18/09/2026
Por La Libre
Los expedientes que no caminan… pero los moches sí saben correr
Por Edelmira Cerecedo García
En Tamaulipas hay expedientes que tienen una cualidad extraordinaria: entran a una Fiscalía Anticorrupción y, de pronto, descubren el maravilloso arte de caminar en cámara lenta.
Tan lenta, que un año después todavía pueden estar buscando la puerta de salida.
Y en medio de esa parsimonia aparece un nombre que ya se volvió recurrente en las conversaciones políticas de Ciudad Victoria:
Luis Gerardo Illoldi Reyes.
Actual secretario del Trabajo y exsubsecretario de Egresos.
Antes de que alguien saque la libreta de abogados, una precisión necesaria: una denuncia no convierte a nadie en culpable. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes mediante una investigación, pruebas y, en su caso, un juez.
Pero tampoco una denuncia se presenta para que termine convertida en decoración burocrática.
Porque entonces la pregunta deja de ser solamente qué contiene el expediente.
La pregunta es:
¿Por qué no camina?
Un año en la sala de espera
El 28 de mayo de 2025 fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito relacionada con el patrimonio inmobiliario de Illoldi y familiares.
Y un año después, de acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas en 2026, el asunto continuaba en etapa de integración.
Doce meses.
365 días.
Un año completo.
Hay embarazos que duran menos que algunas investigaciones anticorrupción.
Y aquí no se está pidiendo una condena exprés.
Se está pidiendo algo mucho más elemental:
investigar.
Revisar declaraciones patrimoniales.
Comparar ingresos.
Verificar escrituras.
Cruzar información fiscal.
Revisar cuentas y operaciones.
Y si todo está perfectamente explicado, maravilloso.
Que salga la autoridad y diga:
“Señoras y señores: aquí no hay misterio.”
Pero mientras eso no ocurre, la duda sigue sentada en primera fila.
Y vaya que tiene paciencia.
El hombre que dice tener las manos limpias
Illoldi ha sostenido públicamente que su patrimonio es legítimo, que parte de sus propiedades proviene de su familia y que los señalamientos obedecen a intereses políticos.
También ha dicho que ha entregado información a las autoridades.
Perfecto.
Entonces no hay mejor oportunidad para cerrar bocas que abrir documentos.
Porque cuando uno tiene las cuentas claras, no necesita una campaña de relaciones públicas.
Necesita que el expediente hable.
Y ahí es donde la historia comienza a ponerse interesante.
541 millones y 44.70 pesos de precisión quirúrgica
Durante su paso por la Subsecretaría de Egresos aparece otro episodio que merece explicación.
De acuerdo con una investigación periodística, el 30 de enero de 2023 Illoldi firmó la disponibilidad presupuestal por 541 millones 540 mil 520 pesos para un programa de despensas.
Después, el procedimiento terminó autorizando un contrato por 541 millones 540 mil 075.30 pesos.
Diferencia:
444 pesos con 70 centavos.
Cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con setenta centavos.
Hay presupuestos que pierden millones.
Aquí, por lo menos en ese documento, los centavos llegaron perfectamente peinados a la cita.
¿Eso demuestra corrupción?
No.
¿Merece revisión y explicación?
Por supuesto.
Porque cuando se manejan más de 541 millones de pesos, hasta los 44.70 pesos merecen que alguien explique dónde quedaron.
Y si todo está bien, pues qué maravilla.
Nos ahorramos el misterio.
Después llegaron los señalamientos de plazas y comisiones
En septiembre de 2025, La Red de Altamira publicó acusaciones de cobro de comisiones a proveedores, presunta venta de plazas y abuso de funciones relacionadas con Illoldi durante su paso por Egresos. La misma publicación abordó el posterior nombramiento de su primo, Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez, en esa área.
Repito porque luego hay quienes leen solamente lo que les conviene:
son acusaciones publicadas, no una sentencia judicial.
Precisamente por eso deben investigarse.
Porque si son falsas, la autoridad tiene la obligación de decirlo.
Y si tienen sustento, también.
Lo que resulta poco saludable para cualquier gobierno es que las acusaciones se acumulen mientras las investigaciones parecen estar haciendo fila para tomar ficha.
Y entonces llegamos al patrimonio
Las investigaciones periodísticas también han puesto bajo la lupa diversas propiedades atribuidas a Illoldi y familiares.
Una propiedad de más de mil metros cuadrados en Ciudad Victoria.
Copropiedades.
Operaciones inmobiliarias.
Patrimonio familiar.
Y explicaciones que, hasta ahora, tienen una respuesta muy sencilla:
que hablen los documentos.
Escrituras.
Declaraciones patrimoniales.
Registros fiscales.
Ingresos.
Adquisiciones.
Herencias.
Todo.
Porque si la explicación cabe en los documentos, se acabó la novela.
Pero si los números no cuadran, entonces la Fiscalía no debería necesitar inspiración divina para hacer su trabajo.
Y aquí viene algo que sí me toca personalmente
Porque una cosa es cuestionar a un funcionario.
Y otra muy distinta es que un funcionario pretenda humillar o descalificar a quien escribe sobre él, como si el periodismo fuera un favor que se concede desde un escritorio.
Ahí sí, señor secretario:
se equivocó de puerta.
Quien escribe estas líneas tuvo el privilegio de convivir y aprender de un personaje que conoció de verdad el arte de hacer política:
Rubén Illoldi Garay.
Un hombre de otra época política, sí.
Pero también un maestro del oficio, de la conversación, de la lectura de escenarios y de entender que la política se hace con inteligencia, no con desplantes.
Y hay una diferencia que conviene recordar:
una cosa es tener un cargo y otra tener trayectoria.
Una cosa es sentarse en una oficina pública.
Y otra haber pasado décadas frente a muchos hechos y escribirlos , traer cargando una grabadora, hacer una redacción, buscar una fuente, una calle y una realidad que no siempre aparece en los boletines.
Porque aquí hay algo que quizá algunos funcionarios olvidan:
yo llevo más tiempo haciendo periodismo que algunos llevan haciendo política.
Y eso no se compra con un nombramiento.
Mucho menos con una fotografía oficial.
No confundir autoridad con autoridad moral
Desde el poder es muy fácil mirar por encima del hombro.
Es muy fácil pensar que quien pregunta molesta.
Que quien investiga estorba.
Que quien publica incomoda.
Pero el periodista no está para pedir permiso.
Está para preguntar.
Y si una pregunta incomoda, quizá el problema no sea la pregunta.
Quizá sea la respuesta que todavía no llega.
Y aquí volvemos al famoso expediente.
Porque mientras Illoldi defiende públicamente su patrimonio y rechaza los señalamientos, la propia Contraloría confirmó que existía una investigación formal y que se estaban recabando elementos, bajo el principio de debido proceso y presunción de inocencia.
Entonces, ¿qué sigue?
Investigar.
Nada más.
Pero también nada menos.
Porque los moches, si existen, no deberían ser leyenda urbana
Han circulado públicamente acusaciones de supuestos cobros y “moches” vinculados con funcionarios y trámites laborales. Incluso publicaciones periodísticas han reproducido señalamientos concretos sobre porcentajes y cobros; nuevamente, son acusaciones que deben ser acreditadas por las autoridades, no verdades que esta columna pueda decretar por sí sola.
Pero hay una regla muy sencilla:
si alguien acusa, que se investigue.
Y si alguien es señalado injustamente, que se aclare.
Eso es justamente para lo que existen las instituciones.
Lo que no necesitamos es una Fiscalía que parezca sala de espera.
La verdadera pregunta
¿Está limpio el patrimonio de Illoldi?
Que lo determine la autoridad.
¿Son legítimas las propiedades?
Que lo acrediten las escrituras y las declaraciones.
¿Hubo irregularidades en Egresos?
Que se auditen.
¿Existieron cobros indebidos, venta de plazas o comisiones?
Que se investigue y se determine.
¿Los señalamientos son una campaña política?
Entonces que la propia investigación los desmonte.
Porque si el funcionario tiene razón, la mejor noticia será que la autoridad lo confirme.
Pero si hay elementos, entonces también habrá que explicar por qué el expediente caminó tan despacio.
Porque la presunción de inocencia protege a cualquier ciudadano.
Pero la transparencia protege a todos.
Y una cosa más:
un cargo público no otorga inmunidad frente a las preguntas.
Ni convierte al periodista en subordinado.
Ni transforma la crítica en ofensa.
Ni hace desaparecer un expediente.
Y mucho menos borra una trayectoria periodística.
Así que quizá alguien debería explicarle al secretario que la política puede aprenderse en una oficina, pero el oficio de periodista se aprende en la calle.
Y en la calle hay memoria.
Hay fuentes.
Hay documentos.
Hay hemeroteca.
Y, sobre todo, hay preguntas.
Muchas preguntas.
Mientras tanto, unos funcionarios parecen tener prisa por llegar al 2027.
Y algunos expedientes todavía están buscando el camino para llegar al escritorio correcto.
Qué ironía.
Para aspirar a un futuro político, hay quienes ya corren.
Para explicar el pasado administrativo, algunos expedientes parecen caminar con bastón.
Y ahí está el detalle:
la política puede correr todo lo que quiera.
Pero los documentos, tarde o temprano, alcanzan.
Se los dejo de tarea.
