27/08/2026
¿Justicia o persecución política? Cateo a inmueble de familia de regidora crítica de Morena levanta serias dudas
Acayucan, Ver.- El cateo realizado la noche del martes 25 de agosto en el inmueble donde funcionó el restaurante-bar “La Movida”, propiedad del notario público Fernando Mendoza Villanueva y vinculado familiarmente con la regidora séptima de Acayucan, Monserrat Mendoza Arvea, abre más preguntas que respuestas.
Autoridades aseguraron en el lugar paquetes con sustancias que presuntamente serían ilícitas, básculas grameras, bolsas tipo ziploc y una selladora. Sin embargo, hasta este momento no se ha informado públicamente el tipo exacto de sustancia, su peso ni los resultados de los análisis periciales. Tampoco hubo personas detenidas durante la diligencia ni existe, hasta ahora, una imputación oficial contra la regidora.
Y es precisamente ahí donde comienza la controversia.
El inmueble llevaba varios meses sin funcionar comercialmente. La propia información publicada sobre el operativo reconoce que “La Movida” había dejado de operar desde meses atrás. Si el establecimiento permanecía cerrado y sin actividad, resulta inevitable preguntar: ¿quién tenía acceso al inmueble durante todo ese tiempo?, ¿desde cuándo estaban ahí esos objetos y sustancias?, ¿existen videos, registros, huellas o cualquier otra prueba que permita determinar quién los colocó?
Las preguntas cobran todavía mayor relevancia por el contexto político.
Monserrat Mendoza Arvea, hija de Fernando Mendoza Villanueva y regidora de Movimiento Ciudadano, se ha convertido en una de las voces más incómodas dentro del Cabildo de Acayucan. Apenas unos días antes del cateo hizo públicas presuntas irregularidades en la sesión de Cabildo número 20, señalando que se pretendía aprobar información financiera pese a la ausencia del presidente municipal Raúl David Salomón García y otros ediles. Después de su inconformidad, el Ayuntamiento tuvo que convocar nuevamente a sesión para abordar los mismos asuntos.
La regidora también ha denunciado públicamente que la información financiera no es entregada con anticipación suficiente para ser analizada por los integrantes del Cabildo. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado requirió recientemente al Ayuntamiento de Acayucan información relacionada con nómina, actas de Cabildo y otras obligaciones de transparencia que no se encontraban disponibles públicamente.
Además, la confrontación política no comenzó esta semana. En junio, Monserrat Mendoza promovió un juicio relacionado con presuntos actos de obstaculización en el ejercicio de su cargo y violencia política, señalando entre otras autoridades al presidente municipal de Acayucan. El caso quedó registrado ante el Tribunal Electoral de Veracruz.
Por ello, la cercanía entre las denuncias públicas de la regidora y el cateo a un inmueble de su familia inevitablemente alimenta sospechas de una posible utilización política de las instituciones.
Eso no demuestra que las evidencias hayan sido “sembradas”. Afirmarlo como un hecho sin una investigación que lo acredite sería irresponsable. Pero tampoco sería responsable aceptar automáticamente la versión oficial sin cuestionarla, particularmente cuando hablamos de un inmueble que llevaba meses cerrado y de la familia de una funcionaria que ha confrontado públicamente al gobierno municipal emanado de Morena.
Si las autoridades están seguras de la legalidad y limpieza del procedimiento, deberían transparentar todo lo posible: fecha y contenido de la denuncia anónima que originó la investigación —protegiendo la identidad del denunciante—, cadena de custodia, ubicación exacta donde fueron encontrados los indicios, resultados de laboratorio, fotografías y videos ministeriales, condiciones en las que se encontraba el inmueble y elementos que permitan establecer quién tenía acceso al establecimiento.
Porque en un Estado de Derecho no basta con exhibir unas bolsas y unas básculas ante la opinión pública.
Hay que demostrar quién las puso ahí, desde cuándo estaban ahí y a quién pertenecen.
La justicia debe investigar delitos sin importar nombres, apellidos o colores partidistas. Pero también debe ofrecer garantías para que una investigación ministerial jamás pueda convertirse en instrumento para desacreditar, intimidar o silenciar a quienes cuestionan al poder.
La pregunta que queda en el aire es inevitable:
¿Estamos frente al resultado legítimo de una investigación criminal o ante una coincidencia demasiado conveniente, ocurrida justamente después de que una regidora comenzó a exhibir presuntas anomalías del gobierno municipal de Morena?
La Fiscalía tiene la oportunidad —y la obligación— de despejar esas dudas con pruebas, peritajes y transparencia.
Porque cuando las instituciones investigadoras intervienen en medio de una confrontación política, no solamente deben actuar conforme a derecho: también deben demostrarlo.
Tomado de:
Esencia "la actitud de ser"
