02/09/2026
¿Cuándo una bomba deja de ser “violencia criminal” y empieza a llamarse terrorismo?
Lo ocurrido en Ojocaliente, Zacatecas, vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el Gobierno parece empeñado en resolver con palabras.
Desde el discurso oficial se insiste en que hechos de esta naturaleza no deben considerarse terrorismo porque detrás de ellos no existe una finalidad política o ideológica, sino intereses propios de grupos criminales.
Pero para la gente que vive las consecuencias, esa explicación difícilmente cambia algo.
Cuando se utilizan explosivos en un espacio público, se genera miedo entre la población, se dañan viviendas, hay personas heridas y además se pretende intimidar o presionar a las autoridades, la discusión deja de ser únicamente sobre cómo lo define la ley.
También tenemos que hablar de cómo lo vive la sociedad.
Porque una familia que escucha una explosión, ve sus ventanas destrozadas y teme por su vida difícilmente se pregunta primero cuál es la clasificación jurídica del ataque.
Se pregunta algo mucho más sencillo:
¿Hasta dónde hemos llegado?
El Gobierno puede discutir si jurídicamente corresponde llamarlo terrorismo, delincuencia organizada o violencia criminal. Esa discusión es válida y necesaria.
Lo que no debería ocurrir es que la discusión sobre el nombre termine minimizando la gravedad de los hechos.
Una bomba en una zona habitada no puede convertirse en algo cotidiano.
Y entonces queda una pregunta:
Si hechos como estos todavía no son suficientes para encender todas las alarmas, ¿qué tendría que suceder para hacerlo?
La realidad no se vuelve menos grave simplemente porque decidamos llamarla de otra manera.
