13/08/2026
“NADIE CONFIA EN EL GOBIERNO🤷♂️”
Empadronadores del censo en Honduras enfrentan rechazo y amenazas: la desconfianza hacia el gobierno frena el proceso
En las calles y colonias de Honduras, los trabajadores del XVIII Censo de Población y VII de Vivienda 2026 están topándose con una realidad incómoda: puertas cerradas, gritos de “no queremos nada del gobierno” y, en varios casos, amenazas directas. Lo que debería ser un ejercicio técnico para actualizar datos después de 13 años se ha convertido en un reflejo de la profunda desconfianza que miles de hondureños sienten hacia las autoridades.
“Uno llega con el chaleco del INE, la gorra y el carné, y la gente ya está a la defensiva”, cuenta un empadronador que pidió no ser identificado por temor a represalias. “Algunos ni abren la puerta. Otros salen y te dicen que no van a dar ningún dato porque ‘este gobierno solo sirve para robar’ o que ‘van a usar la información para algo malo’. En un par de casas me dijeron que si volvía me iba a arrepentir”.
El censo, que arrancó el 10 de agosto de 2026 con alrededor de 14.000 empadronadores y el respaldo técnico de la ONU y el financiamiento del BID, busca visitar cerca de 2,6 millones de hogares. Las autoridades del Instituto Nacional de Estadística (INE) han insistido en que los datos están protegidos por el secreto estadístico y no se usarán con fines fiscales, judiciales ni políticos. Sin embargo, en redes sociales y en las conversaciones de barrio circulan rumores de multas, de preguntas políticas y de que la información terminará en manos de “los de siempre”.
Esa desconfianza no nace de la nada. Años de crisis institucionales, denuncias de corrupción, problemas de seguridad y una polarización política que no da tregua han dejado a mucha gente convencida de que cualquier iniciativa oficial es sospechosa. “Nadie confía en este gobierno”, resume una vecina de una colonia popular de Tegucigalpa que se negó a ser censada. “Primero nos mintieron con una cosa, después con otra. ¿Ahora vamos a creer que solo quieren saber cuántos somos y cómo vivimos? No, gracias”.
Algunos empadronadores relatan que han sido insultados, que les han cerrado la puerta en la cara o que han recibido advertencias de no volver. En zonas más conflictivas, el miedo es mayor: “Hay gente que te mira raro y te dice que mejor te vayas porque ‘aquí no se anda dando información a nadie’”. Aunque el INE ha desmentido versiones falsas —como la de una multa de 5.000 lempiras por no participar—, el daño a la credibilidad ya está hecho.
El resultado es que el censo avanza a trompicones. Mientras las autoridades llaman a la población a “hacerse visible” para que las políticas públicas respondan a las necesidades reales, en la calle el mensaje es otro: primero recuperen la confianza, después pidan los datos.
Por ahora, los empadronadores siguen saliendo cada día con sus tabletas y su identificación. Algunos con resignación, otros con frustración. “Uno solo quiere hacer su trabajo y ganar su sueldo”, dice otro censista. “Pero cuando la gente te mira como si fueras el enemigo, se vuelve muy pesado. Y la culpa no es de nosotros… es de todo lo que ha pasado antes”.
La pregunta que queda flotando en el aire es simple y contundente: ¿cómo se hace un censo nacional cuando gran parte del país ya no cree en quien lo organiza?
