13/04/2026
Los gasolineros del PRIAN
Vivir en Quintana Roo tiene un costo adicional al resto del país: aquí pagamos la gasolina más cara de México. Una realidad que impacta todos los días el bolsillo de las familias, el costo de vida y la competitividad de las empresas.
Hoy, el litro de gasolina Magna ronda los $24.60 en Quintana Roo, mientras que en estados vecinos como Yucatán se ubica cerca de $23.80. La diferencia parece menor en papel, pero multiplicada por millones de litros diarios se convierte en un flujo constante de recursos que sale directamente de los ciudadanos hacia un pequeño grupo que controla el mercado.
El sobreprecio representa un impacto directo en toda la cadena productiva y significa alrededor de 88 millones de pesos mensuales adicionales que pagamos consumidores y empresas en el estado.
Diversas denuncias de sindicatos de transportistas y trabajadores de la construcción han puesto sobre la mesa un dato clave: el grupo Corpogas, del empresario Ricardo Antonio Vega Serrador, controla más del 60% del mercado gasolinero en Quintana Roo, influyendo y dictando casi arbitrariamente los precios de acuerdo a su conveniencia.
Durante años, las condiciones regulatorias elevaron los costos, y los pequeños y medianos gasolineros no tuvieron otra opción más que vender o rentar sus estaciones, dejando como resultado la consolidación del Grupo Corpogas como monopolio de facto.
Este proceso es consecuencia de las alianzas empresariales y políticas construidas durante los gobiernos del PRI y el PAN, particularmente en los sexenios de Felipe Calderón y del exgobernador priísta Roberto Borge, además sus vínculos con grupos empresariales como la familia Mouriño en Campeche.
Lo peor es que el sobreprecio de la gasolina no se queda en la estación de servicio. Se traslada a todo.
Transportistas, constructores y empresarios han advertido que el incremento en el costo del combustible ya está generando aumentos de entre 10% y 15% en proyectos de vivienda, debido al encarecimiento del traslado de materiales.
Esto significa casas más caras, servicios más costosos y menor poder adquisitivo para las familias.
En otras palabras: el problema de la gasolina es, en realidad, un problema económico estructural para el estado.
En 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó el caso en conferencia matutina, instruyendo a la Profeco a revisar las condiciones del mercado en la región.
Hoy, el tema vuelve a tomar fuerza. La presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado la discusión, mientras sindicatos preparan denuncias formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor, encabezada por César Iván Escalante.
El caso de Quintana Roo se ha convertido en una prueba clave para la política energética del país.
Por un lado, está el discurso de soberanía energética y protección al consumidor. Por otro, una realidad local donde persisten prácticas que limitan la competencia y elevan los precios.
Actores del sector han señalado la importancia de que la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González Escobar, mantenga vigilancia activa sobre este mercado y corrija las distorsiones existentes.
Mientras no haya cambios de fondo, la realidad es simple y contundente: cada vez que un ciudadano en Quintana Roo carga gasolina, está pagando un impuesto no oficial, un impuesto que nadie votó.
Un sobreprecio que no financia infraestructura, ni mejora servicios, ni regresa en beneficios públicos. Un costo que existe por la falta de competencia real y por un modelo de mercado construido durante años de relaciones entre poder político y económico.
Un modelo heredado del PRIAN que sigue operando y beneficiando al mismo grupo político.
La pregunta ya no es si el problema existe, la pregunta es si van a enfrentarlo.
