01/08/2025
Hijo de Carlos Joaquín y Socio de la Mafia operaron el saqueo de Quintana Roo, mientras él ‘gobernaba’
Redacción por Notimex
Ciudad de México, 30 de julio de 2025.— Las declaraciones de Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno en la administración de Roberto Borge, no son sólo acusaciones es un detonador. Porque cuando señala a Carlos Joaquín Rejón, hijo del embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, como el “cobrador de piso” durante su gobierno en Quintana Roo, no lanza una simple invectiva. Revela un esquema de corrupción sistémica que usó la pandemia como tapadera y al crimen organizado como socio silencioso.
Lo que hasta ahora parecía un entramado de rumores, negocios oscuros y protección oficial, adquiere hoy forma de red criminal transnacional. Y en el centro, un trío inquietante: el exgobernador, su hijo y Jorge Luis Brizuela Guevara, alias “El Venezolano”, figura clave que actuó como puente entre el poder político y las mafias internacionales.
Brizuela no es un empresario cualquiera. Es un operador de sombras. Su empresa, Pronalab, se convirtió en protagonista durante la emergencia sanitaria, no por su capacidad técnica, sino por su acceso directo al poder. A través de V&V, firma vinculada a su esposa, obtuvo contratos por 240 millones de pesos del gobierno de Quintana Roo —el 27% del presupuesto estatal destinado a la pandemia— para suministrar pruebas PCR y carpas médicas en la Riviera Maya. Sin licitación. Sin solvencia. Sin experiencia. Con todos los vicios de una triangulación perfecta.
Y no fue casualidad. Fue método. El mismo método que usó en España, en el escándalo conocido como “Caso Koldo”, donde Pronalab obtuvo un contrato por 30 millones de euros (más de 600 millones de pesos) para carpas médicas, también sin concurso. Un esquema que las autoridades españolas investigan como lavado de dinero y desvío de fondos públicos en plena crisis sanitaria. En total, se estima que Brizuela manejó cerca de 50 millones de dólares en recursos públicos entre México, República Dominicana y España.
Pero lo más grave no es el fraude. Es con quién lo hizo.
Documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y filtraciones de Guacamaya Leaks vinculan a Brizuela con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, una organización especializada en tráfico de personas, extorsión y lavado de dinero que ha extendido sus tentáculos desde Europa hasta el Caribe mexicano. Operaciones que, según los reportes, se coordinaban desde Cancún y Belice, con rutas hacia Puerto Rico.
¿Y el gobierno de Carlos Joaquín González? No sólo no actuó. Lo promovió.
En 2022, Pronalab tuvo un stand oficial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, incluido en el pabellón del Caribe mexicano, patrocinado por el gobierno estatal. No era un proveedor más. Era un socio de confianza. Un aliado estratégico. Un hombre que, según sus propias palabras, era el “operador político” del exmandatario.
Este entramado explica mucho. Explica por qué, durante los seis años de gobierno de Joaquín, Quintana Roo registró 3,665 homicidios dolosos, el peor saldo de seguridad en su historia reciente. No fue caos. Fue control.
Control ejercido desde dentro, con protección oficial, con negocios blindados, con hijos del gobernador actuando como intermediarios en esquemas de extorsión, como ahora señalan las acusaciones.
Y mientras tanto, Carlos Joaquín González, tras desligarse del PAN y el PRD, se acercó a Morena, no por ideología, sino por supervivencia. Apoyó el Tren Maya. No se opuso a López Obrador. Y a cambio, fue recompensado: nombrado embajador en Canadá. Un cargo que, bajo la actual administración de Claudia Sheinbaum, ha sido ratificado.
Pero la impunidad no es eterna.
Las acusaciones de Mendicuti —por más cuestionable que sea su historial— coinciden con documentos, contratos, transferencias y reportes de inteligencia. No son palabras al viento. Son pistas. Y si se siguen, llevan a una verdad incómoda: que la corrupción en Quintana Roo no fue un desliz. Fue un modelo de gobierno.
El caso ya no es local. Es internacional.
Y las preguntas ya no pueden esperar:
¿Qué sabe la SRE del pasado de su embajador?
¿Por qué no se investigan los contratos de Pronalab en México y España?
¿Hasta dónde llega la red de Brizuela?
Y sobre todo:
¿Cuánto de lo que se llama “diplomacia” en Ottawa, en realidad se construyó con dinero de la pandemia y el crimen?
Porque si hay algo que esta historia enseña es que el poder no se corrompe por accidente.
Se corrompe cuando los hijos cobran, los amigos lavan, y los gobernantes miran hacia otro lado.
Y cuando el escándalo estalla, ya están lejos.
Con corbata. Con cargo diplomático.
