05/06/2025
HALCONAZO TAPATÍO: Impunidad, Memoria y Resistencia.
Guadalajara, Jalisco — 5 de junio de 2025
Cinco años han pasado desde el halconazo tapatío, como se conoce popularmente a la represión ocurrida los días 4, 5 y 6 de junio de 2020 en Guadalajara, cuando decenas de jóvenes que protestaban por la ejecución extrajudicial de Giovanni López fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales, golpes y tratos crueles. A pesar de las denuncias y la amplia evidencia, el caso se mantiene marcado por la impunidad y la resistencia del aparato estatal a asumir responsabilidades de fondo.
DE LA REPRESION AL SILENCIO INSTITUCIONAL
Los hechos ocurrieron en el marco de protestas pacíficas que buscaban justicia por Giovanni López, asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por presuntamente no portar cubrebocas. Las movilizaciones escalaron en indignación al descubrirse la brutalidad del crimen y la omisión del entonces gobernador, Enrique Alfaro, quien negó cualquier responsabilidad en los hechos y calificó las protestas de “infiltradas” y “orquestadas desde la Ciudad de México”.
Durante esos días, decenas de jóvenes fueron detenidos por civiles armados sin identificación, trasladados en camionetas sin placas y golpeados, algunos de ellos torturados y desaparecidos por varias horas. Las redes sociales y medios independientes documentaron testimonios, fotos y videos de los abusos, evidenciando un patrón de represión coordinada por fuerzas estatales.
INVESTIGACIÓN Y CARPETAZO OFICIAL
Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco limitó la investigación al delito de abuso de autoridad, excluyendo cargos más severos como tortura y desaparición forzada. Cuatro agentes fueron vinculados al proceso, pero tras llegar a un acuerdo con 16 víctimas (que incluyó disculpas públicas y un pago total de 293 mil pesos por “reparación del daño”) se les otorgó una suspensión condicional del proceso, librándolos de toda sanción penal.
Las propias víctimas, desilusionadas por la ineficacia de la Fiscalía, reconocieron que aceptar el acuerdo fue una forma de evitar más simulación institucional. “Continuar con el proceso solo abonaría a la impunidad”, declararon algunas de ellas en entrevistas con medios independientes como ZonaDocs y UDGTV.
RECOMENDACION CNDH
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 82/2021 al Gobierno de Jalisco, documentando detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y la responsabilidad directa de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Estatal. Se solicitó una disculpa pública formal, la reparación integral del daño y la no repetición.
Lejos de asumir las observaciones, el gobierno estatal calificó la recomendación de “golpeteo político”. Enrique Alfaro argumentó que ya se había disculpado “a su manera” en junio de 2020, negándose a realizar cualquier otro gesto institucional o reconocimiento del abuso sistemático.
LA LUCHA POR LA MEMORIA.
En junio de 2023, a tres años de los hechos, colectivos ciudadanos instalaron un antimonumento en la Plaza Imelda Virgen de Guadalajara con la inscripción: “Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”. Esa misma noche, el gobierno estatal, en coordinación con el municipio, ordenó su remoción. “Está prohibido poner eso”, declaró Alfaro, confirmando públicamente su retiro.
Tras una batalla legal impulsada por colectivos de derechos humanos, un juez federal ordenó la reinstalación del antimonumento. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) avaló que su colocación no infringía ninguna norma de conservación del patrimonio. El Ayuntamiento de Guadalajara acató la orden solo tras presión judicial.
Hoy, a cinco años de aquella represión, no hay una sola sentencia condenatoria firme, ni funcionarios de alto rango sancionados. El caso representa una herida abierta en la historia contemporánea de Jalisco y un símbolo de la resistencia civil frente al autoritarismo. Los responsables políticos y operativos siguen impunes, mientras la sociedad civil mantiene viva la memoria.
Víctimas y colectivos que año con año marchan, recuerdan y denuncian, que aunque le hayan dado carpetazo institucional, el expediente sigue abierto en la conciencia colectiva.