12/06/2026
🔴 PRESENTAN EXHORTO PARA QUE GOBIERNO DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS CUMPLAN LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS EN BCS
La Paz, Baja California Sur, México; 12 de junio de 2026.
✍️ Armando López Orozco
Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, el abogado y líder indígena, Mtro. Celerino García Sánchez, Enlace Estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), presentó el pasado jueves 11 de junio un oficio formal dirigido al diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
Mediante el documento identificado con el oficio ENLACEINPI/BCS/2026/OF/0072, García Sánchez solicita la presentación de un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al Poder Ejecutivo Estatal y a los cinco ayuntamientos de Baja California Sur a informar y cumplir diversas obligaciones establecidas en la legislación vigente, muchas de las cuales permanecen pendientes a más de un año de su publicación.
En el escrito se recuerda que la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de abril de 2025, representando un avance histórico para el reconocimiento y protección de los derechos colectivos e individuales de las comunidades indígenas y afromexicanas asentadas en la entidad.
Sin embargo, el documento advierte que diversos artículos transitorios continúan sin materializarse plenamente, lo que limita el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por dicha legislación y dificulta la consolidación de las instituciones encargadas de garantizar su cumplimiento.
Entre los principales temas que el exhorto busca atender destaca la creación y funcionamiento de la Dirección de Atención para las Personas Indígenas y Afromexicanas del Estado, instancia contemplada en el artículo 97 de la ley y que debe operar dentro de la Secretaría General de Gobierno como organismo responsable de aplicar, coordinar y vigilar el cumplimiento de la normatividad.
Asimismo, se solicita información precisa sobre el estado que guarda la expedición y vigencia del Reglamento de la Ley, instrumento indispensable para hacer operativas sus disposiciones y establecer los mecanismos administrativos para su aplicación.
Otro de los puntos relevantes es la elaboración y publicación del Catálogo Estatal de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, herramienta considerada fundamental para identificar oficialmente a las comunidades existentes en Baja California Sur y garantizar el acceso a políticas públicas, programas y recursos específicos.
De igual manera, el exhorto plantea la necesidad de transparentar los recursos presupuestales destinados al cumplimiento de la ley, a fin de conocer qué partidas han sido asignadas para atender las necesidades y derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad.
El documento también hace énfasis en la instalación del Consejo Consultivo Estatal, órgano previsto en la legislación para promover la participación de los pueblos y comunidades en la toma de decisiones relacionadas con sus derechos y desarrollo.
Respecto a los ayuntamientos, el planteamiento solicita que informen sobre el cumplimiento de diversas obligaciones municipales previstas en los artículos transitorios de la ley, entre ellas:
• La creación e instalación de los Consejos Municipales de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
• La creación y funcionamiento de las Direcciones Municipales de Asuntos Indígenas y Afromexicanos.
• La expedición de los reglamentos municipales correspondientes.
Para el Enlace Estatal del INPI, estas acciones representan mecanismos institucionales indispensables para garantizar el acceso efectivo a los derechos reconocidos en la legislación y asegurar la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la vida pública del estado.
Dentro de su solicitud, Celerino García Sánchez propone además la realización de una mesa de trabajo entre el Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo, los ayuntamientos y representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la ley y establecer una ruta institucional que permita concretar los derechos reconocidos en ella.
El documento señala que las comunidades indígenas y afromexicanas de Baja California Sur han esperado durante años la consolidación de las instituciones previstas en la ley, por lo que su cumplimiento representa no solamente una obligación jurídica para las autoridades, sino también un compromiso con los principios de igualdad, inclusión, participación y justicia social.
Con esta acción, el INPI en Baja California Sur busca que el Congreso del Estado intervenga como órgano de representación popular y vigilancia constitucional para dar seguimiento al cumplimiento de una legislación que constituye uno de los principales instrumentos de protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la entidad.
