Noticias de Último Minuto

24/10/2025

31/07/2025

*“Sin gasas ni guantes: Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en la mira por desabasto crónico y posibles redes de corrupción”*

*Veracruz, Ver. –* Médicos, enfermeros y personal administrativo del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz denuncian una situación crítica: no hay gasas, guantes, alcohol, isodine ni material de curación para cirugías. La escasez de estos insumos esenciales pone en riesgo la atención y seguridad de los pacientes.

Frente a esta emergencia sanitaria, el personal responsabiliza directamente a la administradora, Marcela Yáñez Tapia, cuya función clave es asegurar el abasto del hospital. Acusan que ese rol ha sido abandonado, lo que agrava las condiciones de trabajo y atención.

Añadiendo gravedad al panorama, se señalan vínculos entre Yáñez Tapia y Eduardo Sisniega Fernández, exdirector administrativo de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado anomalías por más de mil millones de pesos en contratos subrogados para servicios médicos, alimentos, limpieza, anestesia, pruebas de laboratorio y bancos de sangre, firmados bajo su dirección   .

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó la existencia de una denuncia por presunto daño patrimonial cercano a 200 millones de pesos correspondiente a la Cuenta Pública 2023, presentada por la Contraloría General estatal, misma que investiga irregularidades en la contratación de servicios subrogados por parte del SESVER .

Se acusa que estas anomalías fueron posibles gracias a un control administrativo centralizado ejercido por Sisniega Fernández durante todo el sexenio, aún con cambios de titular en la Secretaría de Salud. Esta concentración de poder facilitó adjudicaciones directas a empresas fantasmas y vinculadas a otros escándalos previos, como Productos Serel y Biodist, parte del cuestionado Corporativo Kosmos .

Trabajadores del hospital de Veracruz han denunciado también la existencia de una supuesta red de corrupción conocida como el “Cártel de los Yáñez Tapia”, operando tanto en este hospital como en el Hospital General de Boca del Río. Se señalan actos de nepotismo, ventas ilegales de equipo médico, desvío de medicamentos oncológicos y saqueos sistemáticos supervisados por Marcela Yáñez Tapia y colaboradores como Guillermo González Pérez .

Todo esto ocurre mientras el hospital carece de los insumos más básicos que podrían salvar vidas. Para los trabajadores, el desabasto —la falta total de guantes, gasas, isodine y materiales para cirugía— no es un accidente administrativo, sino el resultado directo de un posible sistema de padrinazgo y negligencia superior.

Por ello han hecho un llamado urgente a la gobernadora Nahle para revisar la permanencia de la administradora y garantizar atención digna a los ciudadanos veracruzanos. Exigen que la responsabilidad política y administrativa del desabasto y las posibles redes de corrupción sea investigada a fondo.

13/05/2025

Festejo Judicial: Más Puentes que Justicia para las Madres Presas en Veracruz

Mientras en redes sociales el Poder Judicial del Estado de Veracruz se llena la boca con frases huecas sobre el reconocimiento y la protección de la mujer veracruzana, en la realidad las madres privadas de su libertad —muchas sin pruebas sólidas— pasaron este 10 de mayo encerradas, olvidadas y violentadas por el mismo sistema que presume defenderlas.

Este mes ha sido especialmente revelador. En 2025, el calendario laboral del Poder Judicial pareció más una vacación prolongada que un servicio público: el 1 de mayo, feriado oficial; el 2, declarado sorprendentemente inhábil; el 5 de mayo, conmemoración de la Batalla de Puebla —aunque los juzgados federales sí trabajaron— también fue tomado como día libre. Tras un par de días laborales, el 9 de mayo volvió a ser inhábil, “para celebrar a las madres”. Curiosamente, el Día de las Madres fue el sábado 10, pero se adelantó el descanso… porque cayó en fin de semana.

Resultado: de los primeros 12 días de mayo, el Poder Judicial del Estado solo laboró tres. ¿El pretexto? Festejar a las madres. ¿La realidad? Ignorar a las madres que más necesitan justicia.

Entre ellas, J.G.P.V., una mujer condenada a 50 años de prisión tras haber sido víctima de violencia por parte de su expareja. A pesar de las pruebas de su retención y maltrato, la Quinta Sala Penal —conocida por su sesgo misógino— la sentenció sin base sólida, bajo la mirada indiferente de la magistrada presidenta Lisbet Aurelia Jiménez Aguirre… o más bien, de quien realmente toma las decisiones: su secretario particular, mejor conocido como “CARDEÑO”, quien actúa como presidente en funciones sin serlo, con el respaldo tácito del Ejecutivo a cargo de Rocío Nahle García.

Pero J.G.P.V. no está sola. También están M.A.L., M.O.A.R. y D.V.S.R., abuela, madre e hija, tres generaciones de mujeres veracruzanas condenadas a 10 años de prisión tras defenderse de un agresor reincidente. El hombre tenía antecedentes y denuncias previas, pero fue hasta que murió en el enfrentamiento que las autoridades decidieron actuar… contra las víctimas.

¿Dónde queda la legítima defensa? ¿Dónde la justicia con perspectiva de género? ¿Dónde la protección que tanto pregonan en campañas y espectaculares?

Y no olvidemos a M.L.C.L., madre de tres hijos menores, aún detenida simplemente por ser prima de presuntos secuestradores, sin pruebas firmes ni sentencia.

Así es como el Poder Judicial de Veracruz “celebró” a las madres en 2025:
A través del abandono institucional, las decisiones por consigna, el desprecio por los derechos humanos y un calendario que prioriza los días libres sobre el acceso a la justicia.

Una verdadera burla para todas las madres veracruzanas.
Una verdadera tragedia para aquellas que, desde prisión, siguen esperando que el sistema funcione.

08/05/2025

*“Justicia Simulada en Veracruz: Millones en Tecnología Inútil y Mujeres Condenadas por Ser Víctimas”*

Por Redacción

Veracruz, México – Lo que fue anunciado como un avance histórico en la administración de justicia en Veracruz ha terminado siendo, para muchas víctimas, una cruel burla. Bajo la dirección de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y con el respaldo político y financiero de la gobernadora Rocío Nahle García, el pasado 25 de noviembre se inauguró un sistema informatizado para la asignación de audiencias en materia penal. Sin embargo, la realidad en las salas judiciales, como la de Orizaba, dista mucho del discurso oficial: baños sin agua, climas inoperantes y tecnología millonaria que no resuelve nada.

El sistema, anunciado como una herramienta de eficiencia y transparencia, ha resultado ser otra fachada electoral. Según denuncias internas, las decisiones más delicadas no se toman con base en justicia, sino por órdenes directas del secretario particular de la presidencia, un personaje desconocido de nombre Cardeño, quien –según estas acusaciones– instruye a jueces para condenar inocentes, todo con el fin de inflar cifras y maquillar la inoperancia del sistema.

Un caso que encarna esta tragedia institucional es el de J.G.P.V., una mujer víctima de violencia y secuestro por parte de su expareja. En lugar de recibir protección y justicia, fue condenada a 50 años de prisión, decisión recientemente ratificada por la Quinta Sala Penal en el TOCA 617/2024. En Veracruz, parece que ser mujer y sobreviviente es suficiente para convertirse en culpable.

Mientras tanto, las mismas funcionarias que encabezan este sistema fallido, incluida la magistrada presidenta y otras figuras judiciales, hoy piden el voto ciudadano rumbo a las elecciones del 1 de junio. Prometen seguridad, derechos y protección para las mujeres, pero lo único que han entregado es impunidad para agresores, condenas infundadas para víctimas y millones de pesos malgastados en tecnología que no sirve ni para enfriar una sala de audiencias.

El programa “Veracruzana Protegida”, al igual que los climas, está inoperante. Y la justicia en Veracruz, una vez más, le falla a quienes más la necesitan.

04/05/2025

*“Veracruzana Protegida”: La Farsa del Poder Judicial y Ejecutivo en Veracruz*

En Veracruz, la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana es abismal. Mientras el Poder Judicial del Estado, encabezado por la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, y la nueva administración estatal con Rocío Nahle García al frente, promueven con bombo y platillo su campaña “Veracruzana Protegida”, los hechos demuestran que la justicia y la protección para las mujeres siguen siendo letra mu**ta.

El caso de J.G.P.V., sentenciada recientemente a 50 años de prisión por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia —donde figura la magistrada Aylet García Cayetano— revela el lado más crudo de una estructura judicial que, en vez de garantizar derechos, perpetúa la violencia institucional. Según consta en el TOCA 617/2024, J.G.P.V. fue condenada sin pruebas sólidas, tras haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de su pareja. Irónicamente, cuando finalmente se detuvo al agresor, fue ella quien terminó tras las rejas, junto a su bebé de tres meses, en el penal de Amatlán de los Reyes. Para añadir otra capa de gravedad, su agresor se encuentra recluido en el mismo centro penitenciario.

Esta no es una cuestión de reubicación carcelaria. Es una cuestión de justicia elemental. J.G.P.V. no debería estar en prisión, sino libre y protegida por el mismo Estado que hoy la criminaliza.

La “Veracruzana Protegida” no es más que una fachada publicitaria. Un eslogan sin sustancia, una pieza de propaganda electoral que intenta maquillar el abandono institucional que viven cientos de mujeres veracruzanas día tras día.

¿De qué sirve una campaña para proteger mujeres, si lo único que garantiza el sistema es una celda? ¿Qué tipo de justicia permite que una víctima y su agresor compartan el mismo penal?

En pleno 2025, resulta vergonzoso que la justicia en Veracruz siga funcionando bajo una lógica patriarcal, punitiva e insensible, a pesar de los discursos oficiales plagados de promesas huecas. La ciudadanía merece más que campañas electorales disfrazadas de programas sociales. Merece justicia real.

21/03/2025

*“Ella está tratando de amarrarse el dedo”: Filtran audio que exhibe presión de administradora para encubrir presunta venta ilegal de equipo médico*

_*Exigen dar de baja 600 artículos inexistentes en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz._

*Veracruz,Ver.-* Un nuevo escándalo sacude al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde la administradora Marcela Yáñez Tapia ha sido señalada en un presunto esquema de corrupción relacionado con la venta ilegal de chatarra y equipo médico desechado.

La denuncia pública, respaldada por empleados del nosocomio y difundida en medios de comunicación, revela que Yáñez, en complicidad con Guillermo González Pérez, Jefe del Departamento de Almacenaje y Distribución de SESVER, estaría beneficiándose económicamente al desviar estos bienes. Sin embargo, lo más alarmante es la filtración de un audio que expone la presión ejercida sobre empleados para maquillar la baja de al menos 600 artículos que ya no existen físicamente.

En la grabación, se escucha cómo la administradora exige al empleado de mantenimiento Edgar Morales que justifique la salida de estos equipos sin dejar rastro de irregularidad. La desesperación de Yáñez por encubrir el faltante queda evidente cuando impone como fecha límite el viernes 21 de marzo para realizar la baja administrativa, aun cuando los artículos ya no están en el hospital.

“Ella está tratando de amarrarse el dedo”, se oye en el audio, en referencia a la maniobra que busca protegerla ante una posible investigación. Además, Morales expresa su preocupación, ya que la administradora le ha solicitado fotos de los equipos como respaldo documental, algo imposible de cumplir.

Esta revelación expone una red de corrupción dentro del hospital, donde el equipo médico, en lugar de ser gestionado de manera transparente, podría estar siendo comercializado de forma ilícita.

Trabajadores que piden el anonimato suplican a la gobernadora Rocío Nahle investigar estos hechos y acabar con este tipo de situaciones que han lastimado tanto al hospital y ponen en jaque su trabajo en esta nueva administración.

Manifiestan que la permanencia de Marcela Yáñez al frente de la administración del hospital es “insostenible”, ya que la impunidad no debe prevalecer en este caso que lastima al sector salud.

20/03/2025

*Denuncian red de corrupción en Sesver: administradora y jefe de almacenaje bajo la lupa*

*Veracruz, Ver. –* Trabajadores del Hospital de Alta Especialidad de la Ciudad de Veracruz han denunciado una presunta red de corrupción encabezada por su administradora, Marcela Yáñez Tapia, y el jefe de Departamento de Almacenaje y Distribución de SESVER, Guillermo González Pérez. De acuerdo con versiones anónimas, estarían involucrados en la venta ilegal de equipo médico y chatarra hospitalaria, así como en el presunto saqueo de medicamentos oncológicos.

De acuerdo con testimonios, González Pérez, quien anteriormente fungió como jefe de recursos materiales en el mismo hospital, es parte clave en los negocios ilícitos de Yáñez Tapia. Se le señala como responsable de la enajenación de equipo y material médico bajo órdenes de la administradora, con una supuesta venta clandestina de estos insumos. Se estima que el valor del material desechado ilegalmente supera los 30 millones de pesos.

Además, personal hospitalario asegura que en el último año se han sacado al menos cinco tráileres con equipo médico y chatarra del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, lo que alimenta la sospecha de una operación sistemática de desvío de recursos.

Otra de las acusaciones señala a Guillermo González Pérez, quien actualmente está a cargo de los almacenes de medicamentos como jefe de Departamento de Almacenaje y Distribución de SESVER, como responsable de un presunto saqueo de insumos oncológicos, en complicidad con Yáñez Tapia. Se menciona incluso que cuenta con una flota de tráileres con los que distribuye los medicamentos desviados.

Las denuncias también apuntan a que Marcela Yáñez Tapia ha autorizado a proveedores externos el uso de oficinas dentro del hospital, lo cual va en contra de los lineamientos de la Secretaría de Salud estatal. Entre las empresas beneficiadas destacan SDM Instrumental, Equipos e Insumos Médicos, representada por Sara Díaz Montes, y Biodist, cuyo representante es Julio César León Aguirre. También se ha señalado que proveedores de servicios como renta de fotocopiadoras operan dentro del hospital con la aprobación de Yáñez Tapia.

Las denuncias incluyen referencias a una supuesta red conocida como el “Cártel de los Yáñez Tapia”, que operaría tanto en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz como en el Hospital General de Boca del Río, donde laboran familiares de la administradora: su hermano Roberto Yáñez Tapia y su tía Elsa Tapia Cintora. Según versiones anónimas, esta red está implicada en actos de nepotismo, corrupción, desvío de recursos y saqueo de medicamentos oncológicos.

Ante la gravedad de estas acusaciones, trabajadores del hospital han solicitado la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para frenar estos presuntos actos de corrupción y evitar mayores daños al erario público. Piden una investigación profunda y la destitución de los funcionarios involucrados.