12/09/2026
La ruta de las 244 hectáreas: documentos, registros y una disputa que llegó a las autoridades
Los Cabos, Baja California Sur.— La controversia por el predio conocido como San Cristóbal tomó un nuevo giro en 2007, cuando, de acuerdo con documentos relacionados con el caso, se formalizaron operaciones que derivaron en la subdivisión de una superficie originalmente señalada en aproximadamente 857 hectáreas.
Uno de los documentos centrales en esta disputa es la escritura pública número 71 mil 416, volumen 1151, de fecha 7 de julio de 2007, protocolizada ante el Notario Público número 7 de Cabo San Lucas, Héctor Castro Castro.
Según la documentación referida en el expediente, dicha escritura habría sido presentada para su inscripción los días 11 y 12 de julio de 2007, periodo en el que también aparecen asentados actos relacionados con la subdivisión del predio y con una operación sobre una superficie de 244 hectáreas.
En esta segunda operación aparece la escritura pública número 14 mil 327, expedida por el Notario Público número 149, Manuel Lazcano Meza, con sede en Culiacán, Sinaloa. En ella se documenta una operación en la que figura José de Jesús Jiménez, señalado como representante de la entonces propietaria, y Manuel Verdugo , como comprador.
La secuencia documental es uno de los puntos que han sido cuestionados dentro de la disputa, particularmente por la cercanía temporal entre la presentación de los documentos y su inscripción en las instituciones correspondientes.
Los nombres señalados en la denuncia
A partir de estos hechos, el empresario René Pinal sostiene haber iniciado una serie de acciones legales para defender lo que considera sus derechos sobre el inmueble.
Dentro de las denuncias relacionadas con el caso aparecen señalamientos contra diversos exfuncionarios públicos, cuya participación deberá determinarse, en su caso, mediante las investigaciones y procedimientos correspondientes.
Entre los nombres mencionados se encuentran:
- Narciso Agúndez Montaño, exgobernador de Baja California Sur.
- Fernando González Rubio Cerecer, exprocurador General de Justicia del Estado.
- Guillermo Marrón Rosas, quien se desempeñó como director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Los Cabos.
- David Green Moreno, exdirector de Catastro de Los Cabos.
La denuncia sostiene que estos funcionarios habrían intervenido o permitido actuaciones que favorecieron a terceros en perjuicio de Pinal. Estos señalamientos constituyen acusaciones contenidas en la denuncia y no deben interpretarse como una determinación de responsabilidad.
De acuerdo con los señalamientos de Pinal, la superficie involucrada tendría un valor superior a mil 200 millones de pesos.
Sin embargo, más allá de la valoración económica, el punto central de la controversia se encuentra en la cadena documental que llevó de un predio originalmente identificado con una superficie cercana a 857 hectáreas a operaciones y subdivisiones posteriores, entre ellas la relacionada con las 244 hectáreas.
La revisión de escrituras, protocolos notariales, antecedentes registrales, documentos catastrales y fechas de presentación resulta fundamental para establecer cómo se modificó jurídicamente la situación del inmueble.
¿Qué ocurrió realmente en julio de 2007?
La documentación plantea una pregunta que permanece en el centro de la disputa:
¿Cómo se desarrolló la cadena de actos jurídicos que permitió registrar la subdivisión y posteriormente documentar la operación sobre las 244 hectáreas en un periodo tan reducido?
Responderla requiere contrastar los instrumentos notariales con los libros y antecedentes del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los registros de Catastro, los protocolos de las notarías involucradas y, en su caso, las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales.
La historia de San Cristóbal no se limita a una disputa entre particulares. Los documentos citados en las denuncias también colocan bajo escrutinio la actuación de funcionarios que estuvieron al frente de áreas encargadas precisamente de registrar, verificar y dar trámite a los actos relacionados con la propiedad inmobiliaria.
Hasta que las autoridades competentes determinen responsabilidades, los señalamientos deben mantenerse como tales.
Lo que sí puede establecerse a partir de los documentos es que la ruta jurídica de las 244 hectáreas constituye uno de los capítulos fundamentales para entender la disputa por San Cristóbal y el origen de los posteriores litigios sobre la propiedad.
