08/06/2026
La región más explosiva del país atrapada entre el conflicto agrario y el crimen organizado
Tegucigalpa.-La masacre que cobró la vida a 20 personas en la comunidad de Rigores, Trujillo le otorgó al Estado el desafío a recuperar una región que por décadas ha primado el crimen organizado, narcotráfico y disputas agrarias.
-Seguridad identifica estructuras dedicadas a la usurpación de tierras, desplazamiento forzado, narcotráfico y lavado de activos.
“Este problema se abordará de una manera no tradicional. La persecución del delito será intensa y el objetivo es poner freno definitivo”, aseguró el viceministro.
Por ello el gobierno no solo busca esclarecer las muertes violentas, sino llevar la presencia del Estado, establecerse en la zona y recuperar un control de una zona clave por sus extensas tierras agrícolas, su acceso al Caribe y sus conexiones con otros departamentos claves del país.
La masacre que cobró la vida de 20 personas en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, el pasado 21 de mayo, ha vuelto a colocar al Bajo Aguán en el centro de la crisis de seguridad y conflictividad agraria que durante décadas ha marcado a esta estratégica y productiva región del Caribe hondureño.
A más de dos semanas de la tragedia, el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, habló con Proceso Digital y sostuvo que la masacre es apenas la expresión más visible de un problema mucho más profundo que combina décadas de disputas por la tierra con la penetración de organizaciones criminales que han encontrado en el Bajo Aguán un terreno fértil para consolidar actividades ilícitas.
Las masacres han vuelto a colocar al Bajo Aguán en el centro de la crisis de seguridad y conflictividad agraria.
LEER: Al menos 20 personas asesinadas en una masacre en Trujillo, Colón
Una región de conflictividad mayor con cruce de interés
De acuerdo con la explicación del viceministro, la conflictividad en el Bajo Aguán no puede explicarse únicamente por los históricos enfrentamientos entre grupos campesinos y empresas agroindustriales dedicadas principalmente al cultivo de palma africana.
Las investigaciones de inteligencia desarrolladas tras la masacre apuntan a que en la zona operan estructuras criminales que han aprovechado el conflicto agrario para fortalecer redes vinculadas a diversos delitos.
“Más allá del conflicto agrario entre campesinos y empresas agroindustriales, también existe una rivalidad entre estructuras criminales que de manera sistemática han desarrollado actos de violencia”, afirmó.
Invasiones: crimen, vacío legal y un Estado rebasado
En ese sentido, las autoridades identifican un amplio catálogo de actividades delictivas que van desde el hurto de fruta y la usurpación de tierras hasta desplazamientos forzados, narcotráfico y lavado de activos.
El funcionario de Seguridad reconoció ante las cámaras de Proceso Digital que este escenario ha convertido al Bajo Aguán en uno de los principales focos de preocupación para los organismos de seguridad, que consideran la región como una conflictividad superior incluso a la observada en varios de los municipios incluidos dentro de la estrategia nacional de focalización contra la violencia.
En coordinación con el Ministerio Público, se han desplegado equipos de inteligencia, investigadores criminales y fuerzas especiales.
El reto de recuperar el control
Tras la masacre, el Estado incrementó la presencia policial y militar en la zona con el propósito de recuperar la tranquilidad y evitar nuevos enfrentamientos.
Martínez aseguró que una primera etapa de disuasión permitió contener la escalada de violencia, mientras que actualmente se desarrolla una fase más agresiva orientada a identificar, desarticular y judicializar a las estructuras criminales responsables de generar terror entre las comunidades.
El viceministro detalló que, para ello en coordinación con el Ministerio Público, se han desplegado equipos de inteligencia, investigadores criminales y fuerzas especiales que operan en sectores considerados de alto riesgo debido a la extensión territorial, el aislamiento geográfico y la presencia de grupos armados.
“Estamos destacando unidades especiales de inteligencia, investigación criminal y fuerzas especiales porque son las que ejecutan las operaciones de choque necesarias para recuperar el control del territorio”, explicó.
A renglón seguido el funcionario, sin ahondar en detalles, señaló que ya existen objetivos plenamente identificados y estructuras criminales determinadas, así como información detallada sobre sus métodos de operación y redes de influencia en la región.
Y recordó que las investigaciones ya han permitido capturar al presunto autor intelectual del hecho, quien además habría participado directamente en la ejecución de la matanza.
“El autor intelectual ya fue puesto a la orden de un juez con competencia nacional en materia penal y existe un segundo implicado identificado como autor material”, indicó al tiempo que dijo que las investigaciones siguen y no se descartan más detenidos.
Un problema enraizado de 50 años
Las autoridades reconocen que la solución al conflicto no llegará únicamente mediante operativos policiales.
Martínez subrayó que el problema agrario en el Bajo Aguán tiene raíces que se remontan a entre 40 y 50 años atrás, por lo que requiere una intervención integral que involucre a instituciones estatales, organizaciones campesinas y actores vinculados a la regulación de la propiedad de la tierra.
En ese sentido, destacó la participación de entidades como el Instituto Nacional Agrario (INA), organizaciones campesinas y plataformas agrarias, cuya intervención resulta fundamental para resolver las disputas relacionadas con la tenencia de tierras.
“El Estado debe garantizar tanto el derecho a la vida como los derechos de propiedad. La solución pasa por la regularización de la tierra, pero también por el combate frontal a quienes utilizan la violencia y las actividades ilícitas para imponer intereses particulares”, manifestó.
As*****to de líder ambientalista y regidor de Tocoa, Colón, Juan López.
Sin vínculos con el caso Juan López
Consultado sobre posibles conexiones entre esta masacre y otros hechos de alto impacto registrados en la región, incluido el as*****to del ambientalista Juan López, Martínez aseguró que hasta el momento las investigaciones no han encontrado elementos que permitan vincular ambos casos.
