25/07/2025
𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒊𝒓𝒕𝒊𝒐́ 𝒆𝒏 𝒇𝒓𝒂𝒖𝒅𝒆.
En enero del 2021 falleció A.L.A., dueña de una extensa propiedad en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, dentro de la que, hace varios años, se creó un fraccionamiento denominado La Esperanza II, avalado por el municipio y por el Gobierno del Estado sin que, previamente, la propietaria les otorgara la propiedad.
Actualmente, en dicho fraccionamiento viven varias familias que no pueden acreditar la propiedad de sus casas debido a que Gobierno del Estado únicamente les entregó actas de entrega-recepción y recibos de pago. En otras palabras, lo que suponía una compra segura a través de un programa público de vivienda se convirtió en un engaño, dando pie a un asentamiento humano irregular que, además, invade propiedad privada.
Esta situación irregular se ha prolongado por años y los "beneficiarios" han reclamado sus escrituras sin que Gobierno del Estado y el municipio asumieran su responsabilidad.
En el 2021 la administración municipal se ofreció a regularizar la situación, confiando la solución en la Dirección Jurídica Municipal, sin informar de manera precisa el camino que seguirían. Sin embargo, solicitaron documentos a los beneficiarios y, supuestamente, integraron los expedientes correspondientes. Al final, los beneficiarios volvieron a ser engañados pues concluyó la administración y la situación irregular continuó.
Al entrar en funciones la nueva administración municipal diversos habitantes de dicho fraccionamiento han acudido a la Presidencia para dar “continuidad” al procedimiento de regularización, señalando que les habían informado que ya solo faltaba que el municipio les escriturara y fue así como se descubrió un fraude procesal que ha agravado la situación.
Al investigar, se descubrió que en el 2021 el municipio demandó a A.L.A., una persona que para ese momento tendría casi 100 años de edad, que en realidad ya había fallecido y que, es sabido, no vivió en el municipio. No obstante, se omitió informar esta situación al juzgado y se realizó una notificación falsa, lo que derivó en la obtención de una sentencia favorable pero ILEGAL.
La actual administración ha entablado conversación con algunos posesionarios y con las personas que legalmente pueden resolver la situación y han manifestado su interés de colaborar. Sin embargo, será necesario corregir las irregularidades cometidas con anterioridad y que solo agravaron la situación.
Existe la amplia posibilidad de que el problema sea resuelto y que, por fin, se regularice el fraccionamiento pero es increíble que la Dirección Jurídica en la administración municipal anterior haya promovido un juicio fraudulento en contra de los propietarios y los propios "beneficiarios" de aquel programa de vivienda.
