La Resistencia

08/02/2022

Más allá de las causas y razones del incremento de la violencia delincuencial en el estado, lo que genera un clima de incertidumbre y miedo es la ausencia del gobierno, pues las balaceras y asesinatos se dan con total impunidad.
Desde los hechos violentos registrados en el Cereso de Colima hasta las balaceras en las madrugadas y la exhibición de cuerpos en vía pública, ante todo esto no hay una sola acción del gobierno de Indira Vizcaíno, quien es la responsable por jerarquía institucional y la que coordina la estrategia de seguridad del gobierno federal.
En ese sentido, los gobiernos municipales, sin excepción, han manifestado que se suman a esta estrategia que impulsa el gobierno de López Obrador y que respalda el gobierno de Indira, pese a los terribles resultados en cuatro años, tiempo en que ya se superó las estadísticas de la violencia durante los mismos periodos de los gobiernos neoliberales.
Y es que el incremento de la militarización en todo el país, no sólo en la esfera de la seguridad pública, lo único que ha conseguido es exacerbar el clima de violencia en todo el país y, ahora, en el estado de Colima, pareciera alcanzar niveles inéditos.
Sin embargo, la gobernadora Indira pareciera estar ajena esta problemática que afecta la calidad de vida de todas y todos, pues en lugar de coordinar el trabajo de seguridad y girar instrucciones se le ve en actos políticos en otros estados de la república.
Así se le ve tomándose fotos con Claudia Sheinbaum que anda haciendo gira de campaña –fuera de la reglamentación electoral—y con el presidente López Obrador, en actos que en nada benefician a Colima y que fueron tan duramente criticados como turismo político, durante el gobierno de Nacho Peralta.
Pareciera ser que la gobernadora está totalmente rebasada por esta situación, y que ante este vacío de poder los grupos criminales comienzan a empoderarse al amparo de la impunidad y la inacción de las autoridades.
Y es que la gobernadora no ha tomado ni una sola decisión ni emprendido acción alguna para contrarrestar este clima de violencia imparable. Lo que ha hecho es replicar una estrategia fallida que, en su momento, se criticó durante los gobiernos neoliberales, pero que ahora se apuntala desde los gobiernos de Morena.
La gobernadora, en ese sentido, pareciera estar cómoda con esta situación, pues no ha hecho ninguna modificación a la estrategia, ni removido a ninguno de sus colaboradores, pese a los malos resultados y al incremento de la violencia.
Luego, si no hay cambios ni replanteamientos de la estrategia en seguridad, consecuentemente los resultados serán los mimos: el incremento de la violencia en todo el estado, así como en las extorciones y otras variantes del crimen, que pululan en la impunidad y el desgobierno.

12/11/2021

Un tema que tiene que ver con la legalidad y el respeto al estado de derecho.

DE LOS 32 ESCUDOS oficiales de las entidades de la república, los de Colima, Zacatecas y Michoacán cambiaron de forma y ahora aluden a los colores del partido oficialista. TRAS GANAR la elección, Indira Vizcaíno Silva, Alfredo Ramírez Bedolla y David Monreal, gobernadores de Colima, Michoacán ...

03/06/2021

No mentir, dice el mantra de la 4t, de acuerdo a su mesías López Obrador, mandamiento que Indira Vizcaíno parece no obedecer, pues de acuerdo a Verificado Colima fue la que más mintió durante esta campaña: se encontró que el 56 por ciento de sus afirmaciones analizadas eran engañosas, repartiéndose el resto de ellas entre verdaderas y falsas en igual proporción (22 por ciento cada una).

Si en campaña no tuvo empacho en mentir y tergiversar, ¿qué esperar de las mañaneras que busca implementar cuando sea gobernadora? De acuerdo a Verificado Colima, el discurso de Indira “carecía de exactitud en cuanto a las cifras en cuestión, y que éstas se citaban de forma incorrecta o sin elementos suficientes para poder realizar su verificación”

Hablar con la verdad no solamente es una característica de la honestidad, cualidad de la que al parecer carecer la candidata de Morena, sino que también refleja un conocimiento de la realidad. Esto es importante, porque a partir de entender la realidad cabalmente, se pueden tomar decisiones de manera adecuada.

Indira miente porque busca legitimar el discurso del presidente López. Por eso habla de la chiquimafia, sin denunciar ante las instancias a los supuestos corruptos. ¿Cómo resolver las grandes problemáticas del estado, cuando se actúa con base a un discurso político polarizador y que no se traslada a los hechos?

Ya vimos, pues, que la mentira es el denominador común de su discurso, que por otro lado no pasó del triunfalismo y el ataque, sin generar propuestas ni esbozar soluciones a los problemas de inseguridad, desempleo y falta de crecimiento económico, tópicos en los que no pasó del lugar común.

De llegar a la gubernatura, Indira será un remedo de López Obrador: acusará de su torpeza a los gobiernos del PRI y dirá que no puede mejorar nada, porque le dejaron un cochinero; recortará presupuestos y despedirá a trabajadores del estado, arguyendo austeridad; y lo peor, no defenderá a Colima, porque su lealtad no está con las y los colimenses, sino con el señor presidente.

A Colima, desde que llegó AMLO al poder, se le ha castigado con recortes en las participaciones federales: el 2020 cerró con una caída del -9.3 por ciento en el Fondo General de Participaciones Federales, esto en relación con lo programado en la Ley de ingresos del año pasado, por lo que se activó el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, un fondo que se creó en los gobiernos neoliberales y que ya no existe. Lo anterior acredita que sí llegaron menos recursos vía participaciones federales que los programados para el 2020, de acuerdo a la Ley de ingresos de ese año, pues se marcaba un ingreso vía fondo general de participaciones de 4 mil 292 millones 701 mil 703 pesos, pero solo se pagó 3 mil 894 millones 448 mil 408 pesos.

Indira nuca va a reclamar a AMLO que lleguen menos recursos a Colima, nunca lo hizo ni alzó la voz ante estos recortes como funcionaria y candidata, menos lo haría como gobernadora.

Por otro lado, el resultado de Verificado Colima expone que la mejor evaluada en el ejercicio fue la candidata Mely Romero Celis, de quien se encontró que el 67 por ciento de sus afirmaciones eran verdaderas, y el resto resultaban insostenibles.

“La construcción narrativa de la candidata es la más sólida respecto a la inclusión de cifras, datos y hechos de la realidad con carácter de verificables. Por lo tanto, su discurso es el que denota mayor claridad respecto a un estudio previo contextual de las distintas problemáticas sociales y la administración estatal, a las que hace alusión”, exponen los académicos.

Tenemos, pues, por un lado, a una candidata que miente y estará supeditada a los caprichos del presidente y, por otro lado, a una que habla con la verdad y defenderá la soberanía de Colima y se configurará en un claro contrapeso de Morena.

Mely Romero es esta candidata, la única que de acuerdo a encuestas le puede ganar a Indira, con el respaldo del voto de quienes se preocupan de que Morena se convierta en un partido hegemónico y que ejerce el poder despóticamente. El próximo domingo está más en juego que una simple elección de cargos populares: peligra la misma democracia.

29/04/2021

Locho no va a ganar en esta elección a gobernador, como no lo hizo en la extraordinaria del 2005, en la ordinaria del 2015 y en la extraordinaria del 2016. A diferencia de AMLO, que siempre ha tenido un crecimiento en sus votos, Locho decrece: en el 2005, como candidato del PAN, obtuvo 101 mil 505 votos; en el 2015, 35 mil 841 votos y en el 2016, la extraordinaria, bajó a 33 mil 327 votos.
Se ve, pues, que la marca Locho no le da más de 40 mil votos, sin la estructura del PAN. Esos votos son lo que le han permitido mantenerse en la presidencia municipal, que en la capital son poco más de 19 mil votos, probablemente de amigos, familiares, beneficiados de su gobierno y gente que, simplemente, le gusta la forma soez de expresarse del político.
Si bien Locho no gana, sí sirve para que los otros tampoco lo hagan, los que buscan una alternancia. Le pasó a Jorge Luis Preciado en el 2015 y 2016, cuando en la ordinaria estuvo a menos de 500 votos de que el PAN se quedara con la gubernatura del estado. Locho contribuyó a que no sucediera.
Quienes conocen a Locho, lo califican de un político necio, berrinchudo, que, como los niños, si no se hacen las cosas como quiere se empiezan a enojar y hacer berrinche. Es un perfil que a mucha gente no le gusta para alguien que aspira a gobernar el estado.
En fin, la gente puede votar por quien quiera, por Locho o Cepiliín o Chavelo. Cada quien hace de su voto un papalote. Lo irónico es que Locho dice odiar al PRI y todo eso, pero lo beneficia siempre, indirecta o indirectamente. Vaya, incluso, es aliado de priistas con quienes, hace unos años, se quería agarrar a golpes.
Ahí están los priistas Martín Flores, Federico Rangel, Patricia, Patricia Alcaraz y Perla Vázquez Montes; todos ellos aliados de Locho y también candidatos de Movimiento Ciudadano. ¿Si tanto odia a los priistas y tacha al partido de ser el causante de todo lo malo en el estado, por qué está lleno de priistas y los postuló a cargos de elección?
El PRI está en todos lados. Por ejemplo, en Morena, partido que Locho beneficia indirectamente con su necedad de montarse en el macho de que yo soy, yo soy y yo soy. En Morena Indira formó parte del gobierno priista de Ignacio Peralta y, también, es cercana al ex dirigente del PRI Rogelio Rueda.
Esta relación política entre Reuda e Indira se acredita en la candidatura a diputada local por Manzanillo de Andrea Naranjo, quien es un apéndice político de ahora notario público y ex dirigente del PRI. ¿Por qué Morena tiene que cadidatear a ex priista cercanos a Rueda, así como otros que laboraron en una administración priista que, ellos mismos, califican de corrupto?
Es el absurdo total: decir que el gobierno del PRI es corrupto y acusar de una chiquimafia, cuando hace escasos cuatro años trabajabas para ellos. Esos que odian al PRI la verdad es que la tienen difícil, porque prácticamente no pueden votar esta elección.
Y es que Indira trabajó para Nacho y está llena de priistas cercanos a Rueda; Mely, aunque no trabajó para Nacho, la candidatea el PRI; Locho tiene más priistas que la campaña de Mely; Virgilio es un priista tapado y de clóset; Aurora pertenece a un partido que es satélite del PRI y forma parte de este gobierno por coalición; Evangelina está arropada por el ex priista Hernández Rosas y, Claudia Yáñez, la neta no pinta, quizá porque no tiene priistas.
Ante todo esto, aunque no le guste a Locho y saque sus encuestas patito, la gubernatura se define entre todos proyectos encabezados por dos mujeres: Mely e Indira. La gente que votó por Locho estará en la disyuntiva de tirar su voto a la basura, donde está Locho, o votar por la opción que le puede ganar a Morena. Eso se llama voto útil y será el clave en esta elección a gobernador.

24/04/2021

A través del programa La escuela es nuestra, en Colima se están construyendo planteles escolares que son inseguros y ponen en riesgo la vida de cientos de niños, de las zonas más marginales de las comunidades rurales, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento de la Delegación de Programas para el Desarrollo de Colima o de la misma Indira Vizcaíno, quien avaló escuelas parecidas a la del trágico Colegio Rébsamen.
En un reportaje publicado por el medio nacional Newsweek México, se documenta cómo en el 2020, cuando Indira Vizcaíno presidía la Delegación de Programas para el Desarrollo de Colima (DPDC) se construyeron o ampliaron planteles sin respetar las reglas de operación de este programa, uno de los más importantes del gobierno de López Obrador.
Indira Vizcaíno tenía la responsabilidad de vigilar que este programa, cuyo presupuesto fue superior a los 16 millones de pesos y se dispersó en 101 escuelas, se aplicara conforme a las reglas de operación.
Sin embargo, Indira estaba tan distraída haciendo campaña política, que incumplió con su función y puso en riesgo a la niñez más pobre del estado, pues muchas de estas escuelas se hicieron o modificaron en zonas rurales marginadas.
Presume mucho Indira de que es una buena servidora pública, pero este caso confirma que es negligente en su trabajo, porque incluso visitó estos planteles y no se percató de que estaban mal construidos.
El caso más emblemático es el de la escuela en el Sauz, Minatitlán, donde la misma Indira estuvo el año pasado, según eso constatando la aplicación del programa La escuela es nuestra. Distraída en su promoción personal, Indira no se dio cuenta de que estaba en una ladera, una zona donde está prohibido construir cualquier infraestructura educativa, sobre todo en un municipio como Minatitlán, donde los deslaves son recurrentes.
En un estado como Colima, donde se han registrado terremotos y cada año hay huracanes, es indispensable que las escuelas cumplan con la norma de infraestructura educativa. No pasó así en la mayoría de estas 101 escuelas, pues sólo 20 escuelas pidieron acompañamiento técnico por parte de la Secretaría de Educación.
De pasar una tragedia, como sucedió en el colegio Rébsamen, donde murieron aplastados 19 niñas y niños por una escuela mal construida, Indira Vizcaíno será la responsable. Era la encargada de aplicar los programas federales conforme a las reglas de operación y no lo hizo.
Indira no ha desmentido esta información publicada a nivel nacional. Con su silencio, la candidata a gobernadora de Morena es cómplice de una tragedia en potencia y le da la espalda a la niñez marginada de Colima, pues los padres de familia no tienen la culpa de no haber recibido el acompañamiento por parte de la delegación.
https://newsweekespanol.com/2021/04/rebsamen-receta-para-una-tragedia-escolar/?fbclid=IwAR3xAJlzy43StF5tTfdfINAaQVKN_lRBBJhJHAbvJG8XLMBY-DyM5ml3eaU

El programa La Escuela es Nuestra se aplica en Colima sin criterios técnicos de construcción y pone en riesgo la vida de estudiantes y docentes, coinciden especialistas. La misma gravedad podría replicarse a lo largo y ancho del país. DESDE el gobierno federal y la Delegación de Programas para ...

12/03/2021

Delfina Gómez, titular de la SEP a nivel federal, giró instrucciones para que directores, subdirectores y encargados de organismos desconcentrados de esta dependencia, entregaran a la brevedad un plan de recortes de personal.
Además de lo inhumano de correr personal en un momento de crisis económica y pandemia, esta determinación de la SEP pone en un predicamento al presidente, quien desde un inicio de su gobierno enarboló la bandera de la austeridad republicana o pobreza franciscana.
¿Por qué recurrir a más despidos y si ya, desde hace dos años, se implementa un modelo de austeridad? ¿O todo fue una farsa y Delfina Gómez así lo revela con esta determinación o, por otro lado, andan buscando de dónde más sacar dinero?
La pregunta es para qué. ¿Para qué quieren implementar esta medida draconiana, de despedir personal, si ya tienen aprobado un presupuesto 2021, cuyo recurso les permite operar debidamente todo este año?
Presupuestalmente no les falta dinero, al menos que necesiten más recursos para otras acciones al margen de las programadas en el presupuesto 2021; acciones o proyectos que no son prioritarios, porque lo verdaderamente importante –la educación--, ya tiene un gasto asignado.
Y si no es prioritario, si no tiene que ver con la educación, ¿entonces para qué quieren más dinero? ¿Para qué despiden a personal que tiene una función específica, importante, cuyo trabajo se presupuestó para este 2021?
Qué programas se van afectar con esta medida, con esta acción que lastima los derechos de trabajadores, particularmente a los de carrera profesional, esos que están ahí por mérito propio y no por una cuestión de partidos.
Esas son las acciones que emprende Morena y el presidente, y que ahora ratifica Delfina Gómez. Desaparecieron más de 500 programas y fondos, entre los que se incluían Prospera, Procampo, Fondo Metropolitano, Refugios para mujeres violentadas, Estancias infantiles para madres trabajadoras, y muchos otros más cuyos objetivos y metas beneficiaban a la población.
Ahora no se sabe, con exactitud, dónde está ese dinero, porque ciertamente no está en becas ni pensiones. Ese dinero ya estaba contemplado, incluso, en gobiernos anteriores, por más que lo resalta el presidente como su única acción valedora.
¿Dónde está el dinero y para qué lo quieren, si no se está destinando a estos rubros esenciales?

09/03/2021

Hoy México estuvo al pendiente de las manifestaciones en el palacio nacional. Días antes se puso un muro, que se transformó en una alegoría de la incapacidad de este gobierno para dialogar con quienes representan más del 50 por ciento de la población: las mujeres. Esas que han sido vejadas, asesinadas y violadas. El presidente fue apático a los feminicidios y a las voces de miles de mujeres que exigían un alto a la violencia, perpetrada desde las esferas del poder al empoderar a presuntos violadores como Félix Salgado Macedonio. ¿Cómo esperar que el gobierno actúe en contra de las violaciones, cuando el mismo presidente apoya sujetos acusados de violación? Los actos de vandalismo y destrucción son un llamado desesperado, el último recurso ante un gobierno indolente que no ha actuado para detener el incremento progresivo de feminicidios. Si las matan, las queman, las violan, las destazan, las descuartizan, las exhiben, a nuestras madres, hermana, hijas, cómo no estar con ellas, en su dolor, en su angustia ante un gobierno pasivo, indiferente a este dolor que quema, que hiere y lastima a México en lo más profundo. ¿Qué diferente hubiera sido que López Obrador saliera, dialogara, contribuyera a parar esta violencia feminicida? No salió. Se guareció en su muro de la ignominia y su mutismo. El presidente no tiene madre, porque si tuviera hubiera pensado en las cientos de miles de mujeres violentadas. En cada mujer violentada hubiera puesto el rosotro de su madre. Habría presentado, en todo caso, una propuesta, una iniciativa para garantizar el acceso a la justicia expedita, a que los casos de violencia doméstica no quedaran impunes. Vimos violencia, como el último recurso de las mujeres ante esta tragedia cotidiana. Y el que se dice el mejor presidente de la historia, el que el pueblo alaba, escondido detrás de granaderos, al igual que el gobierno solapa a violadores, hoy empoderados en esta cuarta transformación.

03/03/2021

La sensatez es una cualidad prácticamente extinguida en los políticos de hoy, en especial de quienes detentan el poder presidencial y el legislativo. La aprobación de la reforma a la ley de la industria eléctrica es un claro ejemplo de cómo se manda al diablo a la razón, en aras de perseguir quimeras ideológicas y sueños del pasado, de un ayer muy distante.

Todo el que tiene un poco de sentido común sabe que se tiene que apostar por las energías limpias, que den sustentabilidad energética y que cuesten menos, económica y ambientalmente. Para ya es el futuro, el mañana, hacia donde se tiene que dirigir nuestro país.

¿Pero qué hacen los legisladores de Morena? Aprueban una reforma a una ley que le da prioridad a las plantas de la CFE, sobre otras empresas que generan energías limpias, para que la paraestatal consuma más energías derivadas de la quema del combustóleo y carbón.

Esto no solamente va encarecer los precios, porque se dejará de comparar a los que venden energía más barata y sustentable, sino que incrementará los índices de contaminación en todas aquellas regiones donde se tengan termoeléctricas, como es el caso de Manzanillo.

¿Para qué aprobar una ley que encarecerá las tarifas de la luz –pues alguien tendrá que absorber este gasto, incluso cuando lo subsidie el gobierno--, que incrementará los índices de contaminación del aire y que generará pérdidas millonarias al estado mexicana en demandas, pues claramente viola tratados internacionales y la propia constitución?

No hay sensatez, sentido común, una lógica desde el presidente y mucho menos desde sus adláteres, en el congreso de la unión. Solo resta el poder judicial, cuyo objetivo fundamental es defender las disposiciones jurídicas que emanan de la carta magna, de nuestra constitución política.
En un sentido de dogmática jurídica, esta reforma a la ley de la industria eléctrica es anticonstitucional, pues una ley, cualquiera que sea su disposición, en tanto cuerpo de normas jurídicas, debe estar sustentada siempre en una disposición constitucional.
Y en este caso, para que las pretensiones presidenciales fueran efectivas, tendría que haber hecho una contrareforma constitucional que derogara la reforma energética de Peña Nieto. Pero para eso necesita las dos terceras parte de la cámara de diputados (333), mayoría que afortunadamente no tiene.

25/02/2021

Los legisladores de Morena y sus aliados del PT, dieron una muestra patente del servilismo que le profesan al presidente López Obrador, quien dijo, no le cambian ni una coma y así se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica: sin ninguna sola modificación, a pesar de que había más de 400 reservas a ley.

Esta cuarta transformación se parece mucho al priismo presidencial de finales de los ochentas, cuando la cámara de diputados estaba supeditada a los designios del poder ejecutivo. Sin diálogo y debate legislativo, lo que queda es la dictadura de las mayorías, las cuales imponen su voluntad en detrimento de la razón y bien colectivo.

Es previsible que esta ley, una vez aprobada en el senado, sea objeto de una controversia constitucional, pues la reforma energética –esa que tanto vilipendian—sigue vigente en la constitución.

En los hechos, la ley que aprobaron los diputados de Morena es una contrarreforma: quisieron modificar la ley porque todos los actos administrativos a favor de la CFE, violentaban la ley y por eso los perdían en los juicios: la reforma energética privilegia el uso de energías sustentables, más baratas y con menor daño al medio ambiente.

Por eso aprobaron este ley, en un intento por quitarle sustento jurídico a los amparos y recursos legales que las empresas interponían contra las decisiones de la Secretaría de Energía, cuyas acciones se encaminaron siempre a favorecer a la CFE.

Favorecer a la CFE sin importar que esto signifique encarecer los precios de las tarifas eléctricas que pagamos y sin importar que se perpetúen, en pleno 2021, el uso del carbón y el combustóleo, energéticos que tuvieron su boom en la primera mitad del siglo XIX

En el terreno legal, todas las empresas de energías alternativas le han ganado al gobierno de AMLO en este tema. Sin embargo, es sabido que de los 11 ministros tres están supeditados al presidente. Se necesitan ocho votos de los 11 ministros para declarar la inconstitucionalidad de una ley que, a todas luces, sólo favorecería a la paraestatal, en prejuicio del medio ambiente y los consumidores.

Más allá del intríngulis legal de este tema, lo preocupante es que el gobierno de AMLO parece no entender la necesidad imperiosa de transitar hacia modelos más sustentables de energía. Todos estamos de acuerdo en que México debe tener soberanía energética, pero no acosta del medio ambiente y el bolsillo de los consumidores.

24/02/2021

David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cedió a las presiones del presidente y reculó en su informe sobre el costo de 300 mil millones de pesos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. También se desdijo de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) se había resistido a la fiscalización.
Al presidente no le gustó este cálculo y aseguró que estaba mal la información y que él tenía otros datos. Acusó a la ASF de servirle a sus adversarios y de mal informar a la ciudadanía. Ante esto, el auditor reculó y reconoció inconsistencias en el cálculo de los costos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
A David Colmenares no le queda de otra que renunciar o, bien, que la Cámara de Diputados lo destituya, ya sea por incompetencia o, peor aún, por ceder a presiones y debilitar los contrapesos institucionales.
Mantenerse como titular de la ASF debilita a esta institución, fundamental para combatir la corrupción, pues del trabajo fiscalizador se sustancian los procesos de sanción administrativa o sanciones resarcitorias en casos de corrupción que dañan el erario público.
En ese sentido, Juan Manuel Portal, titular de la ASF entre 2010 al 2017, recordó que fue presionado por Javier Duarte y Rosario Robles cuando les auditó sus cuentas públicas del gobierno de Veracruz y en Sedesol y Sedatu, respectivamente, pero no reculó y sus irregularidades fueron comprobadas.
Al desdecir a sus propios auditores, David Colmenares desvirtúa el trabajo de fiscalización del primer año de gobierno de López Obrador, en el cual identificaron irregularidades por 67 mil millones de pesos.
Su trabajo fiscalizador pierde, así, credibilidad, lo que apremia su salida ante la incompetencia o, peor aún, la supeditación servil de una institución que ha sido clave en el combate a la corrupción durante más de 20 años y en la construcción de nuestra democracia.

23/02/2021

AMLO acusó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de “exagerar” y dar “mal los datos” del trabajo fiscalizador, cuyo resultado identificó más de 67 mil millones de pesos manejados de forma irregular en el 2019.

Ningún presidente, en el pasado, descalificó a la ASF, pues sabían que sería minar la misma confianza de las instituciones, lo que afectaría seriamente a nuestra democracia.

Pero a AMLO no le importa eso. Para él, la ASF miente. No lo hizo en el pasado, para identificar las irregularidades de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, cuando utilizaba esa misma información, desde la oposición, con fines electorales; en ese tiempo no condenó ni minimizó el trabajo fiscalizado de la ASF.

Sin embargo, el problema de fondo no es la actitud cada vez más infantil del presidente, al recurrir a subterfugios como el “yo tengo otros datos”, sino que no reconoce el problema: para él, simplemente, es impensable que en su gobierno exista la corrupción y se den irregularidades, desvíos de recursos, malversaciones de fondos, sobreprecios, fraudes, entre otras acciones que quebranten el erario público.

No obstante que la ASF tiene desde 1999 realizando un trabajo fiscalizador profesional, acorde con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas en inglés y emitidas por la INTOSAI; organización de la cual la ASF es miembro), el presidente lo desacredita.

Ni Fox, ni Calderón, ni tampoco Peña Nieto desvirtuaron el trabajo fiscalizador, mucho menos se “resistieron” a ser fiscalizados, como sucedió en la Secretaría de la Función Público, sino que coadyuvaron en los procesos de solventación para deslindar responsabilidades y que se aplicara lo conducente al derecho.

Así se combatía a la corrupción, pues con el trabajo fiscalizador de la ASF se fundamentaban legalmente las denuncias y se comenzaban los procesos legales para resarcir los daños al erario público.

Pero ahora estamos ante algo totalmente atípico, sin precedentes, pues el presidente descalifica al trabajo de la ASF. Asegura que exageran y que él presentará otros datos. ¿Cómo corregir los errores, las irregularidades, si no se reconocen? ¿Cómo castigar a los culpables de corrupción del presente, si para el presidente ya no existe la corrupción del gobierno?

Seguro continuarán los ataques a la ASF, como en su momento los recibió el INE, el INAI, y cualquier otro órgano autónomo o institución que ose criticar la verdad del presidente o llevarle la contraria.