12/08/2026
Cuando la ley no funciona: el caso del profesor Balmore Ayala
En libertad el profesor Balmore Ayala tras fallo del Tribunal de Sentencia de Trujillo
El caso del profesor Balmore Ayala vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda, pero que la sociedad tiene derecho a plantear: ¿realmente funciona la justicia cuando las familias de las víctimas terminan con miedo y sin respuestas?
El incidente ocurrió el 17 de junio de 2023, entre las 9:30 y 10:00 de la noche, durante una fiesta de 15 años en la comunidad de Salamá, Tocoa, Colón. El hecho dejó como saldo dos jóvenes fallecidas y otra persona herida.
El proceso llegó hasta la etapa de juicio oral y público, que inició el 22 de julio. Durante las audiencias fueron presentados testigos protegidos y no protegidos de ambas partes. El proceso concluyó el 5 de agosto y posteriormente se desarrollaron las conclusiones del caso.
Finalmente, el Tribunal de Sentencia de Trujillo determinó, por mayoría de votos de 2 contra 1, dejar en libertad al profesor Balmore Ayala, al considerar que no existían pruebas contundentes suficientes para establecer su responsabilidad penal por los cargos que se le imputaban.
Desde el punto de vista jurídico, una persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria basada en pruebas suficientes. Esa garantía es fundamental en cualquier Estado de derecho. Pero la justicia también tiene otra obligación: garantizar verdad, protección y reparación para las víctimas y sus familias.
Y es precisamente allí donde surge la preocupación.
Según lo expresado por las madres de las jóvenes fallecidas, existe temor después de la decisión judicial. Incluso han manifestado que, si el acusado quedaba en libertad, tendrían que abandonar su lugar de residencia por miedo.
Entonces, ¿qué clase de justicia estamos construyendo cuando las familias que perdieron a sus hijas sienten que son ellas quienes deben marcharse para sentirse seguras?
El problema no es únicamente que una persona haya quedado en libertad. El verdadero cuestionamiento es qué respuestas está dando el sistema de justicia a quienes siguen cargando con las consecuencias de una tragedia ocurrida hace más de tres años.
Si no hubo pruebas suficientes para condenar, la ley establece que corresponde absolver. Pero eso no debería significar que el caso termine allí. La ausencia de una condena no puede convertirse en ausencia de justicia para las víctimas.
La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió aquella noche, por qué murieron dos jóvenes, quiénes fueron responsables y si las instituciones hicieron todo lo necesario para esclarecer los hechos.
Cuando las familias terminan viviendo con miedo, cuando sienten que deben abandonar su comunidad y cuando un proceso judicial no logra despejar las dudas que rodean una tragedia, queda una sensación amarga: la ley existe, pero para las víctimas parece no estar funcionando.
La justicia no debería medirse solamente por cuántas personas son condenadas o absueltas. También debería medirse por la capacidad del Estado para proteger a las víctimas, investigar los hechos con rigor y garantizar que las familias puedan vivir sin miedo.
Porque cuando la justicia llega tarde, no esclarece los hechos o deja a las víctimas sintiéndose desprotegidas, la pregunta deja de ser solamente jurídica y se convierte en una pregunta social: ¿para quién está funcionando realmente la ley?
