26/08/2025
La Hidroeléctrica Pasabien enfrenta un caso de ilegalidad por no contar con un instrumento ambiental vigente y operar con permisos vencidos, lo que llevó a la muerte de dos campesinos y un policía en un violento desalojo el 29 julio de 2025, así como a una orden de cierre de operaciones emitida en agosto de 2025 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la apertura de un proceso de evaluación para revocar su licencia. Los pobladores reclaman la propiedad de las tierras donde opera la empresa, y el gobierno busca solucionar el conflicto de tierras que inició con la operación irregular de la hidroeléctrica.
El Caso
Operaciones Ilegales:
La hidroeléctrica Pasabien opera ilegalmente desde hace años, sin tener un estudio de impacto ambiental y con instrumentos de cumplimiento y licencias vencidas.
Disputa por Tierras:
Comunidades campesinas en la aldea Santa Rosalía de Mármol, Río Hondo, Zacapa, han estado reclamando la propiedad de las tierras que la empresa ocupa desde hace años.
Violencia y Muerte:
En julio de 2025, un desalojo ordenado por la empresa derivó en un enfrentamiento armado en el que murieron dos campesinos y un agente de la Policía Nacional Civil.
Acusaciones y Reclamos:
Las autoridades locales y organizaciones comunitarias señalan al Estado por omisión en la resolución del litigio de tierras, y se acusa a la empresa de haberse apoderado de las fincas de forma anómala.
Avances y Soluciones
Orden de Cierre:
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció un proceso para cesar las operaciones de la hidroeléctrica debido a la falta de instrumento ambiental y a un plazo de 72 horas para una resolución oficial.
Mesa Técnica:
El Congreso ha propuesto una hoja de ruta para resolver el conflicto, con un diálogo constante entre las partes y un seguimiento a los compromisos de las instituciones involucradas.
Intervención del Estado:
Se está exigiendo al gobierno que reclame los derechos sobre las fincas en disputa mediante la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Acciones Judiciales:
Se busca investigar la responsabilidad de las partes involucradas y resolver de fondo el conflicto de propiedad.