24/02/2026
María José Osorio respalda estrategia de seguridad y llama a frenar la desinformación que daña la economía de Quintana Roo
Chetumal.- La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), María José Osorio Rosas, afirmó que en Quintana Roo prevalece la estabilidad institucional y económica tras los hechos de violencia registrados recientemente en distintos puntos del país, al asegurar que la coordinación entre autoridades estatales y federales permitió restablecer con rapidez la operación normal de escuelas, centros de salud, aeropuertos y actividades comerciales. Además, llamó a la ciudadanía a no difundir información falsa que advirtió genera alarma social y afecta directamente al sector empresarial.
En entrevista, la legisladora sostuvo que, aunque los incidentes tuvieron repercusiones en diversas entidades del país, en Quintana Roo las medidas de seguridad se activaron desde el primer momento en coordinación con fuerzas federales. Subrayó que la gobernadora Mara Lezama trabajó de manera conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo que permitió contener la situación.
“Hoy todo está operando con normalidad”, enfatizó. Precisó que las escuelas abrieron sus puertas, los servicios de salud funcionan sin interrupciones y los cuatro aeropuertos del estado mantienen operaciones regulares, desmintiendo versiones que señalaban cierres o ataques a infraestructura estratégica.
Como ejemplo, mencionó el caso del restaurante Fonda Argentina en Playa del Carmen, que fue señalado en redes como presuntamente incendiado, cuando en realidad se trató de una imagen manipulada. También circularon versiones sobre supuestos ataques a hospitales y aeropuertos que no se confirmaron.
Osorio Rosas fue enfática al señalar que la desinformación no solo genera miedo, sino que impacta directamente en la economía local. “Al compartir noticias falsas afectamos nuestros propios bolsillos”, advirtió, al explicar que la percepción de inseguridad puede frenar el consumo, el turismo y la inversión.
En ese sentido, pidió a la población consultar exclusivamente los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Gobierno del Estado, y evitar replicar contenidos no verificados.
Sobre la estrategia de seguridad, consideró que las acciones emprendidas tanto a nivel federal como estatal forman parte de una estrategia definida para debilitar a grupos delictivos y garantizar la paz. Destacó que los operativos recientes y diversas detenciones han sido posibles gracias al fortalecimiento tecnológico del C-5 y a la mejora paulatina del equipamiento.
En el ámbito legislativo, adelantó que el Congreso analizará la posibilidad de incrementar el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recordó que actualmente la Fiscalía y la Secretaría manejan recursos superiores a los 3 mil millones de pesos anuales, aunque señaló que el análisis presupuestal del próximo año determinará si se requieren ampliaciones para fortalecer capacidades operativas.
“Se tiene que combatir para garantizar la seguridad y la paz de todas y todos”, expresó, al afirmar que la ciudadanía exige resultados visibles en materia de seguridad.
En cuanto a la agenda económica y social, la diputada anunció que en las próximas semanas presentará una iniciativa de ley para proteger a las artesanas y artesanos del estado.
Explicó que el objetivo es dar continuidad institucional a los programas de impulso que actualmente promueve el gobierno estatal, evitando que queden sujetos únicamente a un periodo administrativo.
Señaló que la propuesta se trabaja en conjunto con las comisiones legislativas correspondientes y con el sector turístico, a fin de fortalecer la identidad cultural y el valor de las piezas elaboradas a mano, que dijo representan historia, tradición y sustento para cientos de familias.
Asimismo, informó que en marzo prevé ingresar ante la Oficialía de Partes una iniciativa de fomento al ahorro y educación financiera, la cual ha sido elaborada con la participación de padres de familia, docentes y autoridades educativas.
La intención es que pueda implementarse a partir del siguiente ciclo escolar, aunque dependerá de los tiempos legislativos y administrativos.