21/03/2026
El arte de repartir poder
Entre plazas, silencios y lealtades, el Congreso vive una disputa que va más allá de lo laboral
En el Congreso del Estado no todo se vota.
Algunas cosas simplemente se reparten.
Y entre ellas, las plazas.
El tema no es nuevo, pero rara vez se discute en voz alta. Durante años, el manejo de los espacios laborales dentro del Poder Legislativo ha operado bajo una lógica que combina discreción, acuerdos políticos y una dosis considerable de conveniencia.
Dicho en términos menos elegantes: aquí no siempre entra el más capacitado… entra el mejor acomodado.
El sistema tiene rostro, aunque no siempre protagonismo, Eduardo Lomelí, secretario general del Congreso, es, en los hechos, uno de los principales operadores de esa estructura. No legisla ni debate en tribuna, pero su margen de maniobra administrativa le permite influir en algo más valioso que cualquier discurso: la asignación de plazas.
Y en política, quien reparte posiciones, reparte poder.
Las versiones coinciden en un punto: las plazas no se mueven solas.
Se asignan bajo criterios que no siempre pasan por el mérito o la necesidad institucional. Más bien responden a una lógica política donde pesan la cercanía, la confianza y, en muchos casos, la utilidad.
Porque una plaza no es solo un empleo.
Es una señal.
Un compromiso.
Un acuerdo tácito.
En ese contexto, el dato relevante no es menor: alrededor de 90 plazas en juego.
Noventa espacios que representan no solo oportunidades laborales, sino capacidad de control, negociación y construcción de lealtades.
Pero todo sistema, por más funcional que parezca, tiene un punto de tensión.
Y ese punto apareció cuando alguien decidió hacer una pregunta incómoda.
César Iñiguez, dirigente sindical, no irrumpió con discursos grandilocuentes ni promesas de transformación. Lo suyo fue más simple —y por lo mismo más peligroso—:
poner sobre la mesa la necesidad de ordenar el sistema.
Movilidad laboral.
Respeto al escalafón.
Condiciones más equitativas.
Nada revolucionario en el papel.
Pero profundamente disruptivo en la práctica.
Porque en un entorno donde el reparto ha sido históricamente discrecional, introducir reglas equivale a alterar equilibrios.
Y los equilibrios, en política, no se tocan sin consecuencias.
El episodio del programa de movilidad laboral lo ilustra con claridad. Lo que parecía un intento técnico de reorganización terminó por activar resistencias internas.
Puertas que se cerraron.
Posturas que se endurecieron.
Y, casi de inmediato, una narrativa que desplazó el foco: del sistema… a la persona.
Nada extraordinario.
Cuando el fondo incomoda, la forma se vuelve protagonista.
Así, el debate público comenzó a girar en torno a señalamientos específicos, mientras el tema central —la discrecionalidad en el manejo de plazas— quedaba convenientemente diluido.
Una estrategia conocida.
Eficaz.
Y, sobre todo, recurrente.
Mientras tanto, la base trabajadora observa.
No desde la tribuna, sino desde la rutina.
Ahí donde los salarios no alcanzan, pero las responsabilidades sí.
Ahí donde el mérito existe… aunque rara vez sea determinante.
El conflicto, entonces, no es menor.
No se trata de un diferendo sindical ni de una disputa personal.
Es, en esencia, una confrontación entre dos formas de operar: una que mantiene el control a través de la discrecionalidad y otra que intenta introducir criterios más claros, aunque todavía sin consolidarse
En ese escenario, el papel de Eduardo Lomelí resulta central. No por lo que declara, sino por lo que administra. Porque en estructuras como esta, el poder no siempre se exhibe… pero se ejerce.
Y se ejerce, entre otras cosas, decidiendo quién entra y quién no.
Del otro lado, César Iñiguez representa, con matices, la incomodidad del sistema. No necesariamente por la forma, sino por el fondo: cuestionar un mecanismo que durante años funcionó sin demasiada exposición.
La reacción no debería sorprender.
En política, cambiar las reglas del juego siempre genera resistencia.
Y cuando esas reglas tocan intereses, la resistencia se convierte en estrategia.
La pregunta, al final, no es si existen irregularidades.
La pregunta es más estructural: ¿puede el Congreso transitar hacia un esquema menos discrecional… o seguirá operando bajo acuerdos que pocos conocen y muchos padecen?
Porque mientras esa respuesta no se defina, la vida interna del Legislativo seguirá teniendo dos planos:
el visible…
y el que realmente importa.
Y en ese segundo plano,
las plazas no se concursan.
Se conceden.
