19/03/2026
EL CINISMO INSTITUCIONAL TIENE DIRECCIÓN: CASA DE GESTIÓN DE MÁRQUEZ RÍOS
✍️ Edgardo López Robles
||■ Columna Política
Querido lector:
Lo ocurrido recientemente en la casa de gestión del diputado local Miguel Márquez Ríos, acompañado de la delegada de la Secretaría de Bienestar Estatal Oliva Lecona Santos y del delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Ernesto Pámanes, no admite lecturas ingenuas.
El diputado por el distrito de Huauchinango —que no forma parte del Ejecutivo ni tiene atribuciones operativas sobre programas sociales— no solo estuvo presente en una mesa de recepción de solicitudes. Según su propia publicación, “llevamos a cabo la mesa de recepción”. No acompañó: operó, organizó, encabezó.
No se trata únicamente de quién estuvo, sino de dónde ocurrió: desde la casa de gestión del propio diputado. Es decir, un espacio político convertido en ventanilla pública. Cuando el acceso a programas del Estado se procesa desde la oficina de un político, el mensaje es inequívoco: el ciudadano no llega al gobierno, llega al intermediario. Eso no es menor. Es regresión institucional.
Primero, porque rompe la imparcialidad, distorsiona los criterios de acceso y reinstala una práctica que el propio discurso oficial prometió erradicar: los políticos como filtro de los apoyos públicos. Segundo, porque desdibuja responsabilidades. Si la ventanilla opera en una oficina política, ¿quién responde por los criterios de recepción?, ¿bajo qué reglas?, ¿con qué controles? Tercero, porque reinstala —otra vez— la lógica más persistente del sistema político mexicano: la del gestor como filtro, no como representante.
Pero aquí ya no estamos solo ante una discusión ética o política. Hay, en términos estrictos, hechos susceptibles de análisis en el ámbito de responsabilidades administrativas y, eventualmente, electoral.
Para los funcionarios del Ejecutivo que participaron, el traslado de funciones institucionales a un espacio ajeno a la estructura formal del Estado podría encuadrar en responsabilidades administrativas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente en lo relativo al ejercicio indebido de funciones o al uso de recursos públicos fuera de los fines institucionales.
Adicionalmente, su participación en un acto desarrollado en un espacio con identificación política debe analizarse a la luz del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y sin influir en la equidad de la competencia política, así como la prohibición de promoción personalizada de los servidores públicos mediante el uso de programas o acciones de gobierno.
En el caso del diputado, el problema escala. Al asumirse como parte activa —“llevamos a cabo”— introduce un elemento jurídicamente relevante: no por la gestión en sí misma, sino por la forma en que esta se realiza, al involucrarse directamente en la recepción y canalización de solicitudes de programas públicos en un espacio de carácter político, lo que desdibuja la frontera entre representación y operación administrativa.
A ello se suma un componente particularmente sensible: la eventual promoción personalizada. La utilización de nombre, imagen o posicionamiento político en actos vinculados a programas públicos es susceptible de análisis en materia electoral, conforme a los criterios derivados del propio artículo 134 constitucional y la normativa aplicable. Nada de lo anterior es conclusión automática, pero tampoco irrelevante.
Se trata, en sentido estricto, de hechos que ameritan revisión por las autoridades competentes. Durante años, el discurso político impulsado por Andrés Manuel López Obrador estableció un principio claro: los programas públicos deben operar sin intermediarios políticos. Sin gestores, sin estructuras paralelas, sin filtros informales.
Porque en regiones como Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, el dato político no es menor: aunque el legislador milita formalmente en el Verde Ecologista de México, opera territorialmente bajo la narrativa de la Cuarta Transformación. No se presenta como actor aislado, sino como parte de un proyecto.
Si en los hechos actúa bajo ese paraguas, entonces la responsabilidad política alcanza directamente a Morena en el estado.
El contraste también alcanza al Ejecutivo.
Para el gobernador Alejandro Armenta Mier, permitir que funciones institucionales se desplacen hacia espacios políticos no es un asunto de forma: es una señal de relajamiento en los controles del propio gobierno. La evidencia no proviene de adversarios. Proviene del propio diputado: publicación, imágenes, narrativa. Todo expuesto sin matices.
Y quizá ahí está lo más revelador. No es que no sepan que cruzan una línea. Es que esa línea, en los hechos, dejó de existir. La pregunta ya no es jurídica. Es política en el sentido más estricto: ¿quién se hace responsable cuando el Estado empieza a operar desde la casa del político?
Porque cuando el Estado se acerca demasiado a la casa del político, deja de ser Estado.
Y cuando eso ocurre, lo que se reparte ya no son apoyos:
es cinismo institucional.
Y mientras eso ocurra, la promesa de acabar con los intermediarios seguirá siendo eso: una promesa.
¡Nos leemos en la próxima edición!
