10/09/2026
FGE investiga presunto cobro irregular de cheques en el Congreso de Guerrero
La indagatoria incluye a ocho personas y documentos expedidos a nombre de la diputada morenista Guadalupe García Villalva
Chilpancingo, Gro., 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una investigación por un presunto esquema de cobro irregular de cheques y posible falsificación de firmas dentro del Congreso local, relacionado con documentos bancarios expedidos a nombre de la diputada de Morena, Guadalupe García Villalva.
De acuerdo con documentos ministeriales citados por medios locales y nacionales, la FGE requirió al Congreso información sobre la emisión, autorización, endoso y cobro de 49 cheques, aunque otros reportes refieren 50 documentos bancarios, así como la identidad de las personas que habrían hecho efectivos los recursos.
La investigación quedó registrada bajo la carpeta 12020090101208310826 y contempla posibles hechos con apariencia de delitos como abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, fraude y peculado.
Entre las personas cuya información laboral fue solicitada por la Fiscalía aparecen Esli Joanan Navarrete Cisneros, quien se desempeñó como secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso, y Héctor Avilés Cruz, quien ocupó la Subsecretaría de Servicios Financieros y es suplente del diputado Jesús Urióstegui García.
La autoridad solicitó al Poder Legislativo los expedientes laborales, adscripciones, horarios y domicilios de ocho trabajadores o ex trabajadores, además de información relacionada con los cheques y las personas que los autorizaron o cobraron. El Congreso recibió un plazo de tres días hábiles para entregar parte de esta información.
La indagatoria corresponde al periodo en que Jesús Urióstegui García encabezaba la Junta de Coordinación Política, antes de dejar el cargo en junio pasado. Medios que han dado seguimiento al caso señalan que la Fiscalía busca determinar quién autorizó los documentos, quién los endosó y quién acudió a las instituciones bancarias para hacerlos efectivos.
La Fiscalía también busca preservar los documentos originales para realizar, en su caso, peritajes grafoscópicos que permitan determinar la autenticidad de las firmas.
El actual presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla, ha señalado que no se solapará a ninguna persona y que corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades.
Hasta ahora, la existencia de la carpeta de investigación y los requerimientos ministeriales están documentados, pero la indagatoria se encuentra en curso y no existe una determinación judicial que establezca responsabilidad penal de las personas mencionadas.
El caso abre además una revisión sobre los mecanismos de control financiero y autorización de pagos dentro del Poder Legislativo de Guerrero, particularmente durante el periodo en que ocurrieron las operaciones bajo investigación.
