28/07/2026
La detención de mandos policiacos en Mexicali no es un hecho aislado: una historia que se repite
La detención del exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro “N”, del excomandante Luis Alfonso “N” y de varios elementos activos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), acusados de delitos como desaparición de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa, representa uno de los golpes más importantes contra una corporación policial en Baja California durante los últimos años.
Sin embargo, este caso está lejos de ser un hecho inédito.
La historia reciente del estado demuestra que, una y otra vez, mandos policiacos han sido señalados, investigados o detenidos por presuntos vínculos con actividades criminales. Los cambios de administración suelen traer nuevos nombres, pero el problema parece mantenerse: la infiltración del crimen organizado y la falta de mecanismos eficaces para prevenir la corrupción dentro de las corporaciones.
La captura de un exdirector municipal también plantea una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió mientras ocupaba el cargo y quiénes permitieron que presuntamente operara de esa manera?
Pero la reflexión no debe quedarse únicamente en los exfuncionarios.
Si las investigaciones logran acreditar que existía una estructura criminal dentro de la corporación, también resulta indispensable revisar el actuar de los mandos actuales y de cualquier servidor público que pudiera estar involucrado en hechos similares. La aplicación de la ley no debe depender de si una persona ya dejó el cargo o continúa en funciones.
La Fiscalía General del Estado informó que la investigación permanece abierta, por lo que corresponderá a los tribunales determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados. Mientras tanto, prevalece la presunción de inocencia.
Más allá de este caso específico, Baja California enfrenta un desafío de fondo: recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de brindar seguridad.
Cada vez que un policía o un mando es detenido por presuntos delitos de alto impacto, no solo se investiga a una persona; también se cuestionan los controles internos, los procesos de supervisión y la capacidad de las instituciones para detectar y detener actos de corrupción antes de que causen un daño mayor.
La ciudadanía espera que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, sin importar el rango, el cargo o el momento en que ocurrieron los hechos. Si existen pruebas contra exfuncionarios, deben ser procesados. Y si las hay contra servidores públicos que hoy siguen en activo, el criterio debe ser exactamente el mismo: una investigación imparcial, respeto al debido proceso y, en caso de acreditarse responsabilidades, la aplicación de la ley sin excepciones.
Solo así podrá enviarse un mensaje claro de que nadie está por encima de la justicia.
