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Informa Honduras HN, Tegucigalpa (2025)

25/11/2025

"Emergencia Nacional": Organizaciones de Mujeres exigen justicia frente al Ministerio Público ante ola de femicidios

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Miembros de la Plataforma 25 de Noviembre y la Marcha Mundial de las Mujeres realizaron este lunes una contundente manifestación frente a las instalaciones del Ministerio Público, declarando la situación de violencia en el país como una "emergencia nacional" y exigiendo acciones inmediatas a los operadores de justicia.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las organizaciones entregaron un posicionamiento público que revela cifras alarmantes. Según datos validados por la UNAH, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 225 muertes violentas de mujeres. Asimismo, denunciaron que el Sistema de Emergencias 911 recibió más de 65,000 llamadas por violencia doméstica e intrafamiliar hasta septiembre de este año.

Crisis en la niñez y exigencias al Fiscal
El documento destaca una situación crítica para las niñas hondureñas: el 80% de las denuncias por violencia sexual corresponden a menores de edad, registrándose más de 1,000 partos en niñas de entre 10 y 14 años.

Ante este panorama, las manifestantes exigieron al Ministerio Público el fortalecimiento de las unidades de investigación de muertes violentas y la creación urgente de Unidades Forenses Especializadas. Del mismo modo, instaron al Poder Judicial a ampliar la cobertura de los juzgados especializados en violencia doméstica a nivel nacional.

Llamado Político y Presupuestario

De cara al proceso electoral, las organizaciones emplazaron a las candidaturas presidenciales y legislativas a pasar del discurso a la acción presupuestaria. Entre las demandas específicas destacan:

Asignar progresivamente el 20% del presupuesto institucional a programas dirigidos a mujeres.
Un incremento de 117 millones de lempiras para el mantenimiento y ampliación del programa "Ciudad Mujer".

La ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW.

Las personas de la protesta hicieron un llamado a la ciudadanía a no votar por candidatos con discursos misóginos o vacíos. Bajo la consigna "Sin mujeres no hay democracia, sin justicia no hay paz", las organizaciones reafirmaron que la lucha contra la impunidad es vital para la estabilidad del país.

21/11/2025

Congreso de EE. UU. lanza ultimátum a Honduras: Activa vigilancia bajo la Ley H.R. 4202 ante riesgo de fraude electoral

WASHINGTON D.C. / TEGUCIGALPA – 21 de noviembre de 2025 – A solo diez días de las elecciones generales en Honduras, el Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de los Estados Unidos celebró ayer una audiencia de emergencia titulada "Democracia en Peligro", enviando una advertencia directa a las autoridades hondureñas: cualquier intento de alterar la voluntad popular el próximo 30 de noviembre activará sanciones inmediatas bajo la Ley H.R. 4202.

La sesión, presidida por la congresista María Elvira Salazar (R-FL), reunió a legisladores y expertos internacionales que denunciaron la paralización del Consejo Nacional Electoral (CNE), la injerencia de actores extranjeros y la persecución política judicializada (lawfare) contra la oposición.

La Advertencia: "Consecuencias Personales"
Durante la audiencia celebrada este jueves 20 de noviembre, la presidenta del subcomité fue enfática al señalar que Washington no reconocerá resultados que carezcan de transparencia.

"Si se roban la elección, no habrá lugar en Estados Unidos para ustedes, ni para sus familias, ni para su dinero. La H.R. 4202 está lista y no es retórica, es una promesa", declaró la congresista Salazar, dirigiendo su mensaje a los funcionarios del gobierno y del órgano electoral.

Expertos como el exembajador ante la OEA, Carlos Trujillo, y Deborah Ullmer del Instituto Nacional Demócrata (NDI), testificaron sobre un "guión autoritario" similar al de Nicaragua, advirtiendo que la falta de consenso técnico en el CNE y la violencia política podrían precipitar una crisis el día de la votación.

La Herramienta de Sanción: ¿Qué es la Ley H.R. 4202?
El eje central de la presión estadounidense es el proyecto de ley conocido como "Protect Honduran Democracy Act" (Ley para Proteger la Democracia Hondureña). Discutida ampliamente en la sesión, esta legislación establece el marco legal para castigar a los responsables de un eventual fraude.

Los puntos claves de la H.R. 4202 explicados en la audiencia incluyen:

Cancelación de Visas (Muerte Civil): Ordena la revocación inmediata de visas estadounidenses a cualquier funcionario del gobierno, del CNE, de las fuerzas de seguridad o del poder judicial que socave el proceso democrático. Esta medida se extiende a sus cónyuges e hijos.

Congelamiento de Activos: Autoriza al Presidente de EE. UU. a bloquear cuentas bancarias y embargar propiedades en territorio estadounidense pertenecientes a quienes participen en actos de violencia o fraude electoral.

Investigación de Financiamiento Ilícito: Exige a la inteligencia estadounidense entregar un reporte clasificado (en un plazo de 30 días post-elección) sobre la posible infiltración de dinero del narcotráfico en las campañas del oficialismo.

Condicionamiento Militar: Obliga a certificar la neutralidad de las Fuerzas Armadas; de lo contrario, se suspenderá la cooperación y asistencia militar bilateral.

La audiencia concluyó con un consenso bipartidista sobre la necesidad de una vigilancia extrema. Estados Unidos desplegará recursos para monitorear la jornada del 30 de noviembre, utilizando la H.R. 4202 como mecanismo de disuasión automática.

14/11/2025

Resolución de la CSJ en caso de Consejera del CNE

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de noviembre de 2025 – El pasado 11 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró "sin lugar" un recurso presentado por la defensa de la Consejera López. El objetivo de este recurso era que se ordenara un peritaje técnico a una serie de audios que se encuentran en poder del Ministerio Público (MP).

¿Por qué se denegó la solicitud?

La resolución de la CSJ se basó en que la Consejera Cossette López no figura formalmente como parte "imputada" o "investigada" dentro del expediente judicial específico que el Ministerio Público maneja sobre esos audios.

En términos sencillos, la ley procesal establece quiénes pueden actuar y solicitar pruebas dentro de un juicio. La defensa de la consejera basó su petición en artículos como el Artículo 101 (numeral 11) del Código Procesal Penal, el cual establece el derecho de la defensa a "proponer medios de prueba".

Sin embargo, la CSJ determinó que, al no ser ella la "imputada" en ese caso, no podía ejercer ese derecho dentro de ese expediente.

El Derecho de Defensa

El Artículo 14 del Código Procesal Penal de Honduras garantiza que "el derecho de defensa es inviolable". Este derecho se activa plenamente cuando una persona es formalmente "imputada".

Si ese fuera el caso, la consejera tendría el derecho total de contradecir las pruebas en su contra, incluyendo la solicitud de peritajes. Al no serlo, la Corte consideró que su solicitud no procedía bajo la vía legal que utilizó.
Consecuencias de la Resolución.

Al ser esta una decisión procesal y no una condena, la resolución de la CSJ no afecta el estatus legal de Cossette López como Consejera propietaria del CNE.
La funcionaria continúa en el pleno ejercicio de su cargo, ya que esta resolución judicial no constituye una causa legal para su destitución.

13/11/2025

Declaraciones de Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ

13/11/2025

Alerta de ASJ sobre Estado de Excepción

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió, este jueves 13 de noviembre, que la vigésimo quinta prolongación del estado de excepción representaba una amenaza directa contra la integridad del proceso electoral, programado para el 30 de noviembre. A solo 17 días de las elecciones, la organización señaló que esta medida, aplicada en 226 de los 298 municipios, afectaba al 91% de la población y limitaba las garantías fundamentales necesarias para un proceso democrático.

La base de esta denuncia fue el Artículo 187 de la Constitución. Este artículo es, precisamente, el que faculta al Poder Ejecutivo para suspender temporalmente una serie de derechos en casos graves, como la "perturbación grave de la paz". Los derechos que se pueden restringir bajo este artículo incluyen garantías fundamentales como la libertad personal (Art. 69), la inviolabilidad del domicilio (Art. 72), la libertad de expresión (Art. 78), y crucialmente para el contexto electoral, las libertades de asociación y reunión (Art. 81).

Sin embargo, el mismo Artículo 187 impone un control estricto para que la suspensión sea legal. Exige un requisito claro: una vez que el Ejecutivo emite el decreto, el Congreso Nacional debe ser convocado para ratificarlo, modificarlo o improbarlo en un plazo de 30 días. La denuncia central de ASJ fue que este mandato constitucional se había incumplido, pues afirmaron que "la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional ha excedido el plazo establecido y en otros, la declaratoria no fue ratificada".

La organización de sociedad civil también cuestionó la efectividad de la medida. Aunque el estado de excepción se implementó para combatir la extorsión, ASJ citó que sus resultados "no han sido contundentes". Demostraron que, entre noviembre de 2022 y junio de 2025, de 1,959 denuncias por extorsión, ap***s 294 habían resultado en una sentencia condenatoria, sugiriendo que se sacrificaban derechos sin resolver el problema de seguridad.

Esta preocupación fue compartida a nivel internacional. El reciente Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, así como países como Alemania, Francia y Reino Unido, pidieron el levantamiento inmediato de la medida. Mientras tanto, naciones como España, Canadá y Brasil exigieron que se protegiera la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ante presiones políticas.

Tras haber interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en febrero, ASJ demandó formalmente tres acciones:
- Suspender el estado de excepción para restituir plenamente los derechos constitucionales
- Respetar la independencia de los poderes públicos
- Adoptar políticas de seguridad basadas en los derechos humanos y la rendición de cuentas.

13/11/2025

El Ministerio Público acusa a dos magistrados del TJE.

La fiscalía argumenta que los magistrados tomaron decisiones en una sesión que no cumplía con la ley, mientras que la defensa alega persecución.

Tegucigalpa, M.D.C. – La situación política y legal del país entró en una nueva fase de tensión luego de que el Ministerio Público (MP) anunciara, este pasado 12 de noviembre de 2025, la presentación de un Requerimiento Fiscal (acusación formal) contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El Ministerio Público acusó a los dos magistrados por el delito de prevaricato judicial. En términos simples, esto significa que la fiscalía cree que los magistrados tomaron una decisión o dictaron una sentencia sabiendo que era ilegal o injusta.

La acusación se centra en que los dos magistrados tomaron decisiones en una sesión llamada "Pleno de dos". El MP argumenta que esta sesión fue ilegal porque no cumplía con las reglas de quórum.

El Artículo 35 (El Quórum)

El punto central del MP es el Artículo 35 de la Ley Orgánica del TJE. este artículo es como el reglamento interno del TJE y dice cuánta gente se necesita para que una reunión sea válida. El artículo establece que las sesiones del TJE solo son válidas si están presentes: Los tres (3) magistrados propietarios (titulares).
O, al menos, dos (2) propietarios y un (1) suplente.

Según la fiscalía, la sesión que realizaron los dos magistrados acusados no cumplía con esta regla, ya que solo eran dos propietarios. Por lo tanto, el MP considera que cualquier decisión tomada en esa reunión no es válida y, al hacerla, los magistrados cometieron un delito.

El "Antejuicio"

Un antejuicio es una protección especial que la Constitución de la República le da a ciertos altos funcionarios para que no puedan ser acusados directamente por la fiscalía. Primero, otro poder del Estado debe dar un permiso. Esta protección está definida en la Constitución, principalmente en los artículos que dan poder al Congreso y a la Corte Suprema:

El Artículo 205 (numeral 15), por ejemplo, le da al Congreso Nacional el poder de "declarar si ha lugar o no a formación de causa" (es decir, dar permiso) contra el Presidente, Magistrados de la Corte Suprema, y otros altos funcionarios.

El Artículo 313 le da a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el poder de hacer este mismo proceso de antejuicio a funcionarios de rango medio, como los Magistrados de las Cortes de Apelaciones.

El punto central del conflicto es que los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no aparecen mencionados en ninguna de estas listas de la Constitución. debido a que es un órgano nuevo (creado en las reformas de 2019) y, cuando se creó, los legisladores no los incluyeron en estos artículos. Debido a este "vacío legal", el Ministerio Público (según explicó en su comunicado) consultó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resolvió que los magistrados del TJE NO gozan de esa protección especial. Al no tener esa inmunidad, la fiscalía procedió con la acusación directa, un acto que, según el MP, es completamente legal.

Tras la acusación, el caso pasó a manos de un juez penal. El siguiente paso legal es una Audiencia de Declaración de Imputado. En esta audiencia, un juez escuchará a la fiscalía y a la defensa.
El juez decidirá qué medidas tomará contra los magistrados mientras avanza el juicio. Estas medidas podrían ser leves, pero también existe la posibilidad de que el juez ordene la suspensión de sus cargos.

13/11/2025

Tensión Electoral en Honduras: Alerta de Congresista de EE.UU. y parálisis en el CNE.

A pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el ambiente político en Honduras se encuentra en un punto crítico. La tensión se disparó tras una carta enviada por el influyente Congresista estadounidense Chris Smith a la Casa Blanca, advirtiendo sobre el riesgo de un "fraude electoral catastrófico" y señalando directamente al partido de gobierno.

Ha esto se suma a las preocupaciones ya expresadas por observadores internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). De hecho, la Misión de Observación de la UE instó diplomáticamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) a "resolver sus impasses técnicos y políticos de inmediato" para garantizar la confianza pública en el proceso.

El Canciller Enrique Reina rechazó categóricamente la carta, calificándola de "clara injerencia" y un intento por "desestabilizar" el proceso. En la misma línea, la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, denunció lo que considera una "campaña de desprestigio" y aseguró que el pueblo vivirá una "fiesta democrática".

Por su parte, los partidos de oposición han utilizado la presión internacional para validar sus denuncias. El Jefe de Bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, declaró que la carta "confirma los temores" que han expresado sobre una posible manipulación. Los candidatos presidenciales de oposición, como Nasry Asfura (PN) y Yani Rosenthal (PL), han expresado "seria preocupación" y, aunque con distintos matices, han exigido al CNE que garantice la transparencia.

El epicentro de esta crisis de confianza es el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se encuentra paralizado por disputa interna entre los consejeros Marlon Ochoa (Libre) y Cossette López (PN) sobre la auditoría del software de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Sin una auditoría consensuada, la credibilidad del conteo rápido está en juego.

Esta parálisis ha encendido las alarmas de la sociedad civil. El Presidente del COHEP, Mateo Yibrín, exigió "certeza" y advirtió que la inestabilidad política ahuyenta la inversión. La Conferencia Episcopal, presidida por Monseñor Roberto Camilleri, hizo un llamado ético para "deponer intereses particulares" y evitar la confrontación. Asimismo, Carlos Hernández (ASJ) subrayó que la "politización del CNE" es la causa de la crisis, mientras Omar Rivera (FONAC) ha pedido a los candidatos firmar un "Pacto por la Paz".

Ante la petición de Smith de exigirles "neutralidad", el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Gral. Roosevelt Hernández, reiteró la postura "apolítica" de las Fuerzas Armadas, asegurando que su única misión será custodiar el material y garantizar la seguridad el día de las elecciones, bajo la orden de la autoridad civil, el CNE.

La situación actual refleja un aumento en la presión internacional y un crecimiento en la desconfianza interna, mientras el CNE sigue sin resolver el n**o crítico de la auditoría del TREP.

13/11/2025

Pacientes renales denuncian muertes y "trato indigno" por traslados forzosos; acuden al Ministerio Público

TEGUCIGALPA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.
Esta mañana, un grupo de pacientes renales, denunció públicamente una grave crisis humanitaria relacionada con sus tratamientos de diálisis. El grupo se dirigió al Ministerio Público para continuar una denuncia formal contra un proveedor de servicios y por la presunta negligencia de las autoridades de Salud.

El señor Martínez, denunció que están siendo forzados a trasladarse de su clínica habitual a una nueva instalación que, según él, "no reúne las condiciones" ni los "estándares internacionales" adecuados para su tratamiento. Afirmó que este traslado obligatorio (que afecta a unas 60 personas directamente) obedece a un "secreto a voces" de favoritismo desde las autoridades.

Lo más alarmante de la denuncia es la afirmación de Martínez de que estos traslados ya han costado vidas.
"La vida no se respone" declaró contundentemente Martínez, asegurando que varios compañeros "solo por mandarlos allá se descompensaron y murieron".
El abogado Edwin Salazar confirmó que esta denuncia data de 2023 y señaló directamente a la Secretaría de Salud por "no tener la debida vigilancia" sobre un servicio por el cual el Estado está pagando. Informó que la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor Adulto Mayor ha instruido que los pacientes de la tercera edad, un grupo de casi 50, rindan una nueva declaración.

El señor Martínez rechazó haber sido "ingenuo y manipulado", como asegura que la ministra les ha llamado, e insistió: "Nosotros no andamos peleando empresa, nosotros lo que queremos es un tratamiento digno de calidad".

El grupo concluyó con una advertencia directa al gobierno: "Que se pongan la mano en la conciencia y que nos dejen estar donde nosotros queremos... que se acuerden que viene un proceso electoral y les va a sacar factura".

13/11/2025

Pacientes Renales, Interpondrá una denuncia ante el ministerio público ante el mal servicio recibido en NEFROCENTRO.

12/11/2025

RDD Alerta sobre "Grave Deterioro Democrático" y Denuncia Estrategia de Intimidación contra Órganos Electorales

TEGUCIGALPA, 12 de noviembre de 2025 – En un ambiente de alta tensión a solo 18 días de las elecciones generales, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) manifestó este miércoles su "profunda preocupación" por el "preocupante deterioro del clima democrático" en Honduras.

La presentación de la Quinta Entrega del Observatorio de la Democracia, que llevaba por lema la pregunta "¿Quién controla las reglas?", estaba convocada para las 10:00 AM en el Hotel Plaza Juan Carlos. El evento inició con retraso, según informaron los organizadores, debido a dificultades de acceso en la zona.

Durante la presentación, la RDD denunció una serie de acciones institucionales que, aseguraron, amenazan la independencia y legitimidad del proceso electoral.

1. El Foco de la Crisis: Presión al CNE y TJE

La RDD fue enfática al denunciar lo que calificaron como una "persecución selectiva" y una "estrategia de intimidación" contra las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Contexto de Medios: Esta denuncia se refiere directamente a las recientes y sonadas intervenciones del Ministerio Público (MP). En las últimas semanas, unidades fiscales han realizado allanamientos y secuestro de documentos en las sedes del CNE y el TJE.
La Razón: Las investigaciones del MP estarían centradas en los procesos de adquisición del software y equipo para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La Postura de la RDD: La RDD argumentó que realizar estos "requerimientos fiscales intempestivos" tan cerca de las elecciones "erosiona la confianza ciudadana" y configura una forma de presión que pone en riesgo la estabilidad del proceso.

2. Denuncia de Clientelismo y Descrédito

La plataforma de sociedad civil también alertó sobre otras dos prácticas que consideran graves:
Uso Indebido de Fondos Públicos: Denunciaron el "incremento desproporcionado del gasto en publicidad oficial" y la distribución de bonos y programas sociales en plena campaña. La RDD señaló que esto reproduce esquemas históricos de clientelismo, violando la equidad electoral.

Ataques a Observadores: Rechazaron las campañas de descrédito dirigidas contra las misiones de observación, tanto nacionales como internacionales. Afirmaron que estas narrativas buscan "promover narrativas de fraude anticipado" y boicotear la legitimidad del voto.

3. Exigencias y Compromiso de Observación

Ante este escenario, la RDD exigió al MinisterIO Público actuar con rigurosidad e independencia, "sin exhibicionismo político", y al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo cesar "toda presión política o presupuestaria" contra los entes electorales.

Finalmente, la Red reafirmó su compromiso con la vigilancia del proceso. Anunciaron que contarán con un despliegue de 6,950 observadores acreditados en 258 municipios, además de una observación especializada (metodología PRVT) con 1,007 observadores para la verificación de los resultados.

12/11/2025

Exigen Justicia Territorial: Organizaciones se manifestaron en la CSJ para demandar resolución contra el Decreto 93-2021.

TEGUCIGALPA, 12 de noviembre de 2025 – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue el escenario de una manifestación liderada por mujeres indígenas y respaldada por diversas organizaciones de derechos humanos este miércoles. El evento tuvo como objetivo central exigir una respuesta del máximo tribunal del país.

La manifestación buscó presionar por una "pronta resolución urgente" sobre un recurso de inconstitucionalidad que las organizaciones presentaron formalmente hace exactamente un año, en noviembre de 2024. A la fecha, la Sala de lo Constitucional no ha emitido un fallo sobre dicho recurso.

¿Cuál es el fondo del reclamo?

El recurso legal impugna partes del Decreto 93-2021, conocido oficialmente como la "Ley para la Optimización de la Administración Pública".
El punto central de la denuncia es la reforma que este decreto introdujo al Código Penal, específicamente la creación del Artículo 378-A sobre el delito de Usurpación.

Una Herramienta de Criminalización

Según denunciaron las organizaciones presentes, este artículo se ha convertido en una herramienta legal para la criminalización de las comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios.

La reforma establece "agravantes" al delito de usurpación, imponiendo p***s de 6 a 10 años de prisión a quienes ocupen "áreas forestales nacionales o municipales". El problema, señalaron, es que muchas comunidades indígenas habitan territorios ancestrales que el Estado ha catalogado legalmente como áreas forestales, permitiendo que se les acuse de "usurpadores" en sus propias tierras.

Bajo el lema "Las mujeres indígenas exigen respuestas y el fin de los desalojos ilegales de sus territorios", las manifestantes afirmaron que este decreto facilita el despojo de tierras para favorecer proyectos extractivos y agroindustriales.

La exigencia es clara: que la Corte Suprema declare inconstitucional una ley que, según afirman, se utiliza para justificar legalmente los desalojos y la persecución penal de los defensores del territorio.

07/11/2025

Taller "Cobertura Segura, Elecciones Seguras" ¡Fundamental para el periodismo en Honduras! 🇭🇳

Se desarrolló con éxito en el Salón de Paz de la ASJ el taller "Cobertura Segura, Elecciones Seguras", una jornada fundamental diseñada para fortalecer la labor de los comunicadores hondureños en entornos de riesgo.

La capacitación fue impartida por la reconocida periodista salvadoreña Angélica Cárcamo. Ella es la actual CEO de Infodemia, el primer sitio de fact-checking de El Salvador, y también se desempeñó como presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Durante el taller, los periodistas asistentes adquirieron herramientas prácticas y protocolos esenciales, enfocándose en:

✅ Conciencia Situacional: Técnicas para evaluar el ánimo de la multitud y planificar rutas de evacuación.
✅ Protocolos de Seguridad Física: Métodos sobre vestimenta adecuada y posicionamiento estratégico durante protestas y actos políticos.
✅ Seguridad Digital: El uso de herramientas de encriptación (como Signal), llaves de seguridad física y Bolsas Faraday para la protección de datos.
✅ Autocuidado y Bienestar: Se abordó la importancia de la salud mental y el manejo del estrés postraumático derivado de coberturas difíciles.

El evento representó una valiosa oportunidad para que los profesionales de la comunicación reforzaran sus capacidades para ejercer un periodismo más seguro y profesional en el contexto actual.

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