
15/09/2025
¿Qué es “en peligro” y por qué debería importarle?
*Basado en información suministrada por The Associated Press
La administración del expresidente Donald Trump emprendió un esfuerzo para revocar un hallazgo histórico que desde 2009 ha servido como base legal para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Se trata de la llamada “determinación de peligro”, una conclusión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que establece que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública y el bienestar humano.
Esta determinación, alcanzada durante la administración de Barack Obama, se sustentó en años de trabajo de cientos de científicos y ha respaldado regulaciones clave para reducir la contaminación, como los límites de emisiones para automóviles y centrales eléctricas.
Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que las consecuencias del cambio climático habían sido exageradas por la comunidad científica y que imponer límites severos a las emisiones estadounidenses podría resultar más perjudicial que beneficioso para la economía y la seguridad nacional. Para sustentar su postura, elaboró un informe del Departamento de Energía (DOE) y una propuesta de la EPA destinados a cuestionar los fundamentos científicos de la determinación de peligro.
El debate científico
Para evaluar la calidad de la evidencia detrás de esta nueva postura, The Associated Press consultó a 350 expertos, incluidos autores citados en el informe del DOE y destacados científicos climáticos independientes. Sesenta y cuatro respondieron: la gran mayoría criticó duramente los argumentos de la administración Trump, señalando que los informes eran sesgados y seleccionaban información que se ajustaba a una narrativa contraria al consenso científico.
Quince de los expertos consultados afirmaron, además, que su trabajo fue citado de forma incorrecta o sacado de contexto. Entre los ejemplos más notorios:
Pérdida de hielo en el Ártico: el informe del DOE utilizó datos de la Antártida —a miles de kilómetros de distancia— para argumentar que la disminución del hielo marino en el Ártico era pequeña, cuando en realidad se ha reducido en más del 40 % desde 1980.
Incendios forestales: aunque se cuestionó la fiabilidad de estadísticas antiguas, el informe las incorporó igualmente en gráficos, sugiriendo que los incendios eran peores hace un siglo que en la actualidad, algo que muchos especialistas consideran engañoso.
La geocientífica Andrea Dutton, de la Universidad de Wisconsin, fue contundente: “Se puede disfrazar una mentira tanto como se quiera, pero sigue siendo una mentira. Y como el cambio climático afecta nuestra salud, nuestra economía y nuestra propia supervivencia, esta no es cualquier mentira: es peligrosa”.
La postura de la administración Trump
Desde la Casa Blanca se defendió la validez del informe, asegurando que se trataba de “investigación científica de referencia” basada en datos verificables. Según el gobierno, la determinación de peligro se había utilizado indebidamente para justificar regulaciones costosas que, en su opinión, ponían en riesgo la seguridad económica y nacional.
Los autores del informe del DOE reconocieron que podía haber errores, pero explicaron que su revisión no era exhaustiva y que se centraba en aspectos “subestimados o ignorados” en los debates políticos y mediáticos.
Algunos expertos apoyaron esta visión. Roger Pielke Jr, miembro del American Enterprise Institute y profesor emérito de estudios ambientales en la Universidad de Colorado, afirmó que el informe reflejaba la perspectiva de autores que consideran que ciertos temas han sido minimizados en las evaluaciones climáticas tradicionales.
Próximos pasos
El informe del DOE y la propuesta de la EPA estuvieron abiertos a comentarios públicos hasta el 2 y 22 de septiembre, respectivamente. Tras esa fase, la administración Trump debía revisar las opiniones recibidas antes de tomar una decisión final sobre la posible revocación de la determinación de peligro.
El debate pone en evidencia la tensión entre la ciencia y la política en torno al cambio climático. Mientras la mayoría de la comunidad científica respalda que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa a la salud, el bienestar y la estabilidad global, la administración Trump cuestionó el alcance de esos riesgos y priorizó las implicaciones económicas de las regulaciones ambientales.
La resolución de este conflicto determinará el futuro de las políticas climáticas en Estados Unidos y, potencialmente, tendrá consecuencias para los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático.