25/07/2026
HOMBRES DESPROTEGIDOS: CUANDO LA JUSTICIA SE DESEQUILIBRA EN NOMBRE DE LA PROTECCIÓN
El caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz reabre un debate que durante años ha sido incómodo para la sociedad mexicana: ¿qué ocurre cuando la legítima protección de las mujeres termina convirtiéndose en un sistema que, por acción u omisión, deja a los hombres en un estado de indefensión?
La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz y las declaraciones realizadas posteriormente por la magistrada Arely Reyes Terán han colocado nuevamente sobre la mesa una discusión que no puede ser ignorada ni silenciada por consignas ideológicas: la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley deben ser derechos universales, no privilegios condicionados al s**o de quien acusa o de quien es acusado.
Durante los últimos años, México ha construido un entramado legal e institucional destinado a combatir la violencia contra las mujeres. Esa lucha es legítima, necesaria e impostergable. Millones de mujeres han enfrentado violencia, discriminación y obstáculos reales para acceder a la justicia.
Pero proteger a las mujeres no puede significar desproteger a los hombres.
Y ahí es donde el sistema comienza a mostrar una peligrosa contradicción.
En el intento —en muchos casos legítimo— de corregir décadas de injusticias, las instituciones parecen haber caído en el riesgo de crear una justicia de dos velocidades: una que exige acreditar los hechos y otra que, en determinadas circunstancias, parece otorgar un valor automático a la acusación por el simple hecho de provenir de una mujer.
La denuncia debe ser escuchada. La víctima debe ser protegida. Pero escuchar una acusación no puede equivaler a darla automáticamente por cierta.
Una acusación no es una sentencia.
Una señalamiento no es una prueba.
Una sospecha no puede sustituir una investigación.
Y una campaña de desprestigio en redes sociales no puede convertirse en un tribunal paralelo capaz de destruir la reputación, la vida profesional, la estabilidad familiar y la dignidad de una persona antes de que exista una resolución judicial firme.
El caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ha generado indignación precisamente porque, más allá de las circunstancias particulares que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, pone en el centro una pregunta que muchos prefieren evitar: ¿qué mecanismos existen para proteger a una persona acusada cuando la sociedad, las redes sociales e incluso sectores del sistema institucional ya la han condenado antes de que concluya un proceso?
La presunción de inocencia no es una concesión para los hombres. Tampoco es un obstáculo para proteger a las mujeres. Es un principio fundamental de cualquier sistema de justicia que aspire a llamarse democrático.
El problema aparece cuando la perspectiva de género se interpreta de manera equivocada y termina convirtiéndose en una especie de presunción de culpabilidad para el hombre.
Eso también es una forma de desigualdad.
La igualdad no consiste en otorgar privilegios a un s**o para compensar los abusos cometidos históricamente contra otro. La verdadera igualdad consiste en que toda persona tenga derecho a ser escuchada, investigada y juzgada con base en pruebas, no en prejuicios, presiones mediáticas, etiquetas sociales o campañas de linchamiento digital.
Porque si una mujer acusa, debe ser protegida y escuchada.
¿Pero y cual es el castigo para quien acusa falsamente?
¿Qué Impune?
Pero si un hombre es acusado, también debe ser escuchado.
La justicia no puede tener una sola versión de la víctima.
Hoy existe un vacío preocupante para los hombres que son acusados falsamente o que enfrentan procesos en los que la presunción de inocencia parece quedar relegada frente a la presión social, mediática o institucional. Y no se trata de negar la violencia contra las mujeres. Se trata de reconocer que el abuso de la ley, la denuncia falsa, la manipulación de los procesos y el linchamiento público también pueden destruir vidas.
El hombre que es acusado injustamente no siempre encuentra una institución dispuesta a escuchar su versión.
Muchas veces, antes de que pueda defenderse, ya fue señalado.
Antes de que exista una sentencia, ya fue condenado.
Antes de que se conozcan todas las pruebas, ya perdió su trabajo, su reputación, sus relaciones y, en algunos casos, hasta el derecho social a ser considerado una persona inocente.
Y cuando alguien cuestiona este desequilibrio, inmediatamente es acusado de estar en contra de las mujeres.
Ese es otro error.
Defender el debido proceso no significa defender la violencia.
Defender la presunción de inocencia no significa atacar a las víctimas.
Exigir pruebas no significa negar la existencia de la violencia de género.
Significa defender la justicia.
Una sociedad verdaderamente igualitaria no puede construir derechos sobre la base de sustituir una injusticia por otra. No se puede corregir la discriminación histórica contra las mujeres creando, consciente o inconscientemente, un sistema en el que los hombres sean tratados como culpables desde el primer señalamiento.
La justicia debe proteger a la mujer que denuncia violencia.
Pero también debe proteger al hombre que es acusado injustamente.
Debe proteger a la víctima.
Y debe garantizar que nadie sea convertido en culpable sin una sentencia.
El caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz debe servir para abrir un debate serio, no para alimentar una guerra entre hombres y mujeres. La discusión no debe ser quién tiene más derechos. La discusión debe ser si las instituciones están cumpliendo con su obligación de garantizar justicia, igualdad y debido proceso para todos.
Porque cuando la protección se convierte en sobreprotección, la justicia pierde el equilibrio.
Y cuando la presunción de inocencia se vuelve selectiva, deja de ser justicia.
México no necesita una justicia para hombres y otra para mujeres.
Necesita una sola justicia.
Una justicia que escuche a las mujeres.
Una justicia que no abandone a los hombres.
Una justicia que investigue.
Una justicia que pruebe.
Una justicia que no condene antes de tiempo.
Porque el día en que una acusación pese más que una prueba, una campaña en redes sociales pese más que un proceso judicial y un prejuicio pese más que la verdad, ese día no habrá ganado la justicia.
Habrá perdido la sociedad.
