterna que se escapa de las manos del ciudadano común mientras las estadísticas de violencia siguen creciendo, la confianza en las instituciones cae en picada. La seguridad nacional parece más una obra de teatro montada para calmar la presión mediática que una política pública estructurada y efectiva. A pesar de algunos esfuerzos recientes por aparentar una recuperación del control del sistema penitenciario y una ofensiva contra el crimen organizado, los problemas de fondo siguen sin resolverse; una pésima administración de los recursos, bajos salarios para el personal operativo, corrupción endémica y la falta de un plan integral de protección ciudadana.
Uno de los pilares de la debilidad del sistema de seguridad guatemalteco es la mala administración de los recursos asignados. En teoría, los fondos públicos destinados a la seguridad deberían garantizar patrullas adecuadas, tecnología de punta, formación continua para los agentes y sobre todo, instalaciones dignas y funcionales. Sin embargo, la realidad es diametralmente opuesta.
Recorrer una estación de la Policía Nacional Civil (PNC) es una experiencia deprimente; paredes agrietadas, techos con filtraciones, mobiliario destrozado y vehículos obsoletos o inservibles. En este entorno, se pretende que los agentes policiales operen con eficiencia y profesionalismo, cuando ni siquiera se les proporcionan las herramientas básicas para el cumplimiento de su deber. El deterioro de la infraestructura es también reflejo del desprecio institucional por el personal operativo. ¿Cómo puede exigirse excelencia a quienes trabajan en condiciones infrahumanas?
En esta misma línea, es crucial abordar el tema del salario que perciben los encargados de la seguridad operativa. Los policías, penitenciarios y otros elementos del aparato de seguridad reciben remuneraciones que no cubren ni siquiera el costo de la canasta básica. Este panorama los convierte en presas fáciles del crimen organizado, que no duda en ofrecer “comisiones jugosas” a cambio de colaboración, omisión o complicidad directa.
Uno de los ejemplos más evidentes de esta situación se encuentra en el sistema penitenciario. Recientemente se ha iniciado el retiro de equipo, presuntamente vinculado con estructuras criminales, dentro de las cárceles del país. Este paso ha sido aplaudido públicamente, pero detrás de esta acción se esconde una verdad incómoda; muchos de los que debían resguardar el orden dentro de los penales ha caído en la corrupción. ¿Por qué? Porque sus condiciones laborales los han empujado a ello o analizan que pueden enriquecerse de forma rápida al autorizar dichos ingresos. El estado ha fallado en garantizar un salario digno, y donde el Estado falla, el crimen organizado capitaliza.
A pesar de las recientes acciones gubernamentales –como los operativos masivos y la intervención en los centros penitenciarios- no se percibe un plan estratégico a largo plazo que garantice la seguridad de la población. Estos movimientos, si bien necesarios, corren el riesgo de convertirse en simples cortinas de humo.
La ciudadanía necesita algo más que imágenes mediáticas de capturas y decomisos; requiere resultados sostenibles, reducción de los índices de criminalidad y recuperación del espacio público.
En las calles, la violencia sigue siendo una constante. A plena luz del día se comenten asesinatos, violaciones, robos a mano armada y secuestros exprés. La ciudadanía vive en un estado de alerta permanente. Salir a la calle implica una evaluación diaria del riesgo. Esta situación evidencia la ausencia de un plan integral de seguridad ciudadana, con estrategias focalizadas, tecnología adecuada, inteligencia preventiva y coordinación interinstitucional real.
La gran pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Existe un verdadero plan para proteger al ciudadano? Hasta ahora, lo que se observa es una política reactiva y no proactiva. No hay campañas visibles de prevención, ni esfuerzos coordinados con las alcaldías para fortalecer la seguridad comunitaria. Tampoco se ha anunciado inversiones serias en infraestructura policial o en mejoras laborales para el personal de seguridad.
Se habla de fortalecimiento institucional, pero no se destinan los recursos necesarios para ese fortalecimiento. Se menciona la lucha contra la corrupción, pero no se establecen mecanismos independientes de supervisión o auditoría ciudadana que permitan dar seguimiento a las acciones. Es como si la seguridad fuera tratada como un tema de accesorio, cuando en realidad es la base para el desarrollo de cualquier sociedad.
Lo que Guatemala necesita no son parches, sino una reforma estructural del sistema de seguridad, esta reforma debe partir de una evaluación honesta y técnica de las condiciones actuales. No basta con cambiar autoridades o crear nuevas dependencias si no se acompaña de una transformación cultural e institucional. Se requiere una administración efectiva de los recursos, con una planificación financiera que priorice el equipamiento, la formación y la dignificación del personal operativo.
Asimismo, es indispensable dignificar la labor de los policías, agentes penitenciarios y demás cuerpos de seguridad. Esto implica no solo mejorar sus salarios, sino también garantizar su formación continua, condiciones laborales justas y mecanismos de protección frente a las amenazas del crimen organizado. Solo así podrán cumplir su labor sin ceder ante las tentaciones de la corrupción.
Mención especial merece la infraestructura policial. Las condiciones actuales de muchas estaciones de policía no solo son indignas, sino peligrosas. Hay instalaciones que ni siquiera cuentan con servicios básicos en funcionamiento. La carencia de espacios adecuados limita la operatividad, afecta la moral del personal y genera desconfianza en la ciudadanía. No se puede construir un cuerpo policial eficiente sobre una base tan débil y descuidada.
Este abandono también es simbólico ya que refleja la poca prioridad que el Estado le otorga a la seguridad pública desde un enfoque preventivo. Porque invertir en infraestructura es también apostar a la permanencia, a la presencia del Estado en los territorios, a la recuperación de la confianza ciudadana.
No todo está perdido, las acciones recientes, si bien insuficientes, pueden representar el inicio de un cambio. Pero es necesario que ese cambio no se limite a la superficie. Si el gobierno actual realmente desea dejar huella positiva en la historia del país, debe ir más allá del discurso. Debe construir un plan integral de seguridad con metas claras, indicadores de impacto, participación ciudadana y una estricta rendición de cuentas.
Urge la participación activa de expertos de seguridad, administración pública, tecnologías de la información y auditoría. Guatemala no puede seguir improvisando en un tema tan delicado. El crimen avanza con estrategias, recursos y crueldad. El Estado debe responder con inteligencia, dignidad y firmeza.
La seguridad ciudadana no es un favor que el gobierno otorga cuando le conviene, es un derecho constitucional que debe garantizarse todos los días. Hoy, ese derecho está en entredicho. La falta de eficiencia, la mala administración, los bajos salarios y la corrupción interna son los enemigos internos que debemos combatir con la misma fuerza que enfrentamos al crimen organizado.
Los ciudadanos merecen vivir sin miedo, merecen caminar libres por las calles, confiar en la policía, ver a sus hijos crecer sin el fantasma de la violencia. Para lograrlo, se requiere voluntad política, eficiencia administrativa y un compromiso real con la vida y la dignidad de todos los guatemaltecos.
El Estado tiene una deuda pendiente con su pueblo en materia de seguridad. Es tiempo de saldarla, con acciones reales, con políticas públicas serias, sobre todo, con una gestión que coloque al ciudadano –y no al poder- en el centro de la toma de decisiones.
