23/02/2026
22 de febrero de 2026.
La caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, señalado como uno de los líderes históricos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrió el dia de hoy, domingo 22 de febrero de 2026 en el municipio de Tapalpa y ha derivado en una de las jornadas más tensas en materia de seguridad en los últimos años. El saldo preliminar es de siete presuntos criminales mu***os, 21 bloqueos carreteros en distintos puntos de Jalisco y una alerta preventiva extendida a por lo menos seis estados del país.
Lo sucedido deja una escena que va más allá del operativo en sí. Resulta impensable que la neutralización de un solo líder criminal tenga como consecuencia inmediata un clima de miedo generalizado: carreteras cerradas, vías principales bloqueadas, incendios en establecimientos comerciales, viviendas atacadas y reportes de civiles asesinados. La reacción violenta exhibe el alcance territorial y la capacidad de movilización de la delincuencia organizada, al tiempo que coloca a las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad bajo una presión evidente.
El contexto no es menor. En 2022, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que la Secretaría de Marina logró ubicar al líder del CJNG en el municipio de El Grullo, tras seis meses de labores de inteligencia. Según esa versión, se solicitó autorización al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para ejecutar un operativo de fuerzas especiales que permitiera su captura. La autorización no fue concedida, bajo el argumento de evitar un escenario similar al de 2019 en Culiacán, cuando un operativo fallido derivó en violencia generalizada.
Por ello, resulta llamativo que, a menos de quince días de la entrada al país de elementos de fuerzas especiales estadounidenses autorizados por el Senado mexicano, se concrete el operativo que culmina con la muerte de uno de los capos más buscados. El hecho ocurre además en un momento de presión bilateral en materia de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido su postura frente a los cárteles mexicanos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta exigencias diplomáticas para mostrar resultados concretos contra el narcotráfico, incluyendo la entrega de decenas de presuntos integrantes de grupos criminales a autoridades estadounidenses.
El contraste también se observa frente a la narrativa sostenida durante el sexenio anterior bajo el lema “abrazos, no balazos”. El cambio hacia una acción directa que termina con la ejecución de uno de los líderes criminales más influyentes del país abre interrogantes sobre la evolución de la estrategia de seguridad y sus alcances reales.
Más allá de las lecturas políticas, lo inmediato es el impacto. Los bloqueos, incendios y ataques posteriores al operativo reflejan que la estructura operativa del grupo permanece activa. La caída de un líder no desmantela automáticamente una red que durante años consolidó presencia territorial, financiera y logística.
Diversos sectores han señalado que el golpe no debería limitarse a un hecho aislado, sino extenderse a la desarticulación completa de la red criminal, incluyendo posibles vínculos con funcionarios que, por acción u omisión, hayan permitido su fortalecimiento. La expectativa social apunta a que la acción no se quede en un solo nombre, sino que alcance a toda la estructura que lo sostuvo.
Mientras tanto, en distintas regiones se han reforzado operativos de seguridad y se recomienda a la población extremar precauciones, reducir traslados innecesarios y establecer protocolos familiares ante cualquier contingencia. Lo ocurrido este 22 de febrero no solo marca un episodio en la historia reciente del combate al narcotráfico, sino que deja al descubierto el nivel de vulnerabilidad que aún enfrenta el país cuando una sola figura criminal es capaz de detonar una reacción que paraliza regiones enteras.
-Jonathan Moises Piña Arellano
