18/07/2025
Por Juan José Sánchez
Magistraturas de papel: cuando el Derecho estorba
No se trata sólo de un caso más de opacidad en la designación de magistraturas. Es, en realidad, un retrato despiadado del deterioro institucional al que hemos llegado, donde incluso los órganos creados para garantizar la legalidad están dispuestos a desarmarla con tecnicismos, filigranas interpretativas y una lealtad inquebrantable no al derecho, sino a las redes de poder que los sostienen. Y como sabes que en estas líneas
El Tribunal Electoral de Quintana Roo ( ) acaba de dar una lección de cómo desactivar los controles constitucionales desde adentro del sistema: avalar a dos magistrados sin cumplir el requisito mínimo de cinco años de práctica jurídica en área afín —una condición constitucional, no una recomendación— bajo el artificio legaloide de que eso no es un requisito de elegibilidad, sino de "idoneidad".
Es decir: el tribunal no niega que no cumplen el requisito. Lo que dice, en lenguaje simple, es que ya no es momento de hablar de eso. Que debimos quejarnos antes, cuando ni siquiera los comités cumplieron con la obligación básica de publicar completa y puntualmente sus listas de aspirantes. Que ahora ya es tarde, que el mal ya está hecho, que el procedimiento es más importante que el contenido. Que la forma, como siempre, mata al fondo.
No es ignorancia jurídica. Es ingeniería de simulación en su máxima expresión.
El problema aquí no es la interpretación errónea. Es la interpretación interesada. El Teqroo sabía exactamente lo que hacía: fabricar una coartada legal para validar lo que, a todas luces, es una imposición política. José de la Peña y Raúl Galán Muedano son, a estas alturas, símbolos de la burla institucional: perfiles sin el respaldo constitucional, pero con todos los amarres políticos necesarios.
Y para mantenerlos, el tribunal tuvo que hacer acrobacia constitucional: separar requisitos que el artículo 101 de la Constitución del Estado enumera como una unidad, descontextualizar los plazos procesales y desechar pruebas documentales válidas —como la cédula profesional— bajo el pretexto de que el tema ya había sido sobreseído. ¿Por qué revisarlo si ya lo habíamos decidido? Circularidad institucional en su máxima expresión.
El mensaje en sí mismo es brutal: en Quintana Roo, la Constitución puede ser ignorada si se sigue la ruta adecuada de trámites y se calcula bien el momento de cada paso. Lo importante no es cumplir con el perfil, sino insertarse en el engranaje correcto del poder político. Y una vez ahí, el sistema se encargará de protegerte, incluso si eso implica convertir a un tribunal electoral en defensor de lo indefendible.
Este fallo no sólo deja intactas dos designaciones irregulares. También establece jurisprudencia práctica para futuras simulaciones: la legitimidad de los actos públicos no depende de su apego a la ley, sino de la habilidad para hacerlos inimpugnables. La justicia se vuelve un proceso de caducidad y no de verdad.
No olvidemos el contexto. El magistrado presidente del Teqroo, Sergio Avilés Demeneghi, se excusó por estar impedido: su esposa y su hermana fueron electas juezas. En su lugar, una secretaria de Acuerdos fue habilitada como magistrada ad hoc, no para garantizar imparcialidad, sino para asegurar votos en la línea. El pleno fue ajustado, los números primero; la legalidad después.
El resultado es que la impartición de justicia —ya cuestionada, ya rebasada— termina de institucionalizarse como una operación política, donde lo jurídico es apenas un decorado que se activa sólo cuando conviene.
¿Quién responde por esto? Nadie. Y ahí está el verdadero problema.
Porque no habrá consecuencias. Nadie será destituido por avalar el acceso ilegal a un cargo público. Ningún comité de evaluación será sancionado por no cumplir con los principios mínimos de transparencia. Ningún magistrado perderá el sueño por haber pisoteado la Constitución. Todo quedará, como siempre, en la niebla procesal, en el agotamiento del expediente, en la impunidad con firma y sello oficial.
Y mientras tanto, los ciudadanos deben (debemos) aceptar que la justicia —esa noción fundacional del Estado moderno— es apenas un acto burocrático, donde lo que no se impugna en el segundo adecuado deja de importar, aunque viole la Constitución.
